Seguramente Manuel Zelaya nunca imaginó que un día su país ocuparía un lugar central en la agenda internacional. Honduras ya es no sólo una referencia obligada en las reuniones de la OEA y las cumbres de Unasur. Importantes presidentes se han ocupado del tema esta semana en la Asamblea General de Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad y, aunque no lo hicieron en público, también en la cumbre del G-20. Hasta los presidentes africanos podrían sumar su condena al golpe en la cumbre sur-sur que empezó ayer en la Isla de Margarita.

Pero a pesar de las presiones de la comunidad internacional, que a partir de esta semana incluye la amenaza del uso de fuerza, la dictadura sigue en pie, sin fisuras aparentes y sin ceder ni un ápice en su postura negociadora. La única concesión que está dispuesta a hacer es la misma de siempre: ofrece la renuncia del dictador Micheletti para que sea reemplazado por un títere del régimen hasta que el nuevo presidente electo asuma en enero. A cambio exige nada menos que la legitimación de las elecciones de noviembre para así dar por terminada la crisis. Por suerte la comunidad internacional no compró. Entonces la dictadura juega a estirar la situación para acortar el mandato de Zelaya, el presidente derrocado hace ya tres meses, ante la eventualidad de una improbable restitución.

Aunque la situación política de Honduras en lo sustancial no ha cambiado, o no todavía, hubo dos novedades importantes esta semana que aumentaron de manera significativa la presión sobre el régimen golpista. La primera, claro, es la aparición de Zelaya en la embajada brasileña. La segunda es la intervención del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas exigiendo respeto por la integridad territorial de esa sede diplomática.

La versión oficial que difundió Itamaraty dice que Zelaya se apareció en la embajada sin aviso y golpeó la puerta. La realidad es muy distinta. Lo dice el sentido común y lo confirman dos fuentes muy bien informadas, una en Washington y otra en Brasilia. En realidad se trató de una iniciativa brasileña para torcer el rumbo de una situación que se le escapaba de las manos. Zelaya, asegura una de esas fuentes, se mantuvo en contacto permanente con autoridades brasileñas, desde que inició su retorno hasta que llegó a la embajada. Incluso algunas de esas comunicaciones habrían sido interceptadas y no sería extraño que se den a conocer en un futuro no muy lejano.

Tampoco parece probable que la movida brasileña sea una respuesta política a la instalación de bases estadounidenses en Colombia, o el tan mentado relanzamiento de la IV Flota de la Armada norteamericana. Estados Unidos tenía conocimiento previo y había aprobado la movida brasileña, confirman las fuentes. Ambos países han coordinado sus movimientos a lo largo de toda la crisis y esa coordinación se hizo aún más evidente desde la vuelta de Zelaya.

El de Washington fue uno de los primeros gobiernos en reclamar respeto por el santuario diplomático brasileño. Además, la embajada estadounidense fue la primera en mandar víveres cuando los golpistas le cortaron el agua y la luz al refugio del presidente derrocado, informa una fuente hondureña instalada en la embajada brasileña. Además, para no dejar dudas, el canciller brasileño Celso Amorim se apuró en aclarar que Brasil no asumiría un rol de mediador en el conflicto, sino que ese rol quedaba en manos del delegado de Estados Unidos, Oscar Arias, presidente de Costa Rica. También negocian el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza; el embajador estadounidense en Tegucigalpa, Hugo Llorens, y últimamente se han sumado a la mesa representantes del Centro Carter, la ONG liderada por el ubicuo ex presidente estadounidense. Todos ellos tienen línea directa con el Departamento de Estado.

La movida de Zelaya es más bien fruto de un acuerdo entre Brasilia y Washington en sintonía con los principales discursos de política exterior pronunciados por Obama desde que llegó a la Casa Blanca. Tanto en la cumbre del G-20 en Londres como en la cumbre de la OTAN en Estrasburgo, el presidente estadounidense dijo que su país ha perdido influencia y ya no puede ser la policía del mundo, por lo que la nueva política de seguridad internacional consiste en forjar alianzas estratégicas con potencias afines en las distintas regiones del mundo.

Pero la alianza estratégica Estados Unidos-Brasil no empezó con Honduras ni tampoco con Obama. Según documentos recientemente desclasificados, ya en la década de los ’70 Kissinger lo instaba a Nixon a apoyar a la dictadura brasileña para que coordinara la lucha antiguerrillera en toda la región. Y fue Lula quien consoló en su tierra a George W. Bush después de la paliza que éste recibiera en la cumbre de Mar del Plata del 2005. Y fue Lula quien dos años más tarde volvió a recibir a Bush para acordar un reparto del incipiente mercado mundial de biocombustibles.

Lo que nadie discute es que Brasil dio un paso importante esta semana para reafirmar su rol de potencia emergente y líder regional. “Esto es Brasil potencia, Brasil interlocutor mundial, Brasil marcando un rol predominante que consolida su esfera de influencia en América latina”, dice admirada la fuente diplomática con sede en Washington.

En realidad, el proyecto de integración regional liderado por Brasil en la última década terminaba en el estrecho de Panamá, ante la evidencia de que México, Centroamérica y el Caribe habían caído irremediablemente bajo la esfera de dominio hegemónico de Estados Unidos. Siendo Estados Unidos el destinatario casi exclusivo de las exportaciones y los flujos migratorios de esos países, y fuente de las remesas y la asistencia crediticia que sostienen a sus economías, era difícil imaginarse cómo países como Honduras podrían sumarse a un bloque regional con pretensiones autonómicas, como el que soñaba Lula. Por eso Brasil privilegió a la Unasur sudamericana como instrumento de integración en desmedro del Grupo Río latinoamericano.

