–¿Cuál es la estrategia a seguir ahora que el Fondo Monetario dijo que, dada la situación política en Argentina, no se puede fijar en el corto plazo ni siquiera una fecha para un acuerdo?
–Por un lado, hay que resaltar el hecho de que nos habíamos propuesto dos cosas: estabilizar y normalizar la situación. La verdad es que lo habíamos hecho pensando en contar, además, con algún tipo de apoyo del Fondo. Las negociaciones se han ido prolongando, el apoyo no estuvo y, sin embargo, los dos objetivos iniciales se están dando. Hay claramente una normalización en el mercado financiero y cambiario, y hay una recuperación empezando desde niveles muy bajos. Esto no quiere decir que nos interese menos el acuerdo con el Fondo, pero si además logramos el acuerdo con el Fondo, está claro que uno puede aspirar a mucho más que lo que tenemos en este momento. Pero la verdad es que uno pensaba que iba a ser muy difícil la normalización sin el acuerdo con el Fondo. Hoy eso se ha logrado.
–Entonces, ¿para qué seguir penando atrás de un acuerdo con el Fondo?
–El Fondo importa porque detrás está el Banco Mundial, un programa de financiación de exportaciones –a través de la Corporación Financiera– de 2000 millones de dólares, hay programas del BID. Pero en todo caso, importa para subir más rápido esta cuesta que es muy empinada. Pero la vuelta ya la dimos y la dimos solos. Hoy el acuerdo con el Fondo lo buscamos con la misma intensidad que antes, pero para fijarnos metas más altas.
–¿Por qué se demora el acuerdo con el Fondo? Hay quienes dicen que Washington quiere escarmentar a Argentina porque cayó en default, para que no sea un mal ejemplo para el mundo...
–Hemos ido cumpliendo una a una las metas. Pero no se cumplieron al día siguiente. Por ejemplo, hay acuerdos fundamentales con las provincias que todavía no han pasado por las legislaturas provinciales. Sobre todo, alguna muy importante como es la de Buenos Aires. No obstante, hubo progresos. Los paquetes preventivos, como el de Brasil o el de Argentina el año pasado, son paquetes de una sola vez, masivos, para tratar de convencer a los mercados de que esa economía tiene el respaldo y no va a caer en default. El nuestro no es una situación poscrisis. Esta es una negociación en cuotas con resultados en cuotas. El Fondo ya reprogramó un vencimiento importante, de 2000 millones de dólares, y falta la formalización de la prórroga de un vencimiento en setiembre de casi 3000 millones. La semana pasada, mientras la prensa presentaba como en crisis la negociación, (Anne) Krueger me comunicó como hecho concreto la refinanciación del vencimiento de setiembre, más una carta que remitió al BID para que haga un desembolso adicional de 200 millones.
–También hubo una declaración muy dura de Thomas Dawson, el vocero del Fondo, diciendo que la situación de Argentina es “muy, muy difícil” y criticando la “falta de consenso” político...
–Efectivamente, había habido un avance muy fuerte –que quedó reflejado en la carta de Krueger– pero a partir del miércoles pasado se han producido una sucesión de hechos, no ligados al poder Ejecutivo, que crean incertidumbre. La prórroga del CER, la prórroga de las ejecuciones, el llamado proyecto Barrionuevo, el proyecto sobre la responsabilidad de las casas matrices, la decisión de la Corte sobre el 13 por ciento, la decisión de un juez que apunta a interrumpir el proceso de renegociación de tarifas públicas, otro fallo judicial que objeta el impuesto a la transferencia de combustibles. El clima político se enrareció.
Todo esto va en el sentido contrario al acuerdo que se estaba negociando. Esto es lo que refleja el vocero del Fondo. En Brasil, a 6 semanas de las elecciones, los candidatos se ponen de acuerdo. Cómo puede ser que acá, que estamos a 6 meses de las elecciones, no podamos respaldar un acuerdo.
–¿El problema de Argentina son los candidatos? Los principales candidatos no parecen haber tomado un eventual acuerdo con el FMI como blanco electoral...
–¿Usted vio los actos de ayer? (por el acto de Rodríguez Saá en el Luna Park) Si es que no le apuntan al Fondo, yo no me he dado cuenta...
–¿Usted a quién se refiere? ¿A Rodríguez Saá, a Carrió...?
–No. Es todo el arco político. Las encuestas son preliminares, el espectro político está muy dividido. No se escucha comprensión sobre la necesidad de un acuerdo, porque no hay condicionamientos insalvables.
–¿Hay chances de destrabar durante la administración Duhalde el acuerdo?
–Es conveniente y es posible. Es conveniente que tengamos un acuerdo de una sola vez y no en cuotas.
–Como técnico, ¿qué le pediría a los políticos?
–Yo creo que tenemos que cerrar los aspectos económicos, técnicos, y una vez que los tengamos todos cerrados, que el cuerpo político se exprese. Nosotros tenemos que decir “señores, esto es lo que hay”, y el cuerpo político tendrá que expresarse.
–¿Los candidatos?
–Los candidatos, los partidos, los legisladores, todo el cuerpo político.
–¿Y si algún candidato importante dijera que no le interesa ese acuerdo?
–Eso dependerá de la reacción del Fondo. Nuestra reacción sería igualmente seguir adelante. Pero si el Fondo, que es el que tiene que firmar, considera que eso representa falta de consenso político, cada cual deberá asumir su responsabilidad.
–¿Queda algún punto abierto en la negociación?
–El menú es el que Krueger acordó conmigo hace dos meses, sin ningún agregado.
–Cuando se habla del ajuste de la banca pública, ¿no es una condición?
–No son condiciones previas, ni mucho menos. El único gran punto que queda abierto, pero que no es nuevo, es el tema de los amparos. A los técnicos del Fondo les genera un grado de incertidumbre que ellos no están acostumbrados a aceptar. No entienden que una pieza importante de la política económica esté fuera de control por decisiones de orden judicial.
–¿Cuál puede ser la solución?
–Hemos propuesto dos planes de contingencia, que no voy a decir, ligados específicamente a este tema. Ahora, sobre eso nunca hubo un acuerdo en el sentido que nos dijeran “esos dos planes nos satisfacen”. Están planteadas las soluciones y es parte de lo que se va a discutir la semana que viene.
–¿Un plan es reabrir el canje de bonos?
–Eso desde ya, hemos decidido hacerlo. Pero no tiene que ver con los amparos, no forma parte de la carta de intención con el Fondo.
–¿Los planes contigentes para los amparos son de carácter legal o son medidas técnicas de política económica?
–Hay más cuestiones legales que de política económica. Porque el problema es económico, pero generado en una fuente legal. Por eso, hay que resolverlo también con medidas de fuente legal.
–¿Es decir que, más allá de la Corte Suprema, van una vez más a resolver legalmente ponerle un freno a los amparos?
–Trataremos, trataremos. Yo aspiraría a que la propia Corte, basada en alguna doctrina que tiene que ver con el bienestar general, le diera solución a esto.
–Pero la Corte parece ir en contra de las necesidad del Ministerio de Economía. Ahora evalúa declarar inconstitucional la pesificación...
–No me corresponde a mí decirle a la Corte lo que debe hacer. Yo trabajo con la realidad, mientras la realidad se pueda administrar. Espero que no lleguemos a una situación en que la realidad se torne inmanejable.