Tomás Ojea Quintana tiene apenas 39 años, pero ya lleva más de diez vinculado con la defensa de los derechos humanos. Como abogado trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, en Argentina, se forjó con expedientes vinculados con las torturas del ex comisario Luis Abelardo Patti hasta llegar a trabajar junto a las Abuelas de Plaza de Mayo en el caso de la nieta recuperada María Eugenia Sampallo Barragán, la primera en hacerle juicio a sus apropiadores. En febrero de este año viajó por última vez a Myanmar en su calidad de relator especial de la ONU para los derechos humanos en ese país. Allí visitó las cárceles de la dictadura y pudo conversar con algunos de los más de dos mil presos políticos actualmente detenidos.

–A la luz de su experiencia con víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina, ¿existe un patrón en común entre un preso político argentino y uno birmano?

–Absolutamente. En ambos casos se trata de un militante, de una persona que sale a luchar por derechos que le son negados. La dictadura de Myanmar actúa con una lógica muy similar a la doctrina de la seguridad nacional que aplicaba la dictadura argentina. Si usted piensa, dice o hace algo que ellos consideren que pone en peligro la seguridad del Estado, se lo mete preso.

–¿Y se lo tortura también?

–Muchos de los presos políticos actuales fueron encarcelados tras las protestas masivas que ocurrieron en el 2007 lideradas por los monjes budistas (lo que se conoció como la Revolución Azafrán, por el color de sus túnicas). Y, en las primeras semanas tras los arrestos, sí hubo denuncias de interrogatorios con torturas. Pero es distinto a lo que sucedió en Argentina.

–¿En qué sentido?

–No existe todo un aparato clandestino de represión para torturar y desaparecer personas al margen de lo que se ve en la superficie. La dictadura busca aparentar una fachada de pseudo legalidad y el sistema carcelario es lo que se ve.

–Desde la escalada represiva tras las protestas en el 2007, ¿la situación está más calmada?

–En algunas partes del país. Pero en la provincia de Kayin existe un conflicto armado de tipo étnico liderado por la población cristiana que lucha por la secesión y de allí están llegando denuncias gravísimas de violaciones masivas a los derechos humanos. Lo que se busca ahora es juzgar a los militares por esa situación en la Justicia internacional. No parece fácil. Por ahora incluso visitan países vecinos y son recibidos como jefes de Estado. Es una región muy acostumbrada a las dictaduras.

Entrevista: M. S.