El conflicto colombiano está tomando un cariz urbano: un atentado con 50 kilogramos de explosivo en un taxi en un estacionamiento cerca del Comando de la Policía, a menos de un kilómetro de la sede presidencial en Bogotá, dejó dos muertos y 36 heridos. Simultáneamente, en la ciudad de Medellín las fuerzas de seguridad continuaron con su operativo de desalojo de los grupos insurrectos en la zona marginal de la Comuna 13; además dieron comienzo a un operativo en la ciudad de Cali, en donde no se presentó resistencia como en el caso anterior, como parte de las medidas que ya anticipó que proseguirá el gobierno de Alvaro Uribe.
Según el balance de la Policía Nacional, que desestimó una versión anterior de la secretaria de Gobierno de Bogotá que señalaba tres muertos, informó que hubo dos muertes –de un auxiliar de la policía y un civil– y de los 36 heridos, 26 son uniformados. La policía sospechaba firmemente de las milicias armadas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El alcalde de la capital colombiana, Antanas Mockus, se pronunció en este sentido. Asimismo, la ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, indicó que “existe toda la intención de los grupos terroristas de hacer terrorismo en las ciudades”. Además de los comandos de las FARC, en Bogotá operan las redes urbanas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas paramilitares.
En paralelo, se llevaron a cabo las ofensivas de las autoridades en Medellín y Cali, segunda y tercera ciudades colombianas respectivamente, en busca de debilitar las organizaciones de milicianos de las guerrillas y de los paramilitares de extrema derecha, que en los últimos años han ido ampliando su influencia en sectores populares.