“No hay crisis energética”, insistió ayer el Gobierno, a través del subsecretario de Energía Eléctrica, Bautista Marcheschi. Pero, por las dudas, a través de una resolución publicada ayer en el Boletín Oficial habilitó a todas las distribuidoras que operan a nivel provincial y municipal a poner a disposición del sistema unificado nacional toda la electricidad excedente, aunque se origine en generadoras no habilitadas para operar con el despacho nacional unificado. Con esta norma se busca poner en disponibilidad un número desconocido de máquinas de generación de muy baja eficiencia y, muchas de ellas, actualmente en desuso por obsoletas. De esta forma, el sistema podría contar con una oferta adicional, pero a muy alto costo, para los días de alta demanda que se vienen durante el verano.

El subsecretario Marcheschi reiteró ayer el concepto que el Gobierno intenta imponer a sangre y fuego, contra toda evidencia en contrario. “No hay crisis de energía”, y cualquier inconveniente que se registre en el suministro, como viene sucediendo cada vez que la temperatura pasa de 32 grados en el área metropolitana, se debe a “problemas puntuales y recurrentes por altas temperaturas; en ese caso, hay que recurrir a las distribuidoras, porque ellas son los que tienen que arreglar el tema”, afirmó el funcionario. En efecto, las últimas interrupciones de servicio en Capital Federal y el conurbano obedecieron a fallas en la distribución, por incapacidad de las líneas de baja o media tensión. Pero hay otro eslabón débil de la cadena: la generación, que se estima que podría quedar rebasada por la demanda de verano.

Este último riesgo es que el se apunta a prevenir con la resolución 1278 de Energía publicada ayer. En sus considerandos, plantea que “el crecimiento sostenido de la demanda de energía resultante de la recuperación de la economía (...) hace imprescindible adoptar de inmediato ciertas medidas tendientes a incrementar la oferta eléctrica en el corto plazo”. En virtud de ello, habilita transitoriamente a Cammesa (administradora del mercado mayorista eléctrico) a requerir la operación de aquellas unidades de generación que se encuentren en el ámbito de los distribuidores de jurisdicción provincial y/o municipal, no habilitados actualmente para operar en el despacho nacional.

Se trata, en general, de máquinas de muy bajo rendimiento, anteriormente pertenecientes a Agua y Energía y, en la actualidad, en poder de FATLyF (sindicato del sector convertido en holding de la mano de las privatizaciones) o de organismos provinciales. Dichas máquinas no están registradas entre las disponibles para el despacho nacional por su ineficiencia ni suelen ser utilizadas en sus respectivas jurisdicciones. Las distribuidoras locales prefieren comprar la energía al sistema unificado en vez de generar su propia energía. Ahora, su puesta en disponibilidad indica el grado de emergencia y la necesidad de echar mano hasta al último recurso existente.

Según establece el artículo 3º de la resolución, la remuneración que recibirán estas máquinas adicionales que se incorporen será equivalente “al de otras máquinas similares que operen en el mercado eléctrico mayorista (MEM)” o bien en función de su costo variable de producción. Es decir, quedan afuera del sistema vigente para el MEM, según el cual la máquina más cara (la que define el costo marginal) es la que le fija el precio al resto. Así se evitó que el ingreso de máquinas muy obsoletas eleve el precio de todo el sistema en forma incalculable.