Mientras a instancias del Ministerio de Planificación el Estado se dispone nuevamente a impugnar un balance de Aerolíneas Argentinas, la empresa retiró de la mesa de negociación con los dos gremios en conflicto a su principal interlocutor, el español Gerardo Díaz Ferrán, e hizo saber que dejará de pagar una suma no remunerativa que abonaba desde diciembre. La decisión, fundada en el estancamiento de las negociaciones con pilotos y mecánicos, podría ser el disparador de una medida de fuerza que paralice a la aerolínea que domina más del 80 por ciento del mercado. Pero, por esta misma razón, los sindicatos interpretan el gesto patronal como una presión dirigida al Gobierno para que agilice el decreto en ciernes que le permitirá aumentar las tarifas y gozar de una serie de beneficios fiscales.

Díaz Ferrán es uno de los socios de Marsans, el accionista privado de la empresa, que en el 2001 sucedió a la estatal SEPI. El directivo hizo varios vuelos desde Madrid a Buenos Aires para discutir mano a mano con los gremios una solución al conflicto salarial de vieja data. El último encuentro tuvo lugar el viernes en el Ministerio de Trabajo, donde la empresa ratificó su propuesta de ajuste del 19 por ciento, más el mantenimiento de una suma no remunerativa que oscila entre 1000 y 450 pesos según la categoría del trabajador.

La propuesta no sólo está lejos del incremento reclamado por pilotos y técnicos sino que deja afuera una serie de cuestiones convencionales que a ellos le interesan, incluyendo algún reaseguro de que no habrá una migración de vuelos de Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima (ARSA) hacia Austral, otra empresa del mismo grupo pero en la que los trabajadores y el Estado no tienen ninguna participación. A pesar de esta brecha entre las posiciones, las partes acordaron mediante acta seguir negociando el miércoles, en un encuentro cuya calidad ahora queda en dudas.

“Los sindicalistas prefieren rechazar todo tipo de acuerdo y no llegar a ningún resultado positivo: siguen apostando por la desestabilización de la compañía y la posibilidad remota de que el Estado vuelva a tomar el control de la aérea”, afirmaron ayer los voceros de la empresa, explicando en un comunicado que los sindicatos en conflicto se quedarían de ahora en más “sin interlocutor válido”.

Este hecho, sumado al anuncio de que suspenderán desde abril el pago de una suma no remunerativa que la empresa otorgó para allanar el camino hacia un acuerdo definitivo y al riesgo de que se suprima el presentismo a quienes adhirieron a la última medida de fuerza podría encender la mecha de un nuevo paro, promovido por la molestia de las bases más que por la estrategia de la conducción sindical.

“Ellos están buscando algún tipo de reacción”, se agita Juan Pappalardo, titular de los técnicos, nucleados en APTA. “Quizás para justificar una purga de personal porque la empresa está en colapso económico financiero: no vuelan a ningún nuevo destino prometido, como Estambul o Grecia, y los aviones que renovaron sólo lo hicieron a través de leasing que, encima, tienen impagos. El problema es que tienen dentro del gobierno a Alberto Fernández, que defiende a una empresa dirigida por delincuentes. Otra cosa es (Julio) De Vido.”

La señalada empatía con el ministro de Planificación tiene su fundamento. El ministerio impugnó sistemáticamente todos los balances de esta gestión y se dispone a hacer lo propio con el que corresponde al período 2005, bajo la imputación de que el directorio de ARSA desvió cientos de millones de dólares que le dio la SEPI para la cancelación de pasivos de Aerolíneas, que no cumplió con el plan industrial diseñado en el 2001 y que transfirió activos hacia otras empresas vinculadas (entre ellas Austral), con el consiguiente daño a ARSA.

Esta tensión entre la empresa y el Gobierno no habría invalidado la redacción de un decreto para todo el sector aerocomercial que Néstor Kirchner tiene a la firma, y que autorizaría una modificación del 20 por ciento en el tope superior de la banda tarifaria y algunos beneficios fiscales, como la eximición del IVA sobre los leasing de aviones y compra de combustibles, entre otros rubros.

Pero a pesar de los buenos oficios de la Jefatura de Gabinete, la norma aún no vio la luz. Tampoco fueron suficientes los esfuerzos de Carlos Tomada para clausurar el conflicto con un sector de los trabajadores que reclaman recomposiciones salariales por encima del 40 por ciento, lejos de lo que le ofrece la empresa. “Se enfrenta con los pedidos del Gobierno de que los aumentos salariales no sobrepasen el 19 por ciento”, ironizó ayer la empresa, para cuya conducción la falta de acuerdo tiene una consecuencia inmediata: suspender la renovación de flota y expansión de negocios aéreos. Un claro llamado de atención al Gobierno para que intervenga a su favor, deponiendo la visible inquina de Planificación.