El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, levantó ayer todas las restricciones sobre los viajes y el envío de remesas para los cubanoestadounidenses que tengan familia en la isla. “El presidente encomendó a los secretarios de Estado, Tesoro y Comercio tomar las medidas necesarias para levantar todas las restricciones a individuos para que visiten familiares en Cuba y les envíen remesas”, anunció en conferencia de prensa Robert Gibbs, vocero de la Casa Blanca. Tras la decisión adoptada por el mandatario estadounidense, aquellos que así lo deseen podrán, en primer lugar, enviar a la isla sumas de dinero y paquetes humanitarios sin ninguna clase de límite. No obstante, Gibbs dejó en claro que no todos los cubanos residentes en la isla podrán ser beneficiarios de estas medidas, advirtiendo que los funcionarios cubanos quedaban excluidos. En segundo lugar, las visitas a Cuba, restringidas con diversa intensidad a lo largo de las últimas tres décadas, ya no tendrán limitaciones temporales o de frecuencia alguna.

Por último, Obama autorizó a las compañías estadounidenses a establecer conexiones de fibra óptica y satelitales con Cuba, permitiéndoles e incentivándolas a que negocien con sus pares en la isla para ofrecer servicios de telefonía móvil e Internet y autorizando, a su vez, a que cualquiera que así lo desee pueda pagar desde el exterior las facturas de los teléfonos móviles de residentes cubanos.

“Queremos incrementar el flujo de información. Queremos generar un mercado global de radio y televisión. Por ello, el presidente ordenó que se facilite el proceso de otorgamiento de licencias y se permita una comunicación sin filtro del gobierno cubano”, explicó Dan Restrepo, asesor de la Casa Blanca para América latina dentro del Consejo de Seguridad Nacional. “Queremos que las tecnologías de la información permitan a los cubanos comunicarse entre sí. Pero para eso necesitamos que el gobierno en La Habana permita que las empresas de Estados Unidos brinden servicios en la isla”, agregó el funcionario.

La decisión de Obama, tomada a escasos días de su participación en la V Cumbre de las Américas, tendrá impacto sobre 1,5 millón de cubanos residentes en Estados Unidos y más del doble entre quienes viven en la isla. Según los cálculos de una agencia gubernamental estadounidense, el envío de remesas hacia Cuba se sitúa entre los 400 y los 800 millones de dólares por año.

Las reacciones a las medidas adoptadas por Washington no se hicieron esperar. Peter Hakim, presidente del Diálogo Interamericano, se declaró optimista respecto al fin de las restricciones, al tiempo que señaló su insuficiencia. “La decisión de Obama va en la dirección adecuada, pero sólo constituye un primer paso muy modesto, muy pequeño”, advirtió.

Según Hakim, la verdadera intención del gobierno en Washington sería esperar el impacto de estas medidas, evaluar las reacciones y luego decidir. “El gobierno quiere poner a prueba la reacción de la comunidad cubanoamericana y de los estadounidenses en general, pero, sobre todo, la respuesta de La Habana para averiguar si el régimen está realmente dispuesto a sentarse a hablar”, razonó. Con todo, su conclusión fue optimista. “Es indiferente si se dan pasos pequeños o grandes, lo importante es que se den”, sentenció.

Por su parte, Wayne Smith, ex jefe de la Sección de Intereses de EE.UU. en La Habana y director del departamento de Cuba del Centro para Política Internacional de la Universidad Johns Hopkins, remarcó la necesidad de terminar con una relación que, a su juicio, es anómala. “Promover un diálogo normal con Cuba tendría que ser una obligación para Estados Unidos. Nuestro objetivo ya no es derrocar al gobierno cubano”, señaló, insistiendo en que Washington tiene que ir más allá de estas medidas. Sin embargo, tras los anuncios oficiales, los funcionarios de Washington se encargaron de explicitar la justificación oficial de las medidas. De acuerdo con Gibbs y Restrepo, el levantamiento de las restricciones debía entenderse únicamente como una medida de alivio dirigida hacia el pueblo cubano. “Las medidas no van dirigidas al gobierno de La Habana, sino a mejorar las condiciones de vida de los cubanos”, enfatizó Restrepo, quien pidió además al gobierno cubano que no interfiera con los envíos, insistiendo en que el objetivo es promover espacios de libertad política y participación activa de la sociedad civil en la isla. “Queremos que la población sea menos dependiente del gobierno”, precisó a su turno Gibbs.

