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Un grupo de jefes de Estado y líderes políticos africanos, convocados en Cotonou (Benin) por la Fundación Chirac, ha lanzado un llamamiento internacional contra el comercio de medicamentos falsificados: un tráfico criminal que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ocupa el 10 por ciento del mercado farmacéutico mundial, produce un volumen anual de negocios ilegales en torno de los 45.000 millones de euros y causa más de 200.000 muertes en países empobrecidos cada año.

Nadie podría discutir la necesidad de luchar contra esa forma de piratería con mayores medios que los empleados en combatir mundialmente al comercio fraudulento de películas en DVD, CD de música y programas informáticos o imitaciones de ropa de marca. Sin embargo, no se le presta la atención debida, ni las grandes corporaciones farmacéuticas aportan unos recursos semejantes a los que invierten contra la piratería las grandes compañías textiles, las empresas discográficas o los estudios de Holly-wood. Razón: ese mortífero negocio se centra en naciones que carecen de los recursos mínimos para ser consideradas como clientes potenciales de productos farmacéuticos legales.

Hay que apoyar el llamamiento de la organización creada por el ex presidente francés. Pero enseguida hay que criticarlo por insuficiente. Porque no basta con denunciar el tráfico de medicamentos falsos sin señalar la causa principal que lo alimenta: existe una demanda de productos básicos para la salud –antibióticos, antipalúdicos, analgésicos– por parte de poblaciones cuyo limitado poder adquisitivo les impide pagar los altos precios fijados por las grandes corporaciones químicas y que constituyen presas fáciles para los criminales que ofrecen falsificaciones a bajo precio.

Igualmente resulta encomiable que la fundación Chirac se proponga ayudar a que algunos Estados africanos se doten de laboratorios capaces de efectuar controles de calidad de medicamentos. Pero sería mucho más realista y eficaz que se esforzara en presionar a las compañías multinacionales farmacéuticas para que aplicaran precios justos a sus productos y no se opusieran tan fieramente a la fabricación de genéricos.

Amor Toumi, el director de Farmacia de la OMS, critica con dureza los abusivos márgenes de beneficio en el comercio legal de fármacos, que en algunos casos llegan a alcanzar el 20.000 por ciento. Pero la gran industria de la enfermedad ignora sistemáticamente cualquier planteamiento ético. Su única ley es el beneficio y sus consejos de administración sólo responden al principio de la rentabilidad. Los fabricantes legales se equiparan a los falsificadores en la falta de escrúpulos para hacer negocios con la salud de millones de seres humanos.