Desde Nueva York

A quien quisiera verlo, Dios le envió dos claras señales a la puerta de su casa alertando sobre la crisis que se iba armando en los Estados Unidos. La primera fue cuando la oferta de flamantes tarjetas de crédito saturó los buzones de consumidores que a duras penas podrían cumplir las condiciones que aceptaban de inmediato a lo largo y ancho del país. La segunda fue cuando, súbitamente, esas invitaciones para sumarse sin costo alguno al mundo del consumo desapareció de la correspondencia de cada día. Pocas historias expresan la sobreexpansión del consumo de los últimos 15 años tan bien como el círculo perfecto del auge y colapso del consumo con tarjeta, antesala de la crisis más importante desde la Depresión. De ahí que el presidente Barack Obama haya hecho de la regulación de las tarjetas de crédito su primera ley importante por fuera del paquete de estímulo. Y de ahí que valga la pena preguntarse si la misma ley que firmó la última semana aliviando las presiones financieras para millones de trabajadores, al mismo tiempo no está generando las mejores condiciones para repetir los mismos pasos que condujeron al colapso.

Obama presentó la ley (“declaración de derechos de los consumidores con tarjetas de crédito) el viernes último, montado sobre un apoyo casi unánime del Congreso y las asociaciones de consumidores. No es poca cosa para un gobierno cuyo vicepresidente, Joe Biden, ha sido el más férreo defensor de las compañías de tarjetas de crédito (en su mayoría con sede legal en su estado, Delaware). Hasta la cadena Fox, quizás el enemigo más articulado al gobierno de Obama, dio a entender su apoyo a la ley, “porque al fin y al cabo, el populismo es como las agujas de un reloj descompuesto, que aunque no funcione da la hora exacta dos veces al día.” Tanta unanimidad y tan poca resistencia deberían servir para despertar sospechas sobre sus alcances. En verdad, la ley sólo es imaginable en el clima del último año, más simpático a la intervención directa del Estado y a la mayor regulación de la vida económica, pero tiende a controlar una variedad de abusos difíciles de defender. A Obama le permite arrancar con un gol de ventaja para encarar en el verano norteño reformas que serán infinitamente más difíciles, sobre todo las referidas al sistema de salud.

La ley, que entra en vigencia a lo largo de este año, limita los tiempos y montos en los que las compañías pueden incrementar los intereses sobre las deudas con tarjeta, extiende y facilita las formas de pago de las mismas, pone condiciones a las penalidades contra los morosos y permite a éstos agrupar sus deudas de la forma más económica (es decir, en función de las tasas más bajas). Más allá de las deudas, también obliga a las empresas a una mayor información sobre sus costos y establece más límites para el otorgamiento indiscriminado de tarjetas a menores de 21 años, un nicho privilegiado del mercado de tarjeta, justamente por su propensión a endeudarse.

La nueva ley mejora la estructura de gastos de millones de endeudados, en su enorme mayoría trabajadores. Esta semana, el gobierno difundió hasta el hartazgo el dato de que el 80 por ciento de los norteamericanos tienen tarjetas de crédito, y cerca de la mitad acarrea deudas de distinto tipo. Mirado de cerca, el mapa es un poco menos catastrófico. Las tarjetas con deuda llegan al 45 por ciento del total de tarjetas, y aunque la deuda promedio es de 9000 dólares, la media ubica al 50 por ciento de esas deudas cerca de los 2000 dólares. En blanco sobre negro, sólo un 15 por ciento de los norteamericanos tienen tarjetas con deudas superiores a los 2000 dólares, algo que difícilmente pueda ser descripto como una catástrofe nacional. Para esos 45 millones de norteamericanos, los beneficios de esta ley son inmediatos. Y también lo serán para otros tantos millones que destinan parte de sus ingresos a pagar tasas y adicionales que las compañías incluyen en la ya famosa letra chica del contrato. Pero para la economía norteamericana en general, el impacto del endeudamiento para adquirir propiedades, autos y educación es muchísimo mayor.

La regulación de las tarjetas, más bien, puede ser una oportunidad para revisar en el largo plazo las pautas de consumo generales que mueven a los Estados Unidos, marcadas por un sistema de ofertas que no invita a ahorrar en las compras sino a gastar más de lo previsto. No es casual que la otra papelería que satura los buzones y que ha sobrevivido a la desaparición de las tarjetas son los cupones, un mundo de talonarios que permiten comprar con descuentos en negocios de todo tipo. En cualquier casa norteamericana que se precie, la conversación sobre un nuevo televisor, un juego de platos o una cena afuera sólo prospera cuando se despliegan sobre la mesa una multitud de cuponcitos que en su conjunto pueden reducir hasta un 30 por ciento del precio del producto en cuestión.

El funcionamiento de los cupones en la economía doméstica es similar al de los incentivos que ofrecen las tarjetas: empieza por incrementar la capacidad de compra del salario real con descuentos y ofertas y termina por destruirlo mediante un incremento del consumo y una disminución de la capacidad de ahorro. En una perversión intrínseca al calvinismo norteamericano, lo que inicialmente aparece como una forma de consumo prudente y ahorrativa, sigue con un foco en cuidar la capacidad de compra de los ingresos y termina por erosionar la prudencia inicial en favor de una expansión del consumo por arriba de lo originalmente previsto. No por nada la empresa Valpak (una de las grandes distribuidoras de cupones en Nueva York) se vanagloria de que el término “coupons” registre más búsquedas en Google que “Britney Spears,” el nombre propio que reina entre los buscadores de Internet.

La verdad es que para Obama lidiar con la voracidad del consumo puede resultar mucho más difícil que regular las tarjetas. En el acto del viernes, el presidente dijo que la nueva ley “no significa un apoyo” a aquellos que “han incurrido en un gasto imprudente” al “comprar más que lo que pueden pagar... Quiero ser claro en esto: no perdonamos ni condonamos a aquellos que han actuado irresponsablemente”. Es decir, a los beneficiarios inmediatos de la ley. La muletilla obamiana se monta sobre una idea que difícilmente él comparta, según la cual todos ingresan al mercado y toman sus decisiones de consumo con igual grado de libertad e información. Y se hace eco, de paso, de una gran cantidad de voces que predicen que el colapso de este año cambiará por sí mismo los patrones de consumo norteamericanos a favor de mayor prudencia y menor despilfarro.

La ilusión de que el efecto disciplinador de una crisis es más poderoso que la imponente tendencia a reproducir las mismas conductas es común en estos casos. Lamentablemente, países expertos en crisis recurrentes como la Argentina muestran un futuro menos esperanzador. Bajo una variedad de regímenes en los ‘80, los ‘90 y el 2005, siempre alcanzaron unos pocos meses de estabilidad y recuperación del salarial real para descubrir súbitamente una necesidad casi física de reequipar el living familiar, incorporar la filmadora al blog del joven emprendedor o adquirir el iphone aun antes de que en la Argentina funcione. Lo que en Estados Unidos se llama “coupons” en Argentina se llama comprar en el exterior: al amparo de la apertura promovida por el Estado, o eludiendo las regulaciones que el mismo procure imponer, centenares de miles se vuelcan periódicamente a adquirir en Miami o Nueva York bienes más baratos que en Buenos Aires, a fin de poder expandir el consumo más allá del cálculo original. Si de algo sirve la experiencia de reincidir rutinariamente en crisis económicas, es para saber que no importa cuán mal se vean las cosas, siempre se puede estar peor.