En septiembre del año pasado, el Congreso aprobó la ley de movilidad jubilatoria. La discusión parlamentaria no estuvo exenta de fuertes cuestionamientos por parte de la oposición. Así y todo, el oficialismo logró imponerse en ambas cámaras por una amplia mayoría (144 a 77 en Diputados y 45 a 22 en el Senado). La principal crítica de diferentes bloques opositores estuvo relacionada con la composición de la fórmula para calcular los ajustes que, arriesgaban, limitarían los aumentos de este año a no más de 14 por ciento. También cuestionaban que el Gobierno seguía sin resolver el atraso de los haberes y el achatamiento de la pirámide de ingresos. Un año después de aquel debate, el Ejecutivo anunció ayer un aumento del 7,34 por ciento, que se suma al 11,39 por ciento aplicado en marzo, lo que da un total anual de 19,89 por ciento.

La fórmula en cuestión tiene dos partes, A y B. La primera toma en cuenta la evolución de los salarios y de la recaudación de Anses que surge de impuestos (Ganancias, IVA y Combustibles, entre otros). La segunda contempla sólo la evolución de la recaudación total de Anses (impuestos más aportes y contribuciones), más un 3 por ciento. Cada semestre, A y B entregan un resultado, que se comparan –no se promedian– y se aplica siempre el menor de ellos para ajustar las jubilaciones.

Cuando el Ejecutivo envió el proyecto al Congreso a mediados de agosto del año pasado, acumuló una serie de críticas que obligaron al oficialismo a realizar modificaciones a la iniciativa original. El punto más importante a partir de esos cambios fue que todos los haberes, del mínimo al máximo, quedaron alcanzados por la movilidad. El Ejecutivo también tuvo que aclarar que si alguna vez el índice diera un resultado negativo, las jubilaciones no tendrán variación, pero en ningún caso bajarán. La tercera modificación, a pedido de la CGT y la CTA, fue la inclusión del índice salarial que elabora la Secretaría de Seguridad Social, el Ripte, dentro de la fórmula de cálculo de los aumentos.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo intentó saldar el vacío en que habían caído los jubilados cuando Carlos Menem y Domingo Cavallo arrebataron a principios de los ’90 la movilidad jubilatoria, permitiendo que los haberes quedaran congelados más de doce años. Sin embargo, parte de la oposición hizo una lectura muy distinta y llegó a mencionar que el aumento por movilidad era “confiscatorio”, porque “siempre correría detrás de la inflación”. Así lo dijeron las senadoras María Estenssoro (Coalición Cívica) y la salteña Sonia Escudo (alineada con Juan Carlos Romero). Claudio Lozano advertía que el aumento sería como mucho del 14 por ciento anual, mientras que María Fernanda Reyes (CC) decía que sería incluso algo más bajo.