Ayer estaban del otro lado del mostrador y hoy, aunque sea en un punto, comparten la posición del Gobierno frente a las negociaciones con el Fondo Monetario. Son los bonistas nucleados en la Argentina Bondholders Reestructuring Agency (ABRA), en su mayoría europeos, que fueron férreos opositores a la reestructuración de la deuda. Pero al final entraron y, ahora, alzan su voz para reclamar firmeza al Gobierno frente a la presión del FMI y que se cumpla con la ley que impide reabrir el canje.
El titular de ABRA, José Angel Gurría, admitió que la decisión de adherir al canje se tomó después de que el Congreso sancionara la denominada “ley cerrojo” que, justamente, impide la reapertura del canje. Hasta ese momento, ABRA había sido una de las entidades de acreedores que más violentamente atacó la operación. “La ley fue un elemento fundamental para aceptar”, comentó el dirigente que compartió con el estadounidense Adam Lerrick la representación de acreedores que poseían 1200 millones de dólares en títulos defolteados. “Si yo acepto, es porque estoy seguro de que no va a haber alguien al que lo traten mejor”, añadió Gurría.
Según el prospecto del canje, si la Argentina mejoraba la oferta una vez cerrada la operación tenía la obligación de extender ese “premio” a todos los acreedores, incluidos aquellos que aceptaron en la primera vuelta. La “ley cerrojo” puso fin a las especulaciones de que habría una segunda chance para los bonistas: directamente prohibió la reapertura de la operación. Fue en ese momento que ABRA se convenció de que lo mejor era aceptar y así se los comunicó a sus afiliados.
El reclamo de ABRA para que ahora se cumpla con la ley se da en el marco de la nueva pelea entre el Gobierno y el FMI. Y si bien en las últimas horas se notó que bajó la tensión entre las partes, en la city creen que la pulseada se extenderá al menos por un par de meses.
La idea que se hacen los financistas es que una vez consensuada la frase que se incluirá en el acuerdo respecto al “debido momento” en que se arreglará con los acreedores que quedaron afuera, se vienen otras discusiones. Los clásicos pedidos del Fondo: aumento de las tarifas de los servicios públicos, ordenamiento fiscal de las provincias y la aplicación de una política monetaria restrictiva.
En el microcentro están seguros que el staff del Fondo demorará el nuevo acuerdo lo más posible por la sencilla razón de que, mientras tanto, el Gobierno le sigue pagando puntualmente todos los vencimientos de la deuda. Este viernes, sin ir más lejos, habrá que abonar otros 140 millones de dólares, que saldrán de las reservas del Banco Central, como viene ocurriendo hasta ahora.