El rotundo triunfo de Evo Morales, el tercero consecutivo desde el 2005, difícilmente servirá para acallar las críticas de quienes vieron en este referendo constitucional apenas una estratagema del líder boliviano para perpetuarse en el poder. Caso omiso se hace del denso articulado de la nueva Constitución boliviana que, en sus 411 artículos, establece un marco normativo protectivo de las grandes mayorías populares, por siglos oprimidas por los distintos gobiernos de Bolivia, al paso que reafirma los derechos de los pueblos indígenas, garantiza el control público de los principales recursos naturales y perfecciona la calidad de las instituciones republicanas. Pese a que unos 350 observadores internacionales de organismos como la OEA, la Unasur, la Unión Europea y el Centro Carter declararon que las elecciones se desenvolvieron de manera inobjetable, el líder de la derecha fascista de Santa Cruz, Branco Marinkovic, manifestó su impotencia lanzando una ridícula acusación de fraude, preparando el terreno para una nueva ofensiva sediciosa en contra de la nueva Constitución.

Una de las críticas más socorridas, escuchada también en estos días a propósito de la propuesta de enmienda de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela facultando la reelección indefinida del presidente Hugo Chávez, es que tal cláusula revela una vocación totalitaria que debe ser rechazada a cualquier precio. La secretaria de Estado de George W. Bush, Condoleezza Rice, no se cansó de predicar esta tesis, repetida luego ad nauseam por los principales medios de prensa, periodistas y analistas “independientes” de América latina. No se conocen todavía comentarios de su sucesora, Hillary Clinton, pero a juzgar por sus muy desafortunadas declaraciones en la audiencia confirmatoria sostenida ante el Senado de EE.UU. no sería de extrañar que en los próximos días apareciera un comunicado oficial deplorando lo que sería visto como una sinuosa maniobra de Evo Morales para eternizarse en el Palacio Quemado.

En vista de ello, conviene recordar que la reelección indefinida es una norma en la mayoría de los países europeos: fue por eso que Helmut Kohl pudo ser canciller primero de la República Federal Alemana y luego de la Alemania unificada durante dieciséis años, desde 1982 a 1998, sin que en ningún momento la opinión “bienpensante” y la prensa “independiente” (mucho menos el Departamento de Estado) pusieran el grito en el cielo ante tan prolongado monopolio del poder político. Podría haber seguido en el timón de la Cancillería; si no lo hizo fue por el estallido de un escándalo que lo obligó a renunciar. En España, el principal lobbista mundial de las transnacionales españolas y sedicente custodio de los valores democráticos, Felipe González, fue presidente del gobierno desde 1982 a 1996, un total de 14 años, sin despertar preocupación alguna en la Casa Blanca y los gobiernos “democráticos” del mundo desarrollado. En el Reino Unido, Margaret Thatcher fue primera ministra durante 11 años. Nada le impedía haber seguido en el poder, pero su coalición perdió peso electoral y tuvo que renunciar. Hay varios casos similares en Europa. Francia, sin ir más lejos, autoriza una reelección presidencial para un mandato de siete años cada uno. Todos los últimos presidentes de Francia duraron 14 años en el poder.

Más interesante todavía es el significativo (y cómplice) silencio de Washington ante la dilatada permanencia en el poder de una serie de mandatarios amigos, aliados incondicionales del imperio: en Egipto, el actual presidente Mohamed Hosni Mubarak ejerce el cargo desde octubre de 1981, lo que no obsta para que reciba toda clase de elogios por la “estabilidad política” lograda en ese país y generosos apoyos financieros y militares de parte de la Casa Blanca. Total: 28 años ininterrumpidos en el gobierno. En Camerún, el presidente Paul Biya gobierna con poderes omnímodos desde 1982: 27 años. En el pequeño enclave petrolero de Gabón, otro aliado de Estados Unidos, el presidente Omar Bongo Ondimba preserva el orden con mano de hierro desde 1967: 42 años. En Angola, el gobierno pro americano de José E. dos Santos se encuentra en el poder desde 1979: 30 años. Por último, uno de los aliados fundamentales de Estados Unidos, Arabia Saudita, es un país en el que impera el más primitivo y brutal despotismo: allí rige una monarquía hereditaria que jamás ha convocado a elecciones de ningún tipo, ni siquiera para el Legislativo, cuyos miembros son designados “a dedo” por el rey Abdallah entre su séquito de familiares y favoritos. Jamás el Departamento de Estado ha dicho una palabra acerca de las amenazas que la perpetuación de estos regímenes plantea para el futuro de la democracia en el mundo. El problema son casos como los de Fidel, Evo y Chávez, no estos otros. Si son útiles a los intereses de Washington podrán permanecer en el poder el tiempo que quieran y, además, ser respaldados por todos los medios imaginables. Si se rebelan contra el imperio se los denuncia como déspotas o tiranos. En fin, amigos son los amigos.

* Politólogo.