A diferencia de la versión oficial, en Shell afirman que fueron ellos quienes dectectaron los ilícitos, que presentaron el 20 de octubre último una denuncia penal en el juzgado federal número 2 de San Nicolás, y que “dos días después se puso el caso en conocimiento de la AFIP”.
Sea como fuere, el 22 de octubre el presidente de Shell, Juan Aranguren, le envió una carta a Alberto Abad. “En vista de la gravedad de lo acaecido, se ha dispuesto una investigación interna a fin de determinar su magnitud y el perjuicio potencial producto de esta maniobra delictiva en que se ha envuelto a nuestra compañía”, le dice Aranguren. “Por tratarse de una maniobra producto de la cual podrían derivarse obligaciones impositivas para Shell hemos decidido sin dilación poner en su conocimiento lo ocurrido a fin de demostrar nuestra buena fe y ponernos a disposición para brindar todas las explicaciones que sean necesarias”, agrega.
El 7 de diciembre, Aranguren vuelve a escribirle a Abad. Le informa que, una vez hechas las rectificaciones de sus declaraciones juradas, la compañía pagó 12,6 millones de pesos en impuestos por las operaciones involucradas en el fraude, bajo la sospecha de que lo que debió exportarse se vendió en negro en el mercado interno.