Más de medio millón de usuarios, entre industrias, comercios, entidades y cualquier otro que no sea casa de familia (incluido el alumbrado público) deberán pagar un aumento de la tarifa eléctrica del 15 por ciento aplicable con carácter retroactivo, a partir de noviembre de 2005. Ello es lo que surge de la aprobación de los acuerdos de la Unidad Renegociadora de Contratos (UniRen) con las prestadoras Edenor y Edesur, publicado ayer en el Boletín Oficial, y la interpretación que hacen las empresas del texto. El ajuste es parte de la revisión contractual que se firmó entonces (pero que aún no había sido aprobada) y que establecía una primera etapa de ajuste de tarifas a medianos y grandes usuarios, en los siguientes doce meses, y al conjunto de los clientes a partir de fines de 2006. Ahora, a cambio de la aprobación del esquema tarifario para la transición, el gobierno nacional obtuvo el compromiso de las distribuidoras de no reclamar ajustes generales durante el año 2007. En el marco de las mismas actas-acuerdo, se obliga a las dos distribuidoras a hacer efectivas multas no abonadas del orden de los 108 millones de pesos en el caso de Edenor, y de 75 millones de pesos en el caso de Edesur, en diez cuotas semestrales, a partir de mitad del presente año.

El aumento acordado recién podrá facturarse cuando el ENRE (ente regulador del sector) publique los nuevos cuadros tarifarios, medida administrativa que las empresas confían en que se concrete en los próximos días. A partir de ese momento, las dos distribuidoras comenzarán a facturar a todos sus clientes no residenciales (es decir, que no se trate de casas de familia, identificadas como categorías T1R1 y T1R2) los nuevos valores, con carácter retroactivo. Aunque los dos decretos publicados ayer en el Boletín Oficial (1957 y 1959) ratifican las actas-acuerdo de renegociación contractual “con fecha 13 de febrero de 2006”, el aumento se aplicará en forma retroactiva a partir de noviembre de 2005, según lo establece la cláusula sobre Régimen Tarifario de Transición” en los respectivos contratos.

Los acuerdos reconocen “un aumento del 23 por ciento sobre los costos propios de distribución, los costos de conexión y el servicio de rehabilitación que percibe el concesionario a partir del 1º de noviembre de 2005”. La misma cláusula fija que “dicho aumento, una vez aplicado sobre esos conceptos, no podrá resultar en un incremento de la tarifa media del concesionario superior al 15 por ciento”. Este sería el incremento que deberán pagar los usuarios de las categorías General (G1, G2 y G3), Medianas (T2) y Grandes Demandas (T3), además del alumbrado público. Es decir, todos aquellos que no son conexiones de casas de familia. “Los usuarios correspondientes a las tarifas residenciales (T1R1 y T1R2) no serán afectados por el aumento”, expresa la misma cláusula.

El incremento de tarifas retroactivo resultante, según anticipan fuentes empresarias, se abonaría en cuotas, para evitar el impacto de un monto que puede resultar significativo. De todos modos, es de esperar que se produzcan reacciones, sobre todo entre pequeños comercios e industrias y otros usuarios no comerciales que están alcanzados por el ajuste.

Con un retraso de prácticamente un año, el Gobierno puso en funcionamiento los resultados de la renegociación contractual con las dos principales distribuidoras eléctricas, tal cual lo había hecho previamente con Edelap. Desde la salida de la convertibilidad (diciembre de 2001), los contratos firmados en el marco de las privatizaciones, y sus respectivas obligaciones, habían quedado sin aplicación. De parte del Estado, el reconocimiento de los ajustes tarifarios, congelados por efecto de la pesificación y la ley de emergencia económica. Del lado de las empresas, el cumplimiento de los planes de inversión y el pago de multas.

Sin fijar plazos ni condiciones, el acuerdo con las empresas establece que se procederá a una revisión integral de tarifas, que según fuentes empresarias habría intención del Gobierno que se aplique recién en 2008, para no afectar durante este año a los usuarios residenciales. Las concesionarias aceptaron ese criterio. En cambio, ya se puso en marcha durante el año transcurrido desde la firma del acuerdo (hasta su actual aprobación) el plan de inversiones allí establecido. El monto cercano a los 180 millones de pesos que se habían comprometido a invertir cada uno de los concesionarios fue levemente superado (Edesur llegó a 215 millones) y se aplicó, principalmente, al refuerzo de las líneas alta tensión y la instalación de nuevas subestaciones de transmisión, tareas que continuarán durante 2007. En el caso de Edesur, entre las obras comprometidas se cuentan la inauguración de la subestación Parque Centenario y la puesta en servicio de las correspondientes al barrio Transradio y Banfield en el Gran Buenos Aires, y Once en Capital. Edenor, a su vez, incluyó en el plan de inversiones aprobado ampliaciones de redes e instalaciones para atención de nuevos clientes, reemplazo de equipos y tendidos en alta tensión y mejoras en subestaciones.

Con respecto a las multas impagas, el acta-acuerdo fija un plazo de cinco años para el pago de las aplicadas hasta 2005, inclusive, en diez cuotas semestrales que empezarán a vencer a mediados de este año (180 días después de la puesta en vigencia de la nueva estructura tarifaria). Las dos concesionarias, a su vez, comprometen que sus respectivos accionistas retirarán toda demanda ante el Ciadi por la ruptura del contrato vigente durante la convertibilidad.