Pero tal como sucedió en los ’80, cuando Brasil integró el Grupo Contadora, ahora vuelve a intervenir en Centroamérica por la sencilla razón de que los acontecimientos que ocurren allí afectan irremediablemente a sus vecinos sudamericanos, por causa de las raíces políticas y culturales compartidas. Algo similar ocurre en el Caribe, donde en la década pasada Brasil aceptó, a pedido de Washington, asumir el mando de la misión militar multilateral que aún interviene en Haití. Brasil no aceptó la misión para extender su influencia sobre el país más pobre de las Américas, sino para evitar el pésimo ejemplo de otra invasión yanqui en la región, aunque sea para pacificar a un país en estado de guerra civil, como era entonces Haití.

La segunda novedad de la semana con respecto a Honduras es consecuencia de la primera: el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tomó el tema a pedido de Lula e intimó a los golpistas a que cesen las agresiones contra la embajada brasileña. El dato no es menor. “Al entrar en el Consejo de Seguridad, el tema entró en la habitación del capítulo séptimo”, graficó la fuente diplomática, haciendo referencia a la cláusula que habilita una intervención militar bajo el paraguas de la ONU, que sólo puede ser invocada por un acuerdo del Consejo.

Para el veterano diplomático afincado en Washington, esto significa pasar del intento de convencer a los golpistas invocando principios democráticos, a la amenaza lisa y llana de una invasión. Fidel Castro lo entendió más rápido que nadie y un día antes de la resolución del Consejo, disparó un editorial en Cubadebate argumentando en contra de la solución militar.

Semejante desenlace suena descabellado pero no habría que descartarlo. El regreso de Zelaya tenía dos objetivos posibles. El primero sería provocar una pueblada que derrumbe el régimen. Pero si no lo pudo hacer el mes pasado, cuando fue a la frontera, cerca de las zonas rurales donde Zelaya tiene su principal base de apoyo, difícilmente lo logre en la capital, donde los golpistas cuentan con la simpatía de buena parte de la población, y donde se concentran las fuerzas encargadas de reprimir a los manifestantes.

El otro objetivo posible es provocar un ataque golpista a la embajada brasileña, que a su vez provoque una respuesta militar de fuerzas extranjeras que despejarían el camino para la restitución de Zelaya. No es la estrategia ideal, como dice Fidel, pero parece estar funcionando mejor que el operativo clamor, al menos en el plano discursivo. De ahí la importancia del pronunciamiento del Consejo de Seguridad. Atacar una embajada bancada por la máxima instancia de la ONU parecería una actitud suicida, pero la torpeza de los golpistas no tiene límites. Alguien debería explicarle al dictador Goriletti que ningún gobierno, mucho menos el suyo, tiene derecho a bombardear una embajada con gases tóxicos. Eso se llama pasarse de rosca, cruzar la raya. Cuando los nenes del Consejo de Seguridad salgan de su estupor, seguramente harán algo para que Goriletti no se la lleve de arriba.

Probablemente será una nueva amenaza, una amenaza más explícita. Pero el problema con las amenazas es que no suelen surtir efecto si quienes las lanzan no están dispuestos a concretarlas. Estados Unidos no ha tenido intervenciones militares unilaterales en la región desde la invasión de Panamá en 1989, si por intervención militar se entiende tirar tiros y no ocupar bases, armar flotas, realizar ejercicios militares, apoyar golpes, etc., etc. Según una fuente del Departamento de Estado consultada el mes pasado, esa no intervención militar directa y unilateral es una política de Estado que todos los presidentes estadounidenses han respetado, de Bush padre a esta parte.

La Organización de Estados Americanos sirvió de pantalla para los Marines que invadieron Santo Domingo en 1965, pero en la actualidad no existe ninguna disposición en el sistema de la OEA que contemple el uso de la fuerza. Si algo demostró este golpe es que la Carta Democrática del organismo interamericano no sirve para restituir a un gobierno constitucional derrocado por un golpe de Estado, justamente porque la Carta carece de capacidad coercitiva. En cambio el consejo de la ONU sí la tiene, el famoso capítulo séptimo, pero cuando la usó lo hizo para intervenir en conflictos armados, no para resolver crisis institucionales, mucho menos en un pequeño país como Honduras. Por lo tanto, llegado el caso, el Consejo tendría que desarrollar mecanismos de aplicación para el uso de fuerza que se adapten a la presente situación y que tengan en cuenta que ni Estados Unidos ni la Unasur aceptarían el despliegue de tropas extrarregionales en América latina.

Que hoy se esté hablando y, peor, pensando seriamente en una opción militar para Honduras demuestra hasta qué punto Goriletti y sus secuaces han logrado despertar a los fantasmas del pasado. Ya no hay espacio para soluciones buenas. Si llegan a las elecciones, los golpistas habrán triunfado. El golpe correctivo a plazo fijo se habrá convertido en un golpe clásico que se prolonga en el tiempo indefinidamente a través de un gobierno avalado por una elección ilegítima. Si se negocia un acuerdo que no incluye la vuelta de Zelaya con plenos poderes, también ganaron los golpistas. Si vuelve Zelaya por la fuerza, la opción militar volverá a ser viable en la región más pacífica del mundo.

Lo menos peor que puede pasar es que las amenazas del Consejo funcionen y que Zelaya vuelva por las buenas, por así decirlo. Pero aun así, el costo será inmenso: hundido en Honduras, el pomposamente nombrado “sistema interamericano”, las instituciones que lo integran y la Carta Democrática que lo gobierna habrán demostrado su patética debilidad.

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