Desde Lima

Cuando se escuchó la sentencia al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) hubo festejos, pero también amenazas con protestas en las calles de parte de los seguidores del ex dictador peruano. La sala de tres magistrados que procesó a Fujimori durante un año y cuatro meses concluyó que éste era responsable de crímenes de Estado y crímenes de lesa humanidad, y le impuso una condena de 25 años de prisión. De esta forma, Fujimori se convirtió en el primer presidente en la historia de Perú en ser sentenciado por un tribunal de Justicia. La condena fue calificada por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos como “un precedente histórico en la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos”.

Descontando el tiempo que ya ha pasado en prisión, Fujimori, de 70 años, podrá salir en libertad el diez de febrero de 2032. Para entonces tendría 93 años. Al haber sido condenado por crímenes de lesa humanidad, la leyes internacionales impiden que Fujimori pueda beneficiarse de un indulto o una amnistía, pero sí podría acogerse, eventualmente, a beneficios penitenciarios para reducir su condena a la mitad. El presidente del tribunal, César San Martín, señaló, durante la lectura de la sentencia, que estaba probada “más allá de toda duda razonable” la culpabilidad de Fujimori por haber ordenado el asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer.

El tribunal estableció que Fujimori era responsable de los delitos de asesinato con alevosía, secuestro con agravantes y lesiones graves. La sentencia estableció que Fujimori había encabezado una organización criminal que desde el poder aplicó una política de guerra sucia contra la subversión armada, que fue ejecutada por el escuadrón de la muerte llamado Grupo Colina. Considerando los factores agravantes, señaló San Martín, se le impuso al acusado “la pena máxima”. El presidente del tribunal aclaró que se dictó una sentencia de 25 años y no de 30 como pedía la fiscalía, porque 25 años era la pena máxima permitida por las leyes peruanas cuando ocurrieron los crímenes por los que Fujimori fue condenado.

Durante las más de tres horas que duró la lectura de la condena, Fujimori permaneció sentado, tomando notas en un cuaderno, con la mirada clavada en sus apuntes, sin levantar en ningún momento la cabeza. Los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, dos de los cuatro hijos del ex dictador y congresistas fujimoristas, seguían la audiencia en un estrecho ambiente separado de la sala judicial por un vidrio antibalas. Un cordón policial separaba a ambos grupos. Luego de que se leyera la sentencia, Fujimori se paró para hablar un par de minutos con su abogado, César Nakasaki, regresó a su sitio y se limitó a decir “interpongo recurso de nulidad”. La nulidad planteada por la defensa de Fujimori será examinada en reserva por un tribunal de cinco magistrados, que en cuatro o cinco meses deberá confirmar o modificar la sentencia. Esa decisión será definitiva.

Hasta el momento del envío de esta nota, el presidente Alan García no se había pronunciado sobre la condena a Fujimori. García ha sido duramente cuestionado por su acercamiento con el fujimorismo. Quien sí se pronunció fue el primer ministro, Yehude Simon. “El gobierno se ha mantenido al margen de este juicio. Todos deben respetar la sentencia. El Poder Judicial ha actuado como tenía que actuar”, fue su escueto comentario.

Visiblemente alterada, la congresista Keiko Fujimori, hija del sentenciado ex dictador, calificó la condena contra su padre como “un fallo lleno de odio y venganza”. “Los fujimoristas no nos quedaremos con los brazos cruzados, vamos a salir a las calles”, amenazó, en una breve declaración a la prensa a la salida del tribunal. Minutos después dio un discurso ante sus partidarios, reunidos en las afueras de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía (Dinoes), donde Fujimori está detenido, como el único preso del lugar, desde septiembre de 2007 y donde se instaló el tribunal que lo juzgó. Ahí volvió a atacar la sentencia contra su padre y a los jueces del tribunal que lo condenó, y también volvió a amenazar: “Se equivocan si creen que con esta sentencia nos van a debilitar. El fujimorismo seguirá avanzando”, dijo Keiko Fujimori, quien aspira a llegar a la presidencia en las elecciones de 2011. A su lado estaba su hermano Kenyi, que permanecía en silencio, con el rostro desencajado.

En el otro lado, los familiares de las víctimas del gobierno fujimorista y los organismos de derechos humanos elogiaron la sentencia. “Por primera vez la Justicia peruana está a la altura de la historia en la lucha contra la impunidad. Se ha reivindicado a nuestros familiares asesinados porque la sentencia dice que no eran terroristas”, declaró una emocionada Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes de la Universidad La Cantuta, asesinados por el Grupo Colina. El fiscal José Antonio Peláez aseguró que la sentencia “es contundente y será muy difícil que pueda ser rebatida en la apelación”.

Mientras se leía la sentencia, en las afueras de la Dinoes hubo un enfrentamiento entre los partidarios de Fujimori y manifestantes que exigían justicia para las víctimas del gobierno fujimorista. Hubo un herido. Los fujimoristas, que llevaban remeras naranjas con las fotos de Alberto Fujimori y su hija Keiko, recibieron un duro golpe al escuchar la sentencia y comenzaron a gritar “Fujimori libertad” y “Keiko presidente”. No muy lejos, representantes de organizaciones sociales, juveniles, sindicatos y activistas de derechos humanos comenzaron a saltar y abrazarse cuando escucharon la sentencia, celebraron a los gritos de “culpable, culpable”.