Desde Santa Cruz

Varias propagandas del gobierno departamental –sobre obras de agua, luz y caminos hechos con dinero del gobierno nacional– concluyen con el slogan “Autonomía al andar”, como casi dijo un lírico español. En eso está la Prefectura cruceña, que ayer empezó a aplicar el estatuto autonómico que aprobó el 50 por ciento del electorado y el resto no lo acepta. Mediante la ley departamental 001 el prefecto pasó a llamarse “gobernador autónomo” y el concejo departamental, “Asamblea Legislativa” –hará las leyes de Santa Cruz–. También se creó el Consejo Departamental de Comercio Exterior y Exportaciones, conformado por empresarios aceiteros, sindicatos, transportistas y productores. El vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera, fue el primero en objetar: “Ellos podrán llamarse como quieran. La Constitución es lo que se cumplirá y se respetará, lo demás son añadidos simbólicos que no tienen ningún efecto legal”. El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) José Pimentel advirtió que “el único Estado es el Estado boliviano. No puede comercializar una provincia o un departamento, las fronteras son de carácter nacional y por ende es el Estado quien las controla”.

El gobernador autónomo se moderó y pidió a los empresarios que “coyunturalmente” esperaran. En la sede de la Prefectura, en cuyo frente pegaron en letras doradas “Casa de Gobierno”, Costas aclaró que no se trata “de agachar la cabeza ni que nos doblen la mano”. Y anunció que “comenzará la aplicación del estatuto en forma gradual”.

El enfrentamiento entre los aceiteros y el gobierno nacional empezó en marzo, cuando Morales firmó un decreto que prohibió la exportación de aceite para garantizar la provisión al mercado interno y obligar a los empresarios a bajar el precio, que había llegado a dos dólares el litro. El 18 de abril, Evo emitió otro decreto que levantó la prohibición para exportar, siempre y cuando las empresas llenen el mercado interno y cobren entre 10,50 y 12,99 bolivianos (1,5 u$s) el litro.

Hasta ahora, sólo la empresa ADM-SAO cumplió y pudo volver a exportar. Pero las aceiteras Fino y Rico (propiedad del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic) se resisten a cumplir. Con el Consejo Departamental de Comercio Exterior y Exportaciones la Prefectura intentará pasar sobre la prohibición gubernamental. Para Costas, la medida de Evo es “caprichosa y maligna. Hay 300 mil bolivianos que dependen de la cadena productiva de la soja”.

Según el senador Félix Rojas, del MAS, Costas “no tiene ninguna atribución para asumir esas medidas, es una locura. Internacionalmente hay una instancia que acredita, avala y garantiza los aspectos higiénicos ambientales de los productos exportados. Esta institución solamente le da credibilidad y confianza al gobierno nacional y no a los prefectos”. El senador del MAS Antonio Peredo (hermano mayor de Inti y Coco, que lucharon junto a Ernesto “Che” Guevara) fue claro: “Corresponde someterlos a juicio penal por sedición”.

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Mauricio Roca, aclaró que “no se dijo que no se va respetar la normativa nacional. Pero tampoco se va aceptar el chantaje y no rechazaremos la idea de exportar”.

Los 23 concejales, devenidos asambleístas, recibieron a cinco nuevos integrantes de los pueblos indígenas del departamento. Uno de los primeros proyectos de ley que tratarán los 28 será una convocatoria a elecciones (de aquí a 90 días) para elegir nuevos miembros de la Asamblea Legislativa, subgobernadores de provincias y corregidores.

“Esta es la revolución del Patujú”, repite incansablemente Costas en alusión a la flor nacional. Así empieza la tarea de los ex concejales, que legislarán sobre tierras, recursos naturales, elaborarán un nuevo sistema de educación, un servicio gratuito de salud (promesa de campaña que todavía nadie recordó) y aumentarán el sueldo mínimo en el departamento a 1000 bolivianos (136 dólares; el sueldo mínimo nacional es de 577 bolivianos). El senador del partido de derecha Podemos, Walter Guiteras, consideró natural que los cruceños empiecen a aplicar su estatuto, que el 4 de mayo fue aprobado por el 85 por ciento de los votantes. Evidenció que “si no hay un acuerdo político va a avanzar el proceso autonómico, así se le pongan todas las trancadillas en el camino”. Pero las partes que deben dialogar ayer decidieron alejarse un poco más.