En las oficinas de algunas privatizadas, la Navidad estimula cierta expectativa: se presume que en los intervalos que dejan los días festivos, Néstor Kirchner firmaría el decreto que avala la renegociación del contrato de las distribuidoras eléctricas, habilitándolas a aplicar de inmediato un ajuste de tarifas sobre usuarios no residenciales y fijando como nueva fecha para una revisión integral el 2008, después de las elecciones. Aun en este caso, al Gobierno le quedarían pendientes otras decisiones urticantes, como autorizar los demorados ajustes en el gas domiciliario que distribuye Gas Natural Ban, dispuesto por un acuerdo que tiene incluso la rúbrica presidencial pero que una decisión política dejó en el freezer. También quedará pendiente el ajuste de tarifas para Camu-zzi Gas Pampeana que, por ahora, sólo obtuvo aprobación por acta acuerdo para su aplicación a usuarios no residenciales.

En la Cumbre Iberoamericana de Uruguay, el Presidente le habría prometido a su par español, José Luis Rodríguez Zapatero, que habría una decisión “inminente” para recomponer los ingresos de las españolas Endesa (principal accionista de Edesur) y de Gas Natural (principal de la homónima local). La promesa no tuvo fecha cierta, pero alentó la esperanza empresaria de que sería cuestión de días. Edenor y Edesur, hoy en la mira de la opinión pública por los recientes apagones, tienen acuerdos renegociados que permiten un ajuste del 15 por ciento en el precio de provisión a los consumidores no residenciales. El acuerdo transitorio debería haber entrado en vigencia el 1° de noviembre del 2005, pero la rúbrica presidencial se hizo esperar y dejó en suspenso no sólo esa nueva versión contractual, sino la prometida revisión tarifaria integral, en la que indefectiblemente estarían involucrados los usuarios residenciales.

Según los cálculos de Edenor, ese acuerdo transitorio le habría permitido recaudar 150 millones de pesos adicionales en el año, presuntamente vitales para mejorar el estado de la sobreexigida red. En la empresa que comanda Alejandro Mac Farlane se lamentan de que si no se “sinceran” las tarifas, no es posible aumentar el techo de 200 millones de pesos de inversiones ejecutadas en este año, claramente insuficientes para atender las necesidades de las distribución.

Otro freno más contundente aún fue el que se aplicó al remozado contrato de Gas Natural Ban, el primero que autorizó de una sola vez incrementos en todos los segmentos de usuarios, incluidos los domicilios, con un ajuste del 7 por ciento promedio. El 10 de abril se promulgó el decreto que avaló ese acuerdo, pero el Enargas nunca publicó los nuevos cuadros tarifarios, condición para modificar los precios. La empresa se aferró a la promesa oficial poco precisa de que tendría alguna “compensación” por semejante demora, a través de un mecanismo aún no precisado.

La pereza oficial para autorizar esos incrementos tarifarios es sólo un capítulo de la agenda pendiente. A cinco años de vigencia de la emergencia económica, un tercio de los contratos de empresas privatizadas no tiene respaldo del Congreso. La oposición parlamentaria destaca esa demora entre otras presuntas falencias, incluida la confusa retroactividad: “No es uniforme el momento a partir del cual se comienza a cobrar el aumento”, recrimina el senador Gerardo Morales, titular de la UCR.