Por Giles Tremlett *
Desde Madrid

Más secretos terribles de la Guerra Civil Española salieron a la luz ayer cuando los huesos de tres mujeres que fueron arrancadas de sus camas y asesinadas por partidarios del general Franco hace 66 años fueron desenterrados por activistas que buscan echar luz sobre el destino de 30 mil personas. Familiares de las tres mujeres, cuyos cuerpos fueron enterrados en una zanja en las afueras de la localidad central de Candaleda el 29 de diciembre de 1936, miraron en un tenso silencio cómo una excavadora mecánica traía los primeros huesos a la superficie. “Mi madre fue asesinada porque leía el periódico socialista”, recordó Obdulia Camacho, de 80 años de edad.
Las muertas fueron identificadas como la madre de Obdulia, Pilar, en esa época de 43 años; Virtudes de la Puente, de 53, cuyo único crimen aparente fue el de haber sido una republicana protestante; y una mujer embarazada de 26 años llamada Valeriana Granada. Valeriana, de acuerdo con la leyenda local, fue incluida en la lista de la gente a ser asesinada, pese al hecho de que su marido estaba combatiendo con las fuerzas de Franco, porque una falangista leal estaba enamorada de su marido. El niño nonato de la mujer murió con ella. “La mataron por celos y para cobrarse una revancha”, dijo su hija Heliodora Martín.
Obdulia Camacho, que en esa época tenía 14 años, fue sacada de su cama esa noche por un grupo del Partido Falangista y arrojada dentro de un camión que se detuvo en una curva del camino que llevaba a la vecina provincia de Cáceres. Allí, los falangistas dispararon contra las tres mujeres a sangre fría. Pero a Obdulia, y a la sobrina de dos años que tenía en sus brazos, les permitieron irse. La hija de Obdulia, llamada Pilar en honor de su abuela asesinada, dijo que su madre había mantenido durante toda su vida el odio que sintió por los asesinos. “Pero no fue algo que ella tratara de transmitirnos a mí o a mis hermanos”, dijo.
Entre los presentes, mientras se desenterraban los esqueletos descompuestos estuvo Paula Carrera, de 82 años, una mujer de Candaleda que recordó cómo, cuando tenía 16 años, vio los cadáveres en una zanja luego de los asesinatos. “Un hombre de Candaleda las enterró con sus propias manos y puso una piedra encima de la tumba –recordó–. Y murió una semana después.”
Los lugareños siempre supieron de la tumba, pero nunca habían hecho nada para recuperar los cadáveres, aunque Franco murió y la transición a la democracia empezó hace 27 años. “Esto debería haber pasado hace mucho tiempo”, dijo Heliodora Martín. La mayor parte de las fosas comunes de las víctimas de los escuadrones de la muerte de Franco han sido mantenidas en secreto. La excavación de Candaleda fue organizada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, un grupo que ha empezado lentamente a excavar en algunas de las cientos de fosas comunes que salpican todo el país. Los activistas de Candaleda dijeron que hasta 100 personas están enterradas en al menos ocho fosas comunes cerca de ciudades y pueblos locales. A comienzos de este año, 14 cuerpos fueron desenterrados cerca del pueblo de Piedrafita de Babia, en la provincia de León, y una docena más fue encontrada en una fosa en Priaranza del Bierzo, también en León, hace dos años. Este verano se encontraron dos cuerpos cerca de Zaldibia, en el País Vasco, y se están planeando varias excavaciones en Asturias.
El líder sindical Marcelino Camacho estuvo entre los presentes en Candaleda. “Necesitamos recordar estas cosas para que nunca ocurran de nuevo”, dijo. España ha sido muy activa en la persecución de los dictadores sudamericanos y ahora podría empezar a investigar seriamente su propio pasado.
Los activistas están demandando que el gobierno español no sólo empiece a ubicar y a excavar todas las fosas comunes sino que establezca una comisión de la verdad para descubrir lo que ocurrió después que Franco ysus oficiales se rebelaron contra el gobierno republicano, y democrático, en 1936. Quieren que el gobierno actúe antes de que quienes pueden recordar la ubicación de las tumbas secretas se mueran de viejos.
La Asociación ha llevado el caso al grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas. Se espera que el grupo, cuya decisión no es vinculante para el gobierno, formule sus recomendaciones pronto. El primer ministro José María Aznar, del centroderechista Partido Popular, ha indicado, según los activistas, que está dispuesto a seguir las recomendaciones que formule el grupo.

* De The Guardian de Gran Bretaña, especial para Página/12.