Si se trata de la dictadura de Honduras, nada puede darse por seguro hasta que efectivamente ocurra. Hace tan sólo 72 horas el acuerdo alcanzado entre los representantes del presidente legítimo Manuel Zelaya y los del dictador Roberto Micheletti hizo pensar que se había zanjado la resolución de la crisis política. El texto, en su artículo quinto, abrió la puerta a un acuerdo y delegó en el Congreso Nacional la facultad de restituir al mandatario derrocado en su cargo, posibilidad hasta entonces vetada por el régimen. Para los zelayistas, había quedado en claro que ello iba a suceder, única forma posible de legitimar las próximas elecciones del 29 de noviembre ante la comunidad internacional. “El acuerdo político alcanzado tiene un solo objetivo: revertir el golpe de Estado. Y para ello se establece explícitamente que se debe retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio pasado”, le dijo a este diario vía telefónica desde Tegucigalpa Rasel Tomé, asesor de Zelaya.

Para los golpistas, sin embargo, la versión es otra. Ayer diversos cuadros del régimen salieron a difundirla. “De ningún párrafo se puede deducir, ni directa ni indirectamente, que nosotros le haremos una propuesta al Congreso en uno u otro sentido”, disparó por la mañana el empresario Arturo Corrales, delegado de Micheletti en la Comisión Verificadora del Acuerdo. “Y todos aceptamos que la decisión, sea cual fuere, será vinculante”, agregó el hombre de confianza de la dictadura. Al cierre de esta edición, José Angel Saavedra, jefe del Congreso de facto, anunció que los legisladores se reunirían hoy mismo a las nueve de la mañana para debatir el asunto.

Martha Alvarado, vicecanciller de facto, fue igual de clara a la hora de negar que se hubiera acordado la restitución de Zelaya, e insistió con el asnuto. En diálogo telefónico con Página/12 desde la capital hondureña, la funcionaria de Micheletti insistió con el argumento. “El acuerdo es muy claro y lo único que establece es que la restitución o no del señor Zelaya queda en manos del Congreso, que a su vez tiene que consultarlo con la Corte Suprema de Justicia. No se especifica nada más”, afirmó con tono amable y tranquilo. Y aquí surge otro obstáculo más. Entre aquellos puntos que no se especificaron, según Alvarado, está la fecha en que el Congreso debería decidir sobre lo pactado por las delegaciones. “El subsecretario de Estado norteamericano, Thomas Shannon, fue claro: no hay fecha explícita”, le dijo la funcionaria de facto a este diario. Para las elecciones presidenciales faltan 26 días. Pero ayer ni siquiera ese acontecimiento parecía apurar a los golpistas: el Congreso hondureño, debido al período electoral, se encuentra en receso. “El Congreso es un órgano independiente. No sabemos cuándo va a reunirse”, afirmó Alvarado.

Para Zelaya fue demasiado. “Ninguna de las partes debe utilizar juegos sucios, estrategias dilatorias o medidas que nos hagan perder el crédito y el respeto que como pueblo merecemos ante la comunidad internacional”, aseguró el hondureño a través de un comunicado. “Si se va a la semántica literaria del lenguaje, ahí no van a encontrar la respuesta, pero la conciliación y el espíritu de concertación tienen que ver con que las partes en conflicto puedan armonizar sus intereses. Y el cargo de presidente no es algo que esté en discusión. Se tiene que cumplir con lo pactado”, sentenció el mandatario desde su refugio en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa.

Para que las palabras de Zelaya se cumplan y la decisión de restablecerlo en su cargo se tome antes del próximo jueves 5, fecha límite puesta por el mandatario, sus colaboradores trabajan contra reloj para sumar los apoyos de los legisladores y reunir los votos necesarios. Sobre 128 bancas del Congreso unicameral, se necesitan 65 votos. “De a poco estamos sumando apoyos, pero este asunto hay que manejarlo con mucho cuidado, como un paquete frágil que está envuelto y puede romperse en cualquier momento”, explicó vía telefónica el asesor presidencial Tomé.

Los votos con que cuentan los zelayistas, según le confió a este diario una fuente cercana al mandatario, son, hasta ahora, cerca de 30. La llave para resolver el asunto, afirma el colaborador, la tiene el candidato presidencial del Partido Nacional y favorito en las encuestas, Porfirio Lobo. “Su bancada tiene 55 votos. Con ellos se llegaría a la cifra necesaria. Debería ser el más interesado en que esto se arregle. ¿De qué le sirve a él asumir la presidencia en un país aislado del resto del mundo?”, razonó la fuente zelayista.

El diario español El País publicó en su edición de ayer que Lobo ya habría hecho un pacto con el gobierno de Washington –durante la visita de Shannon al país centroamericano– para dar su apoyo a la restitución de Zelaya y así legitimar las elecciones que eventualmente ganaría. Pero ayer el propio candidato desmintió en la prensa hondureña dicho acuerdo y aseguró que él no puede indicarles a los legisladores de su partido cómo deben votar. Hugo Llorens, embajador estadounidense en Tegucigalpa, también negó que hubiese cualquier pacto bajo la mesa.

“Esto es una cuestión moral y política, y nosotros no podemos obligar al gobierno de facto a hacer nada. Ellos saben cuál es su responsabilidad y cómo deben votar para sacar a Honduras de esta crisis profunda. Sólo Dios sabe lo que harán”, afirmó el colaborador de Zelaya.

Si bien al cierre de esta edición aún no estaba confirmado, hoy mismo algunos legisladores podrían comenzar a debatir el acuerdo.

Informe: Martín Suaya.