El presidente Fernando Lugo anunció finalmente que se levantará en la medianoche de hoy el “estado de excepción”, que desde hace un mes rige en el norte del Paraguay. La medida no sólo obtuvo magros resultados sino que, como el mismo mandatario reconoció, fue un retroceso para las actividades productivas de la región.

Desde la ciudad de Concepción, Lugo dijo el sábado a la prensa que la presencia militar se mantendrá en los cinco departamentos de Concepción, Amambay, Presidente Hayes, Alto Paraguay y San Pedro. Pero el jefe de Estado explicó que no hay consenso para que siga el “estado de excepción” dado que en la capital de Amambay, en Pedro Juan Caballero, el comercio se había visto afectado. Por lo que no pedirá al Poder Legislativo su prórroga. Sin embargo, no dudó en resaltar que la medida contaba con apoyo social. “Se ha hecho un análisis pormenorizado de la situación, y la ciudadanía está contenta con este mes que ha pasado”.

El Congreso aprobó el 24 de abril último el proyecto del Ejecutivo paraguayo, que incluyó la suspensión de algunos derechos individuales, la implantación del toque de queda y la posibilidad de efectuar allanamientos sin orden judicial en cinco provincias. La figura del “estado de excepción” está contemplada en el artículo 288 de la Constitución paraguaya pero, como la Carta Magna precisa, sólo puede implantarse ante casos de un conflicto armado internacional y de grave conmoción interior, que ponga en peligro el funcionamiento de las instituciones democráticas.

La sanción de esta ley se aceleró después de que en la localidad de Horqueta, al norte de Asunción, un policía y tres civiles resultaran muertos. El gobierno rápidamente le adjudicó el hecho al denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), integrado por una veintena de personas –según estiman algunos organismos de derechos humanos–. A esa misma organización se le atribuyó el secuestro de tres meses del ganadero Fidel Zavala, quien recién fue liberado en enero de este año. Según las autoridades guaraníes, el EPP sería una guerrilla marxista-leninista y con supuestos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Las siglas del EPP son empleadas por la propaganda gubernamental para presentarlos como “Enemigos del Pueblo Paraguayo”.

La administración de Lugo dará a conocer mañana un informe detallado con las acciones realizadas durante estos 30 días. En un comunicado divulgado la semana pasada, las autoridades afirmaron haber capturado a 148 personas y que 80 contaban con órdenes de detención, por lo que fueron puestas a disposición de la Justicia, aunque estas detenciones no necesariamente estuvieron vinculadas con el grupo guerrillero. Cuatro días atrás, se produjo el descubrimiento de un supuesto campamento del EPP aunque el Ministerio del Interior pidió cautela y no confirmó la información. No todo fue cauto lo actuado por las fuerzas. En un episodio tragicómico, militares y policías se enfrentaron en la madrugada del 9 de mayo. A balazos terminó ese día un cumpleaños de quince celebrado en la ciudad de Huguá Ñandú, cuando irrumpieron integrantes de las fuerzas armadas en busca de un integrante del EPP.

Dentro de las organizaciones sociales y los organismos de derechos humanos hubo repudio hacia la medida. Semanas atrás, Amnistía Internacional había llamado la atención del Ejecutivo porque no estaban determinados en el texto qué derechos iban a afectarse por esa medida. La Federación Nacional Campesina, que supo brindar su apoyo en otras iniciativas al gobierno de Lugo, desaprobó el estado de excepción. Por su parte, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) denunció que con esta medida sólo se corroboró la arbitrariedad que impera en el norte del país y que a través de esta figura legal se intentó justificar los abusos de las fuerzas de seguridad. “El estado de excepción fue declarado como un medio tranquilizante para una opinión pública que pedía seguridad”, declaró a Página/12 Juan Martens, referente de la Codehupy. Asimismo, destacó que no se registraron abusos mayores y que el organismo denunció unos cinco casos de privaciones ilegales de la libertad de pocas horas de duración.

En los últimos días trascendió la intención del gobierno de Lugo de modificar la ley de Seguridad Interna, que impide que los militares participen en cuestiones domésticas, habitual jurisdicción de las fuerzas policiales. “Es super peligroso porque se va a perpetuar una militarización y se les va a dar a próximos gobiernos una herramienta para la persecución de los disidentes”, explicó Martens sobre esa potencial modificación. El abogado insistió en que su organización reclama una reforma policial para acabar con la corrupción policial, uno de los tan habituales males latinoamericanos.

Informe: Luciana Bertoia.