La dictadura militar de Myanmar, la ex Birmania, condenó ayer a 18 meses más de prisión domiciliaria a la líder opositora y Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi. La Junta militar que gobierna el país asiático desde hace más de 40 años se aseguró así de que Suu Kyi, presa durante más de 15 de los últimos 20 años por luchar a favor de la democracia y los derechos humanos en su país, no tenga ninguna posibilidad de participar en las próximas elecciones que el régimen tiene previstas para mayo del 2010. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió ayer de urgencia para evaluar la medida. La condena internacional fue unánime.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, fue contundente. “Exigimos la liberación inmediata e incondicional de Aung San Suu Kyi”, señaló el mandatario desde Washington. “Nunca debió ser juzgada ni condenada”, aseguró a su turno Hillary Clinton, su secretaria de Estado. Desde Europa, el mensaje fue idéntico. El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, calificó la condena de “injusta” y “brutal” y llamó a incrementar las sanciones contra el régimen. El primer ministro de Gran Bretaña, Gordon Brown, tildó al proceso de “farsa” y dijo que era inaceptable.

Pero la Junta que comanda uno de los regímenes más cerrados del planeta no suele prestar oídos a los reclamos de la comunidad internacional. Suu Kyi ya cumplía prisión domiciliaria y debía haber sido liberada durante el último mes de mayo. Sin embargo, algo extraño ocurrió. John Yettaw, estadounidense de visita en el país, cruzó nadando el lago que conduce a la casa de la Premio Nobel y pasó allí dos días. La dictadura, responsable de garantizar el régimen de aislamiento de la activista, culpó a Suu Kyi de violar los términos de su prisión domiciliaria. De ahí el proceso que culminó ayer.

Según el argentino Tomás Ojea Quintana, relator especial de la ONU para los derechos humanos en ese país, la condena era previsible. “El juicio fue absolutamente fabricado. El régimen cerró aún más sus puertas”, afirma el funcionario de la ONU. Suu Kyi fue condenada a tres años de prisión con trabajos forzados, pero el general que preside la Junta, Than Shwe, le conmutó inmediatamente esa pena a 18 meses de arresto domiciliario, al igual que al norteamericano Yettaw. De acuerdo con el dictador, el motivo fue que la condenada es hija del general Aung San, héroe de la independencia birmana asesinado en 1947. “Ese cambio en la condena, lejos de ser un gesto humanitario, lo único que demuestra es la arbitrariedad de todo el proceso, además de la falta absoluta de independencia por parte de la Justicia”, denuncia Ojea Quintana.

Las elecciones que la dictadura tiene previstas para mayo del 2010 también fueron un buen motivo para sacar a la líder de la Liga Nacional por la Democracia del medio. No obstante, según el funcionario de la ONU, no cabe esperar mucho de esos comicios. “Más allá de que ella no participe, lo más probable es que no exista ninguna clase de garantías ni observadores internacionales. Además, según la nueva Constitución, dos tercios de los cargos del nuevo Parlamento estarán reservados para los militares”, agrega.

La dictadura de Myanmar, en el poder desde 1962, hace más de diez años que es condenada de manera sistemática por las potencias occidentales, con particular intensidad desde la represión a los monjes budistas en el 2007 que marchaban a favor de la democracia. Y eso, según el argentino, no parece tener efecto alguno en sus dirigentes. “A nivel económico, con las sanciones, el pueblo es el que paga las consecuencias. Y a nivel político, lo resisten bastante bien”, explica Ojea Quintana en diálogo telefónico con Página/12.

Y es que, según detalla el relator, China suele ejercer su poder de veto cada vez que el Consejo de Seguridad de la ONU trata de aplicar sanciones. Más allá del tráfico de opio y de madera, Myanmar posee importantes reservas de gas. Beijing es uno de sus principales clientes.

Informe: Martín Suaya.