A contramano de lo que expresó públicamente hasta el momento, el Ministerio de Economía elevó un informe a Presidencia de la Nación en el que recomienda subir el mínimo no imponible de Ganancias sobre los trabajadores en relación de dependencia. Aún no se dieron a conocer los detalles del cambio propuesto por la cartera que comanda Felisa Miceli, pero oficiosamente se supo que las modificaciones en ciernes podrían redondear un incremento superior al 20 por ciento en la base que se toma para tributar, de 1835 pesos para un soltero y 2235 para el jefe de una familia tipo, y serían puestas en vigencia desde abril. Aun en este caso, se estaría lejos de retrotraer la situación al momento en el que la Alianza aplicó un impuestazo que, entre otras consecuencias, incluyó en el universo de gravados a muchos empleados hasta ese momento liberados de esta carga. La envergadura política del tema habilitó la participación del ministro de Planificación, Julio De Vido, quien comenzó a discutir la cuestión con el líder cegetista, Hugo Moyano.

La fórmula oficial incluiría un mix de medidas: desde subir aquellas bases –al punto de que la de un trabajador soltero se equipare a la que hoy está vigente para uno casado– a reformular, al mismo tiempo, el régimen de deducciones, aquellas cargas o gastos que se utilizan para calcular el piso salarial sujeto al impuesto. Quizá también se corrija la pauta por la cual cuanto mayor es el sueldo, mayor la alícuota del impuesto y menor los montos que se pueden deducir, algo que habría desalentado a algunos núcleos de trabajadores a percibir mejoras de sueldos en blanco para que no aumente su contribución.

En el mismo tema ya había estado trabajando Roberto Lavagna y en agosto de 2005 la Dirección de Investigaciones y Análisis Fiscal ya había redactado un informe en el que precisaba el impacto fiscal de las posibles modificaciones a este tributo, algo que debe hacerse por ley y antes de abril, fecha correspondiente al vencimiento anual. En la Ley de Presupuesto hay una indicación precisa en este sentido: los legisladores dieron 120 días de plazo al Poder Ejecutivo para subir aquella base, plazo que expira los primeros días de mayo.

Razones políticas y argumentos técnicos para estos cambios no faltan. A pesar de las transformaciones económicas drásticas que ocurrieron desde el 2000, nada cambió para la cuarta categoría (trabajadores en relación de dependencia). Entonces, la Alianza redujo la base salarial sujeta al gravamen, llevándola a 2235 pesos por mes (26.820 anuales) para un empleado casado con dos hijos.

Un criterio para corregir esa situación podría ser ajustar aquella base por inflación. De esta manera, sólo tributarían los jefes de familia que ganen por encima de los 3750 pesos por mes, un 74 por ciento por encima del piso actual. Otro camino posible sería retrotraer todo a la situación previa a los cambios impositivos ordenados por José Luis Machinea, algo que podría costarle al fisco casi 600 millones de pesos anuales por la pérdida de recaudación.

La presunta imposibilidad de afrontar esa pérdida fue la razón invocada hasta ahora por Economía para negarse a admitir una modificación de Ganancias sobre la cuarta categoría, a pesar de que no mantener el statu quo no tiene mucho sustento político. Pero ese temor se relativiza frente a las alternativas para compensar ese bajón que sugieren los especialistas tributarios, algunos de ellos frecuentadores de los despachos oficiales. Antonio Figueroa, técnico próximo a Lavagna, apunta que, sólo con aplicar una alícuota del 10 por ciento sobre los dividendos distribuidos por las sociedades anónimas, las arcas públicas podrían reforzarse con 400 millones de pesos adicionales. Del mismo modo, Horacio Casabé recuerda que está exenta de Ganancias la compraventa de acciones o la renta financiera. Sin embargo, aplicar el impuesto sobre la nómina salarial resulta mucho más seguro a la hora de recaudar.

La sensibilidad política del tema hizo que decidiera tomar cartas en el asunto De Vido, técnicamente ajeno al tema. El ministro de Planificación tratará de entenderse con Moyano sobre esta cuestión que posiblemente conduzca a otra debilidad del esquema tributario actual, cara a los trabajadores y a la pauperizada clase media: el magro piso para comenzar a pagar Bienes Personales, anclado en 102.300 pesos desde antes de la devaluación.