La decisión de Evo Morales de nacionalizar los hidrocarburos significa un vuelco de 180 grados en la relación del Estado boliviano con sus recursos naturales. De ahora en más, las empresas privadas –poderosas multinacionales– dejarán de ser concesionarias de las diferentes áreas gasíferas y petroleras para convertirse en simples contratistas. De ahora en más, operarán bajo la orden del Estado boliviano y se limitarán a cobrar una comisión por el servicio que cumplan. Eso es lo que dispone el durísimo decreto firmado por Morales.

El presidente boliviano eligió el Día de los Trabajadores para cambiar el mapa de la fabulosa renta petrolera de su país. Ahora las compañías dispondrán de 180 días para evaluar si aceptan la decisión o si le dan la espalda y abandonan sus operaciones en Bolivia. Repsol YPF y la brasileña Petrobras, ambas instaladas en Bolivia y con fuertes intereses en la Argentina, tuvieron su primera reacción ayer, a pesar del feriado. La cuestión involucró al propio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que decidió convocar de urgencia a su gabinete para esta mañana.

El anuncio de ayer del gobierno boliviano profundizó la decisión conocida apenas asumió, cuando registró como suyas las reservas de gas natural y prometió una nueva ley de hidrocarburos. La medida ahora oficializada implica que el Estado boliviano tendrá la exclusiva decisión de definir el volumen de extracción de hidrocarburos de su subsuelo, a quiénes se vende el combustible y el precio de venta.

Hasta el momento eran las empresas privadas las que definían esas cuestiones estratégicas. Y se daba el hecho de que, por ejemplo, Andina –de la que participa Repsol– arreglara las condiciones de venta con la filial de la española en la Argentina.

En este sentido, uno de los efectos de la medida será el aumento en el precio de gas que la Argentina le compra a Bolivia. La cuestión ya había empezado a analizarse entre ambos gobiernos, pero la nacionalización de los hidrocarburos acelerará ese proceso. En la actualidad, la Argentina paga por el gas boliviano un precio “solidario”, de aproximadamente 3 dólares por millón de BTU, que es la unidad de medida. Algunos especialistas afirman que ese valor saltará por lo menos en uno o dos dólares cuando se defina el ajuste. En la Casa Rosada sostienen que ese incremento no tendrá impacto en las facturas de los usuarios residenciales, ya que la Argentina importa de Bolivia apenas el 5 por ciento del consumo interno.

Desde el punto de vista estratégico, la iniciativa de Morales se puede comparar con la situación en la Argentina previa a la privatización de YPF. Por entonces, el Estado era dueño de los recursos e YPF el administrador que a lo sumo firmaba contratos de concesión. Las empresas privadas, en ese marco jurídico, extraían hidrocarburos por cuenta y orden de YPF. Gustavo Calleja, del Grupo Moreno, recordó, en diálogo con este diario, que el gobierno de Arturo Illia también tomó las áreas petroleras por decreto en el año 1963. “Ahora el único país que tiene concesionado el petróleo es la Argentina. Nadie más en el mundo”, acusó Calleja.

Las primeras estimaciones sugieren que Bolivia podrá incrementar la recaudación por sus recursos naturales de 460 millones a 780 millones de dólares anuales. Las empresas que produzcan más de 100 millones de pies cúbicos diarios embolsarán sólo el 18 por ciento de la producción. El resto será para el Estado. Aquellas que produzcan menos de ese nivel se repartirán los recursos en partes iguales con el Estado. Las empresas privadas sólo se ocuparán de las cuestiones administrativas, recalcó Morales, y entregarán la totalidad de su producción al Estado.

Desde Madrid, a última hora, voceros de Repsol YPF dejaron trascender que la compañía está dispuesta a abrir un canal de diálogo con Morales. Y consideraron que la clave serán los próximos seis meses: si se trata de “un golpe de efecto populista o de una medida de fuerza real contra las empresas”. “No es lo mismo que los militares bolivianos estén controlandolos accesos a las plantas productoras a que sean ellos los que aprieten, u ordenen apretar los botones”, señalaron desde las oficinas centrales de Repsol.

Desde Brasil fueron duros con Morales. El ministro de Energía, Silas Rondeau, calificó la novedad como “un gesto no amistoso” por parte de Bolivia. El presidente Lula, por su parte, convocó a una reunión urgente de sus ministros para esta mañana. Hay que recordar que Brasil importa el 60 por ciento de su consumo de gas desde Bolivia, a través de un gasoducto operado por Petrobras, otra de las compañías afectadas por el decreto de Morales. “El decreto altera las condiciones regulatorias. Se adoptarán todas las medidas a que haya lugar (...) para garantizar el suministro de gas en el mercado brasileño”, aseguró anoche Petrobras a través de un comunicado. La empresa es la extranjera con mayor presencia en Bolivia.