No es una ecuación sencilla ni para resolver a las apuradas. Argentina enfrenta un conflicto de orden mundial: qué hacer frente a una oferta petrolera que se agota, al menos, en las condiciones de costos en las que se extrae actualmente. Se acabó “la era del petróleo fácil”, como lo definió hace ya más de un lustro el titular de una de las mayores petroleras mundiales: el petróleo subterráneo a baja profundidad, el que se encuentra en el lecho marino cerca de las costas, el que fluye de yacimientos con reservas suficientes para seguir emergiendo por largos años. Salvo en las zonas calientes de los países árabes, eso pasó a ser una realidad del pasado en el resto del mundo.

Claro que en el caso argentino, hay algunos condimentos locales que merecen respuestas más inmediatas. El proceso de privatización petrolera de los ’90 “cometió el olvido” de que se trataba de un recurso estratégico, y ni siquiera se cuidó de aplicarle una regulación que hiciera coincidir la voluntad privada con los objetivos nacionales. Con total naturalidad (y permisividad), los concesionarios privados dejaron de explorar, apuraron cuanto pudieron la extracción del crudo ya descubierto y lo convirtieron en divisas que, con igual celeridad, remitieron al exterior. Ni siquiera se privaron de exportar, aprovechando los buenos precios externos (aun con retenciones).

Las condiciones creadas en los ’90 aceleraron para Argentina las consecuencias de lo que, para el mundo, es un paulatino agotamiento. Recién cuando la cuenta por las importaciones de hidrocarburos y derivados se convirtió en una pesada carga (9000 millones de dólares en 2011), se advirtió la gravedad de la situación y la urgencia por empezar a revertir este cuadro. Hasta hace un año, los gobiernos provinciales seguían renovando las concesiones petroleras por una década o más.

La reversión de las áreas es un primer reconocimiento de que el modelo actual es una ruta rápida al fracaso. El debate es cuál será el instrumento a partir del cual se impulsará la inversión en las áreas para rescatar lo que queda de “crudo fácil” y avanzar en el desarrollo de los yacimientos en zonas “difíciles” (aguas profundas, crudo no convencional). El futuro de YPF está en el centro de la discusión, y el gobernador neuquino, Jorge Sapag, anticipó su propuesta de empresa mixta. En este sentido, se plantean aspectos centrales que habría que resolver.

Entre otros obstáculos, la privatización de YPF en los ’90 dejó al Estado nacional en una posición muy condicionada como para revertir el traspaso. Ni la expropiación ni una oferta hostil por el paquete de control son caminos lineales hacia una resolución. Compartir la empresa, sin modificar el control del capital que está en manos de Repsol, limitaría en gran medida las posibilidades de lograr imponer desde YPF una nueva política petrolera nacional.

Un paso intermedio, pero efectivo –con utilidad también a mediano plazo– sería declarar de interés público los hidrocarburos y, en consecuencia, terminar con la libre disponibilidad del recurso extraído del que hoy gozan las petroleras. Sería una forma de empezar a adaptar los marcos legales argentinos a lo que ocurre en la mayor parte de los países petroleros soberanos, que consideran el crudo un recurso estratégico y no un commodity cuyo destino lo decide quien lo extrae. Aun con atraso, sería una forma de arrimarse al punto de largada desde donde hoy se debate la cuestión a nivel internacional.