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La provincia de Buenos Aires se prepara para decretar su propio ajuste de tarifas eléctricas. El gobierno bonaerense estudia un mecanismo “que tenga en cuenta la situación social del consumidor”, según consignó ayer su ministro de Obras y Servicios Públicos, Raúl Rivara. “Hay un sector que no va a tener incremento y otro que sí, y esto se determinará con el auxilio de los municipios”, comentó el funcionario, que además informó que la intención del gobierno es aplicar las nuevas tarifas a partir del presente mes. Además de las consultas a los municipios, el gobierno provincial mantiene conversaciones con los dos grupos que encabezan las concesiones de la distribución (Camuzzi y AES) para consensuar los términos del ajuste.
El gobierno bonaerense viene aplicando, desde hace poco menos de dos años, un régimen tarifario eléctrico especial en su jurisdicción, al haber promulgado una ley de “tarifa de interés social” de aplicación en todo el territorio provincial. Dicha ley obliga a las distribuidoras a prestar el servicio con una tarifa especial (una reducción del 40 por ciento sobre el valor de la energía) para hogares en condiciones de vulnerabilidad económica, como los constituidos por jefes y jefas de familia desocupados, jubilados y pensionados con haber mínimo, habitantes de barrios carenciados, etc. La nómina se elabora con participación de las prestadoras y los municipios. Los beneficiarios están exentos, además, del pago de tasas e impuestos provinciales y municipales, lo que eleva el descuento con respecto a la tarifa normal a casi un 50 por ciento.
El beneficio fue logrado gracias a la presión de la Federación de Trabajadores de la Energía (Fetera), a la cabeza de una lucha en la que participaron otras organizaciones sociales de la provincia. Sin embargo, la tarifa social hasta ahora sólo pudo ser aplicada en las áreas atendidas por el grupo Camuzzi (EDEA, sobre la costa atlántica) y las cooperativas de los municipios del interior de la provincia. En cambio, las tres distribuidoras controladas por el grupo estadounidense AES (Edelap, en el área La Plata; EDEN, en el norte y oeste bonaerense, y EDES, en Bahía Blanca y sur provincial) se resisten a implementarla. Las autoridades provinciales intentan, ahora, negociar con AES Corporation la aplicación de la tarifa social en dos de sus áreas (EDEN y EDES), a cambio del nuevo cuadro tarifario. La determinación de la tarifa de Edelap pertenece a la órbita nacional, por lo tanto quedará al margen de esta negociación.
“Alrededor de un ocho por ciento de los usuarios del servicio eléctrico tendrán rebajas sensibles, de hasta un 40 por ciento”, afirmó ayer Rivara en conferencia de prensa, presumiblemente en referencia a un nuevo listado de hogares de aquéllas áreas que se incorporarán a la tarifa de interés social. El funcionario precisó que, a diferencia del criterio seguido a nivel nacional, el ajuste diferencial –rebaja para unos, incremento para otros– se aplicará en función de la situación económica de cada usuario y “no en base al consumo de kilowatts”.
Aun en caso de que no se arribe a un acuerdo con las concesionarias en los próximos días, los hogares con situación económica más comprometida quedarían al margen del aumento de la electricidad. El ministro definió ayer que quedará expresamente impedida la posibilidad de aumento “a quienes tienen una situación económica comprometida”. De todos modos, reiteró que la voluntad del gobierno es que el ajuste tarifario quede definido en el transcurso de diciembre, aunque no habló de porcentajes.