Desde París

Los conjurados que participaron en el montaje del caso Clearstream empiezan a ver pasar sobre sus cabezas la guillotina de la Justicia. El Ministerio Público pidió ayer 18 meses de cárcel con suspensión de pena –sin ingreso en la celda– y 45.000 euros de multa contra el ex primer ministro francés Dominique de Villepin.

El ex jefe de gobierno es la personalidad política más alta implicada en este escándalo, cuyo propósito central no era otro que, en el curso del año 2004, desacreditar al actual presidente francés, Nicolas Sarkozy, a fin de cerrarle las puertas a la candidatura de la derecha de cara a las elecciones presidenciales de 2007. El método consistió en maquillar listas de cuentas bancarias y hacer aparecer en ellas nombres de personalidades políticas, entre ellas el de Sarkozy, que supuestamente tenían cuentas abiertas en la empresa luxemburguesa Clearstream alimentadas con dinero producto del pago de comisiones por la venta de armas a Taiwán en 1991.

El fiscal consideró que durante “el verano 2004, Dominique de Villepin va a tomar conciencia de la manipulación” y, “con su silencio”, se convertirá “en cómplice” de la misma aportando su caución a otro de los inculpados, Jean-Louis Gergorin, el ex vicepresidente del grupo aeronáutico EADS. Por esta razón, el otrora hombre fuerte Dominique de Villepin aparece como culpable de “denuncia calumniosa”.

En una de sus ya habituales salidas teatrales, De Villepin dijo ayer: “Nicolas Sarkozy había prometido colgarme del gancho de un carnicero, veo que se cumplió la promesa”. El Ministerio Público pidió 18 meses de cárcel para el matemático Imad Lahud, que manipuló las listas, y la misma pena para Jean-Louis Gergorin, que, entre otras delicadezas, las hizo llegar a la Justicia mediante cartas anónimas. Gergorin, que aparece como el cerebro de esta maquinación, reconoció que, bajo las órdenes de Dominique de Villepin, había transmitido a la Justicia las falsas listas bancarias. A su vez, Imad Lahud admitió que las había fabricado.

El ex jefe de gobierno se defendió en este primer capítulo de su posible condena diciendo que el fiscal “no ha dicho la realidad de los hechos, tampoco creo que haya dicho la verdad del derecho”. El abogado de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog, estimó por su parte que la pena pedida por el Ministerio Público era “una demostración implacable” de la complicidad de De Villepin.

El ex responsable se expone a una pena de hasta cinco años de cárcel, diez años de inhabilitación política y al pago de una multa por este caso, en el que se lo acusa de “complicidad en denuncia calumniosa”. Sin embargo, el fiscal no ha solicitado la inhabilitación política. El tribunal dará a conocer su sentencia a principios del año que viene.

A lo largo de las audiencias, la responsabilidad de Dominique de Villepin fue saliendo progresivamente de las sombras. De Villepin y su abogado jugaron siempre la carta del juicio político, organizado según ellos por Sarkozy. Sin embargo, poco a poco, los testimonios se fueron acumulando en su contra para colocarlo en la posición de quien desde el principio estuvo al corriente y alimentó el escándalo detrás del telón. Este capítulo de la guerra entre dos hombres por el poder está lleno de paradojas. El hecho de que el mismo presidente francés sea a la vez jefe del Estado, o sea, imposible de juzgar o de convocar en un tribunal, y parte querellante es una de ellas.

La otra concierne a la personalidad de los acusados e implicados. Además de los testimonios de Imad Lahud –el informático experto en cristología– y de Jean-Louis Gergorin, el dirigente de la multinacional EADS, el hilo conductor más contundente de la acusación son las notas personales tomadas y conservadas en la computadora de su casa –¡qué aficionado!– por el general Philippe Rondot. Este ex militar, célebre miembro de los servicios secretos franceses que en 1994 capturó en Sudán al terrorista Carlos, demolió en el tribunal la defensa de De Villepin.

Rondot confirmó ante la Justicia lo que decían sus notas; que en enero de 2004 fue convocado por primera vez a la oficina de Dominique de Villepin –en ese entonces ministro de Relaciones Exteriores– para evocar el tema de la lista con las cuentas abiertas en Clearstream. Rondot repitió que, en ese momento, De Villepin habló de “instrucciones” dadas por el entonces presidente Jacques Chirac para que el caso Clearstream siguiera su camino. El antagonismo entre Sarkozy y De Villepin ha sido dos veces fatal para el ex jefe del Ejecutivo. La primera cuando no consiguió su sueño de ser candidato a la presidencia. La segunda ayer, cuando escuchó las penas pedidas por el Ministerio Público.