La Contraloría General de Venezuela inhabilitó a dos ex gobernadores opositores para las elecciones legislativas de septiembre próximo. Manuel Rosales y Ramón Martínez fueron sancionados por violar las normas de la Ley Anticorrupción. Según explicó la Contraloría, los dos dirigentes “incumplieron reiteradamente la obligación de presentar su declaración jurada de patrimonio correspondiente al ingreso y cese de sus funciones públicas”, según señaló en un comunicado. El dictamen de la Contraloría inhabilitó a Rosales y Martínes a ejercer cualquier cargo público de ocho a doce meses.

Rosales fue el último rival electoral del presidente Hugo Chávez y durante muchos años fue el principal líder de la oposición en Venezuela. Fue gobernador de Zulia, el estado más rico y antichavista del país, y hoy se encuentra prófugo de la Justicia venezolana y asilado en Perú. Según el dirigente opositor, los procesos en su contra eran parte de una persecución política. A pesar de las desmentidas del Palacio de Miraflores, el gobierno de Alan García le concedió el asilo.

Martínez, en tanto, fue el gobernador de Sucre, en el este del país, y durante su mandato demostró un antichavismo similar al de Rosales. Como él, sostiene que el gobierno lo persigue y, por eso, nunca se presentó ante el juez. Su paradero es desconocido.

Los dos dirigentes eran miembros de la lista de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la alianza opositora que intentará recuperar la mayoría de la Asamblea Nacional, perdida a manos del chavismo hace cuatro años tras un boicot fallido de otro frente antichavista. Los 16 partidos nacionales y cerca de 40 regionales que integran la MUD habían presentado su lista de 165 candidatos a la Asamblea Nacional. En ella habían incluido a políticos asilados en el exterior, como Rosales, y a opositores condenados o procesados por diversas causas en Venezuela.