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La sociedad que controla la empresa Siderar del grupo Techint migró en 2008 de Luxemburgo, un lujoso paraíso fiscal europeo, hacia el reino de España. El movimiento, oportunamente informado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), permitió a los propietarios de la empresa eludir el pago del impuesto a los bienes personales para las participaciones accionarias y societarias. Una investigación realizada por la Comisión Evaluadora y Revisora de Convenios para evitar la doble imposición compuesta por AFIP, el Ministerio de Economía y Cancillería, a la que accedió Página/12, determinó que mediante ese mecanismo la empresa que conduce Paolo Rocca consiguió evitar el pago de una cifra cercana a los 80 millones de pesos entre 2008 y 2010. Se trata de un gravamen que le hubiera correspondido pagar a la empresa Ternium España por su participación en Siderar. Desde el equipo económico consideran que, al igual que en los casos de Quilmes o Petrobras, los cambios societarios que llevaron a cabo representan un claro hecho de planificación fiscal nociva que deberá ser subsanado por las compañías.

El impuesto a los bienes personales tributado por Siderar como responsable sustituto de la luxemburguesa Ternium SA entre 2002 y 2007 rondó los 70 millones de pesos. Ese tributo surge de aplicar al patrimonio de la empresa una alícuota del 0,5 por ciento. El esquema dispuesto a través del Gran Ducado de Luxemburgo estuvo vigente desde el 31 de diciembre de 2002 hasta fines de 2007. A partir de 2008 el modelo cambió y la firma radicada en el paraíso fiscal europeo dejó de ser la controlante directa del 61 por ciento de Siderar.

En el medio, la firma interpuso dos sociedades en Uruguay y España. Según informó el grupo Techint a la Comisión Nacional de Valores, la empresa Ternium “transfirió con fecha 18 de diciembre de 2008 a favor de su sociedad controlada uruguaya Dirken Company, la totalidad de su tenencia accionaria en Siderar, correspondiente a la cantidad de 211.701.012 acciones, todas ellas escriturales ordinarias, de valor nominal 1 peso y con derecho a un voto por acción, que representan el 60,9 por ciento del capital accionario de la Sociedad”. Al día siguiente, avisó en la misma nota oficial la empresa de la familia Rocca, la sociedad uruguaya transfirió la totalidad de su tenencia accionaria en Siderar a su controlada Ternium Internacional España que, según aclara, es “una sociedad de responsabilidad limitada constituida y existente bajo las leyes de España”.

Así, la empresa Siderar pasó a eludir el pago del impuesto a los bienes personales que debería abonar como responsable sustituto de su sociedad controlante en el exterior. El estudio de AFIP, Economía y Cancillería estableció que entre 2008 y 2010 la planificación fiscal nociva de la empresa le permitió dejar de ingresar alrededor de 80 millones de pesos. Esa cifra representa el impuesto del 0,5 por ciento que debía pagar por el paquete accionario correspondiente a Ternium Internacional España. En 2008, el uso de la sociedad española les permitió a los dueños de Techint ahorrarse más de 20 millones de pesos, en 2009 la cifra llegó a 25 millones y en 2010 más de 30 millones de pesos. El abuso fiscal de Techint comenzó mucho antes del conflicto con el Gobierno por la designación del actual viceministro de Economía, Axel Kicillof, como director de Siderar en representación de las acciones que posee el Estado.

Un largo camino

El extenso recorrido de empresas a través de distintos países, muchas veces paraísos fiscales, es un recurso que permite alejar de las autoridades tributarias a los verdaderos dueños de las compañías y aprovechar los beneficios fiscales que ofrecen las jurisdicciones del secreto. Las estructuras de propiedad se actualizan y complejizan para aprovechar nuevas zonas grises en las legislaciones o dificultar incluso más el acceso a la información societaria. El caso del Grupo Techint no es la excepción. Antes de llegar al accionista real del holding, el empresario Paolo Rocca, hay interpuestas más de siete sociedades en distintas jurisdicciones del secreto como Islas Vírgenes, Curaçao, Luxemburgo y Uruguay.

- El 61 por ciento de Siderar está en manos de Ternium Internacional España. Esa compañía es propiedad de la uruguaya Dirken Company, que a su vez está bajo control de la firma luxemburguesa Ternium SA, empresa que figura como propietaria de otros negocios de la multinacional como su sucursal mexicana o la proveedora de servicios para la industria Exiros. Ese eslabón permite eludir el pago del impuesto a los bienes personales correspondientes a las participaciones accionarias.

- El control de Ternium SA, la empresa radicada en Luxemburgo, está en manos de otra firma emplazada en el ducado europeo, Tenaris SA. A su vez, esa compañía está controlada en el 61 por ciento por una firma llamada III CI, que también tiene domicilio en ese país.

- Esa última firma es propiedad de San Faustin NV, una firma radicada en Curaçao-Antillas Holandesas, que a su vez está bajo el control de Rocca & Partners, una sociedad establecida en Islas Vírgenes Británicas. Así, después de distintas escalas el recorrido llega a su fin. La empresa radicada en el caribeño archipiélago al este de la isla de Puerto Rico tiene al empresario Paolo Rocca entre uno de sus propietarios.

Las Islas Vírgenes ocupan uno de los lugares más altos del índice de opacidad financiera que elabora la ONG inglesa Tax Justice Network. El índice elaborado por esa organización combina dos perspectivas: una cualitativa y otra cuantitativa. La primera estudia las regulaciones, leyes y tratados de las jurisdicciones para elaborar un índice de opacidad. El segundo aspecto pondera el tamaño del paraíso y su importancia para los mercados financieros globales. Islas Vírgenes, donde Rocca & Partners están radicados, ocupa el puesto 11 del ranking que encabezan Suiza, Islas Caimán, Luxemburgo –donde radican otras empresas del grupo–, Hong Kong y Delaware, un pequeña provincia de Estados Unidos. La decisión de la familia Rocca le permite reducir y eludir el pago de impuestos, ocultar información societaria al fisco y, según explicaron expertos tributarios, también evitar la jurisprudencia del código civil argentino.