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El Gobierno continuó ayer su ronda de contactos formales con las privatizadas con miras a encontrar una fórmula de ajuste tarifario que refleje la nueva realidad generada por la devaluación. Ayer fue el turno de las concesionarias de accesos capitalinos y de Aguas Argentinas, que deberán detallar cómo impactó en su negocio la depreciación del peso, cuánto invirtieron y en qué medida están alejadas de los contratos originales.
Difícilmente el Gobierno encuentre una fórmula única para que las tarifas de servicios públicos, provisoriamente congeladas, puedan traducir el impacto de la depreciación del peso. Quizás lo único común a todas las prestaciones sea la duración de la tregua vigente, durante la cual los precios de la luz, el agua, el teléfono, el gas o los peajes están en el mismo nivel que diciembre pasado.
Frente a la comisión oficial encargada de rediscutir el tema, cuerpo comandado por José Barbero, cada adjudicatario comenzó a detallar sus pesares. “Con un dólar a 2,10, la devaluación le hizo perder a Aguas Argentinas 746 millones de pesos”, aseguró ayer su vocera, dando una pista de lo que quedará consignado en los formularios que les entrega Economía y que las empresas deben devolver en breve.
Del mismo modo que, indefectiblemente, las boletas del servicio de agua reflejará un valor más alto en poco tiempo, los tickets de los peajes también se van a encarecer, aunque presumiblemente en distintas magnitudes. Ayer visitaron el Palacio de Hacienda los concesionarios de los accesos capitalinos. En breve, serán citados los adjudicatarios de las rutas nacionales, para iniciar la revisión similar.