Consultado acerca de si las medidas habían estado motivadas por alguna clase de presión por parte de los mandatarios latinoamericanos, Gibbs negó esta opción categóricamente, precisando que las actuales decisiones constituyen apenas el cumplimiento de una promesa electoral. “Es el cumplimiento de una promesa del presidente en su campaña hace poco menos de un año. Algunos pueden pensar que esto se está haciendo para apaciguar diversas presiones en el hemisferio, pero les aseguro que se está haciendo, simplemente, porque se considera pertinente”, remarcó.

El predecesor de Obama en la Casa Blanca, George W. Bush, había restringido en el 2004 los viajes de los familiares a Cuba a uno cada tres años, imponiendo una duración máxima de quince días y estableciendo un límite en el envío de dinero de 300 dólares cada tres meses.

Además, bajo la última administración republicana, el número de cubanos residentes en Estados Unidos autorizados a viajar había disminuido considerablemente, ya que Bush había limitado la definición de familiar cercano únicamente a los parientes directos, no pudiendo visitar la isla quienes no tuvieran la posibilidad de contar con un familiar de este tipo, único argumento válido para justificar el desplazamiento.

En tiempos de Barack Obama, estas limitaciones se terminaron. Los anuncios de ayer completaron, por ahora, una serie de políticas tomadas a lo largo de los últimos meses que flexibilizaron progresivamente las posturas de Washington hacia La Habana.

En mayo de 2008, cuando sólo era un aspirante a la candidatura demócrata, Obama había adelantado sus intenciones. “Es tiempo de dejar que los cubanoestadounidenses vean a sus padres y madres, sus hermanas y hermanos. Es hora de dejar que el dinero de los cubanos estadounidenses fluya libremente hacia la isla en beneficio de la población”, había señalado desde Miami.

Luego, en marzo pasado, el Congreso norteamericano dio un duro golpe a las restricciones impuestas por Bush al prohibir la utilización de fondos públicos para restringir los viajes de cubanoestadounidenses a la isla, además de ampliar su frecuencia, así como la definición de familiares cercanos. Lo que ocurrió ayer fue el golpe de gracia.

Desde el punto de vista constitucional, el asunto fue simple: puesto que el programa de restricciones había sido establecido por decreto presidencial, estaba dentro de las facultades del presidente anularlo parcial o completamente mediante otro decreto.

No obstante, no sucede lo mismo con el embargo propiamente dicho, puesto que en este caso la potestad de anular el complejo entramado de medidas que lo conforman pertenece al Capitolio y no al Poder Ejecutivo.

El mismo Robert Gibbs se encargó de confirmar este punto al señalar que este no era un objetivo del mandatario. “El presidente Barack Obama no tiene previsto levantar el embargo comercial contra la isla vigente desde 1963, hasta tanto La Habana no dé muestras de democratización”, afirmó.

Y es que más allá de la facultad exclusiva del Poder Legislativo, la Ley Helms-Burton de 1996, que endureció aún más el embargo económico, comercial y financiero contra Cuba, establece que mientras un miembro de la familia Castro esté en el poder, el presidente de Estados Unidos no podrá decidir el fin de esta medida coercitiva.

En diciembre pasado, los líderes latinoamericanos reunidos en Brasil con ocasión de la cumbre del Grupo Río pidieron unánimemente el fin del embargo contra la isla. Entre el 17 y el 19 de abril, en la V Cumbre de las Américas a celebrarse en Trinidad y Tobago, el reclamo, se sabe, será el mismo. Quizá sólo reste esperar.