La tercera es la vencida, parecen creer muchos en Estados Unidos que se entusiasman por los recientes anuncios de la administración Obama relacionados con la migración indocumentada, mayoritariamente mexicana.

El miércoles, como parte de los actos realizados durante su gira en México, que terminó ayer, la secretaria de Estado Hillary Clinton aseguró que el presidente Obama “se mantiene comprometido con una reforma migratoria integral” en Estados Unidos.

En contraste con el beneplácito de las autoridades mexicanas por el discurso, el ex candidato presidencial de izquierda Andrés Manuel López Obrador le manifestó a Clinton en una carta que “la solución al fenómeno migratorio y a la inseguridad no se encuentra en la construcción de muros ni en la militarización de la frontera, sino en el desarrollo económico y social de México”.

Clinton no acusó recibo de esa misiva, que el autoproclamado “presidente legítimo” de México leyó en un acto público, pero en una conferencia de prensa en la Cancillería mexicana reconoció que el suyo es un país de inmigrantes y leyes y reiteró que la reforma migratoria es “una alta prioridad”.

Precisamente el tema de la migración indocumentada hacia Estados Unidos será uno de los puntos que Obama tratará con el presidente Felipe Calderón durante su gira a la ciudad de México, del 16 y 17 de abril próximos.

Hace una semana, Obama prometió a un grupo de congresistas hispanos que invertirá su capital político en hacer que este mismo año sea aprobada una reforma migratoria. Algunos legisladores anticiparon que el presidente estadounidense convocará a un foro probablemente en mayo para discutir las propuestas para “legalizar a los indocumentados” y “refundar” el sistema de migración de ese país.

Diversos cálculos estiman en casi 12 millones los nacidos en México que ahora están radicados en Estados Unidos. Unos ocho millones de ellos se encuentran en aquel país sin documentos migratorios.

Entre representantes y senadores hispanos, así como en agrupaciones civiles enfocadas a este tema, existe cierto optimismo por las recientes posturas expresadas por Obama, las cuales se sustentan además en el hecho de que, como senador, el hoy presidente votó en 2007 en favor del último intento de reforma migratoria. Durante su campaña presidencial, Obama convirtió el tema en uno de sus principales atractivos para la comunidad hispana, a la que ofreció abordar el asunto dentro de los primeros cien días de su administración. El voto hispano representó a 10 millones de electores, 66 por ciento de los cuales se inclinaron por el candidato demócrata en noviembre pasado.

Otros son menos optimistas. A fin de cuentas, dos proyectos de reformas migratorias fracasaron en el Congreso de Estados Unidos, en 2006 y 2007, pese al cabildeo de los entonces presidentes George W. Bush, Vicente Fox y Felipe Calderón. El propio Calderón se ha encargado de matizar la importancia del tema migratorio. En declaraciones a la agencia Associated Press, a finales del mes pasado, el presidente mexicano celebró el compromiso de Obama, pero dijo que primero “lo mejor que el presidente Obama y su gobierno podrían hacer a favor de México y la región es resolver el problema económico en Estados Unidos”.

Lo cierto es que la administración Obama no está interesándose verdaderamente por la relación bilateral con su vecino del sur, sino reaccionando a las presiones internas por el riesgo de desbordamiento de la violencia a lo largo de los más de 3000 kilómetros de frontera terrestre común, en la que los carteles podrían aprovechar las redes de tráfico de personas que facilitan el paso de miles de personas. El sellamiento de la frontera entre ambos países intenta frenar el paso ilegal tanto de drogas como de personas. Esta percepción no es gratuita. Durante décadas, Estados Unidos puso las armas y México los muertos. Ahora, los estadounidenses empiezan a contar a sus propios cadáveres.