Hoy finalmente se sabrá cuán largas serán las caras de los tenedores de más de 100 mil millones de dólares de bonos argentinos en default. Será cuando el ministro Roberto Lavagna y el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, anuncien oficialmente la propuesta de pago de la Argentina. Los trascendidos que hablaban de quitas de capital en torno del 80 por ciento habrán servido para evitar shocks de disgusto. El FMI, al que todos señalan como perdedor por su obligada “transigencia” con la Argentina, habrá conseguido lo que se propuso cuando a fines de 2001 le soltó la mano a Domingo Cavallo; que esta vez el costo del default no lo pague el sistema financiero internacional, sino los inversores privados que, aconsejados por los bancos, “apostaron” por las altas tasas que pagaban los papeles argentinos. Aunque los flujos de pagos de deuda del país se mantendrán relativamente constantes, los acreedores privados deberán registrar como pérdida entre el 70 y más del 80 por ciento de su capital, según los casos.
A diferencia de otros presidentes, Néstor Kirchner, quien alguna vez declaró que sería su propio ministro de Economía, discutió con Lavagna y Nielsen cada uno de los puntos de la oferta que hoy se escuchará en Dubai. Para el auditorio no habrá sorpresas. Aunque finalmente pueda existir alguna diferencia en los números, los acreedores podrán elegir entre tres tipos de nuevos papeles:
- Bonos con igual valor del capital original (par), pero con menor tasa y a mayor plazo. Se estima que la tasa máxima sería del 2 por ciento anual y los plazos podrían llegar a los 30 años. Estos papeles serán clave para algunos fondos de inversión, como las AFJP locales, que necesitan no registrar caídas de capital en sus balances.
- Bonos con un descuento estimado de entre el 70 y el 80 por ciento (discount). Aquí la clave será un plazo más reducido para el cobro, por lo que se cree será una opción para quienes quieren salir de los papeles locales.
- Distintas combinaciones de las dos opciones anteriores, que además de incluir una tasa fija podrán agregar un componente de ajuste variable relacionado con el crecimiento del PIB local. Se trata del resultado de la vinculación entre “deuda y crecimiento”.
En conjunto habrá una veintena de papeles que dependerán no sólo de estas tres opciones, sino de los distintos tipos de monedas, países, legislación y combinaciones. En algunas opciones se prevén plazos de gracia para comenzar a pagar de hasta tres años.
Los bancos no se quedarán afuera del negocio, ya que se conformará un sindicato de entidades asesoras. Del selecto club de comisionistas quedará excluido el Credit Suisse First Boston, estigmatizado por su activa promoción del escandaloso Megacanje de julio de 2001. La misma razón fue la que dejó afuera de la licitación por la asesoría financiera de la renegociación, finalmente ganada por el Lazard Frères, a entidades como el JP Morgan, otro de los involucrados en la operación pergeñada por Domingo Cavallo que sólo consiguió apurar la inevitable cesación de pagos.
Una de las cuestiones que se dilucidarán hoy será el tratamiento que recibirán los más de 10 mil millones de dólares de intereses vencidos. Una de las alternativas barajadas es incorporarlos a la deuda total, es decir, capitalizarlos, lo que los dejará sujetos a futuros intereses.
La relación deuda/PIB seguirá en niveles elevados. Los datos del producto bruto del segundo trimestre lo sitúan en torno de los 400 mil millones de pesos anuales, alrededor de 135 mil millones de dólares, mientras que la deuda antes de la reestructuración sería de algo más de 170 mil millones. Esto es, el 125 por ciento del PIB. La proyección de Economía y de los organismos internacionales es que la reestructuración conseguirá que la relación quede por debajo del 100 por cien. Diversos analistas y consultoras consideran, sin embargo, que un nivel “sustentable” debería situarse cerca del 60 por ciento. En cualquier caso, el éxito de la renegociación dependerá finalmente de la cantidad de acreedores que se sumen. De allí el mensaje que transmitió el equipo económico acerca de que quienes no acepten la reestructuración, “no cobrarán”. Claramente, el objetivo es desalentar la vía judicial a la que apuestan algunos sectores, como los llamados “fondos buitres”.
Pero el “riesgo judicial” seguirá latente. Para conjurarlo, en el entorno de Lavagna evalúan cómo instrumentar los pagos una vez terminado el proceso. En otras palabras, dónde y cómo depositar el dinero. Por más alto que sea el porcentaje de acreedores que adhieran a la reestructuración, siempre habrá una porción que opte por la litigiosidad, por lo que los potenciales embargos serán un riesgo a neutralizar.