El ministro de Derechos Humanos de Brasil, Paulo Vanucchi, dijo ayer que renunciará si el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva da marcha atrás en su impulso a la investigación de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. “Soy un fusible removible, mi renuncia no sería un problema para Brasil”, señaló Vanucchi en una entrevista publicada ayer por el diario Fo- lha de Sao Paulo.

El ministro está en el centro de la polémica por ser el autor del Programa de Derechos Humanos que Lula envió al Congreso el 21 de diciembre y que postula la creación de una “comisión de la verdad” para investigar los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el régimen de facto que gobernó Brasil entre 1964 y 1985. Vanucchi se opone a que modifiquen su programa. “No puedo admitir que transformen el programa de DD.HH. en un monstruito político sin el apoyo de las Naciones Unidas ni de la Organización de Estados Americanos.”

Los comandantes de las tres Fuerzas Armadas calificaron la iniciativa como “revanchista”, aclararon que sólo la aceptarán si incluye también la investigación de los grupos guerrilleros que actuaron en esa época y advirtieron que, en caso contrario, renunciarán a sus cargos.

Según la prensa brasileña, el ministro de Defensa, Nelson Jobim, transmitirá mañana a Lula la posición de los comandantes militares, con la que está de acuerdo.

Vanucchi sostuvo que “no se puede poner en el mismo nivel a torturadores y torturados” porque “unos actuaron ilegalmente, con respaldo del Estado, y los otros fueron juzgados, presos, desaparecidos y muertos”. El ministro recordó que el propio Lula fue juzgado y condenado a tres años de prisión –pena revisada y no aplicada– por liderar huelgas en fábricas paulistas contra la dictadura militar, a partir de 1978.

Jobim y Vanucchi esperan la mediación de Lula, que regresará hoy al trabajo luego de sus vacaciones en las playas de Bahía y en el balneario paulista de Guarujá. “El presidente Lula es constructor de caminos intermedios; pero si no es posible, no puedo quedarme”, subrayó Vanucchi.

En tanto, el vicepresidente José Alencar expresó su rechazo a una eventual derogación de la Ley de Amnistía, que impide la apertura de procesos contra efectivos del régimen de facto, que causó unos 400 desaparecidos y miles de torturados. “Creo que los archivos deben ser puestos a disposición, como están ahora, pero estoy en contra de la modificación de la Ley de Amnistía” porque ésta “fue bien lanzada en la época y puso fin a aquel período”, dijo el vicepresidente al diario Jornal do Brasil.

La Ley de Amnistía se encuentra bajo análisis en el Superior Tribunal Federal (Corte Suprema), con un pedido de derogación hecho por la Orden de Abogados de Brasil (OAB). Esta institución sugirió la dimisión de Jobim y de los comandantes militares.

Por otra parte, Lula escuchará esta semana las quejas al capítulo agrario del Programa de Derechos Humanos por parte del ministro de Agricultura, Reinhold Stephanes, quien sostuvo públicamente que, de prosperar, el proyecto generará “inseguridad jurídica” al alentar, a su juicio, la ocupación de haciendas improductivas. “No estoy en contra del agronegocio, pero es necesario garantizar que no oprima, no viole y no asfixie a la agricultura familiar y al productor mediano”, comentó Vanucchi al respecto.

El Programa de Derechos Humanos causó también reacciones adversas en medios de comunicación, ya que postula un sistema de multas administrativas para ellos, y en la Iglesia Católica, pues contempla la despenalización del aborto, la unión civil entre homosexuales y la libertad para adoptar niños por parte de parejas homosexuales.

En cambio, tiene el apoyo de la Asociación de Jueces de la Democracia, que recolectó unas 11.000 firmas para respaldarlo, y del relator de la ONU Paulo Pinheiro, quien declaró que Brasil debe investigar su pasado y sostuvo que “los que hablan de revanchismo por hacer esto son los que extrañan a la dictadura”.