Por M. M.

Una de las dificultades para llevar adelante las indagaciones son los obstáculos que halló la Superintendencia de AFJP a la ahora de reclamar a Orígenes las grabaciones de la mesa de inversiones financieras de la compañía. La historia parece extraída del guión de Wall Street, la famosa película de Oliver Stone que describe los fraudes de los yuppies de los ochenta en la jungla de las finanzas neoyorquinas. La CNV criolla ya había detectado que Orígenes, la AFJP con mayor volumen de negocios, se destacaba por realizar operaciones “extrañas” o “llamativas” en el mercado local. Al posar la lupa sobre una pequeña muestra de sus transacciones salió a la superficie la punta del iceberg. Informada por la Comisión de Valores, la Superintendencia envió un equipo de investigadores al edificio del Banco Río en microcentro, donde se halla la “información clasificada” de Orígenes. Como recién el año pasado se aprobó la norma que establece la obligatoriedad por parte de las AFJP de grabar todas las operaciones de sus “mesas de dinero” y la investigación se remonta a transacciones del año 2000, la respuesta de los directivos de la AFJP fue que las cintas habían sido destruidas. Sin embargo, gracias a la colaboración de un informante, los funcionarios del organismo de control hallaron los soportes informáticos que contenían las preciadas grabaciones. Es necesario aclarar que, como en el sistema de títulos y acciones, se realizan negocios millonarios mediante simples órdenes telefónicas, las grabaciones son habituales para evitar conflictos entre las partes y para facilitar las propias auditorías internas.
En la causa judicial, las abogados defensores de Orígenes buscaron frenar el proceso amparándose en artilugios legales. Solicitaron al juez que declarara la nulidad de la investigación administrativa por considerar que había sido arbitraria y violatoria del derecho de defensa. En concreto, cuestionaban que la Superintendencia haya obtenido las grabaciones sin una orden judicial. El juez Cruciani hizo lugar al pedido de la defensa, pero antes tomó la precaución de allanar el Banco Río, donde encontró en otros archivos las mismas grabaciones.
La Superintendencia reclama la potestad de acceder a las grabaciones de las mesas de operaciones de las AFJP, porque de otra manera no podría encarar ninguna investigación sin una orden judicial, mientras que los allanamientos se disponen recién cuando existe la sospecha de un delito. En causas anteriores, los abogados oficiales lograron revertir fallos desfavorables en este sentido, y hasta ahora no hay jurisprudencia en firme que contradiga el accionar del organismo.
Al margen de esa disquisición legal, Cruciani se ha mostrado diligente y, con la asistencia de los técnicos de la Superintendencia, no ha desviado su atención del foco de la causa. Si quisiera profundizar la investigación y revisar todas las operaciones de Orígenes en los últimos años, el próximo paso sería allanar la cámara ignífuga del Banco Río, donde se guardan todas las grabaciones de la mesa de inversiones de la AFJP.