Nacido cerca de la frontera con la Argentina, a los 63 años el abogado Tarso Genro asumirá el 1º de enero la gobernación de Rio Grande do Sul. Dos veces intendente de la ciudad capital, Porto Alegre, Genro ganó el nuevo puesto en primera vuelta, con el 54 por ciento de los votos. Tiene un éxito reciente: como ministro de Justicia de Luiz Inácio Lula da Silva creó el plan de seguridad que en estos días se hizo famoso en todo el mundo por la entrada impactante de las fuerzas de seguridad en favelas de Río de Janeiro. De paso por Buenos Aires, aceptó dialogar con Página/12

–Cuando asumí el Ministerio de Justicia, el presidente Lula me pidió que el gobierno federal interviniese en la seguridad pública –cuenta Genro, que nació en Sao Borja como Getúlio Vargas, el presidente suicidado en 1954 cuyo retrato está en la Galería de los Patriotas de la Casa Rosada por regalo de Brasil–. Lula quería que construyésemos un nuevo paradigma sobre el tema. Mantuve un centenar de reuniones con académicos, mandos de la policía militar y de la civil y expertos internacionales. Así terminamos diseñando el Pronasci, el Programa Nacional de Seguridad Pública Ciudadana. Y fue la primera ley programática de seguridad pública votada en Brasil.

–¿Cuál era el nuevo paradigma de seguridad?

–Una concepción de policía comunitaria. Esa policía debía ocupar los espacios y articular su trabajo con programas sociales de las zonas en conflicto.

–¿La policía comunitaria es una policía más?

–No, es una concepción. Proponíamos que en cada estado se integrasen gabinetes de seguridad pública con presencia de la policía federal, de la policía caminera, de la militar (que en Brasil es la estadual y no la de las Fuerzas Armadas), de la policía civil (que investiga) y autoridades políticas del Estado. Todos debían articular relaciones y objetivos comunes.

–¿Sólo en los estados?

–También en los municipios. Y por primera vez. Ahí también pensamos programas sociales dirigidos especialmente a jóvenes y mujeres que son entrenados...

–¿Entrenados?

–No se asuste. Hablo de capacitación, no de que se conviertan en policías. Sólo tienen que buscar a otros jóvenes que estén sometidos a la tutela de los traficantes y los criminales del barrio. Si no sabemos quiénes son, no los podemos ayudar. Y queremos que el Estado, las madres y sus amigos puedan ayudarlos a ser seres autónomos. Para la policía pensamos otras cosas. El gobierno federal ofreció financiar programas sociales, armas, equipamientos y una beca para policías que quieran mejorar su formación. La mejoría se premia con un aumento de un 40 por ciento en su salario. Hoy ya están con beca en todo Brasil 200 mil policías de todos los cuerpos.

–¿En cuántos estados se aplica?

–En once y en las regiones metropolitanas más importantes. Río de Janeiro fue la vanguardia de la integración. El concepto de policía comunitaria recibió el nombre de Unidades Policiales de Pacificación. Pero la idea es la misma.

–¿Y la clave?

–Es un proyecto de ocupación territorial. El sistema anterior era entrar, matar y salir. El nuevo sistema consiste en que el Estado entre, permanezca y se vincule profundamente a la comunidad mediante programas sociales, inversiones en infraestructura, educación y urbanización. O sea: ocupación de territorio, acciones policiales de alto nivel, permanencia de la policía y profundización de los programas sociales para jóvenes. En Río fue muy importante el secretario de Seguridad, Antonio Beltrame, nombrado por el gobernador Sergio Cabral. Beltrame está convencido del Pronasci y es un entusiasta.

–La experiencia argentina muestra que en la provincia de Buenos Aires los comisarios que se quedaban muchos años a veces terminaban siendo parte de la mafia.

–Que el crimen organizado consiga cooptar a un jefe policial o a gente de la comunidad siempre es posible. Ofrece seguridad, es decir “protección” mientras se obedezca, y plata. En cambio el Pronasci se basa en la relación entre las madres organizadas y entrenadas, que reciben beca para capacitarse, y los jóvenes, que reciben otra beca más.

–¿No deben espiar para la policía?

–No. Las llamamos Mujeres de la Paz. No tienen funciones policiales ni de vigilancia. Sólo identifican a jóvenes en situación de riesgo para incluirlos en los programas sociales, educacionales y de formación profesional. Así se forman redes sociales, y también los fiscales pueden escuchar las demandas de la gente. El que manda en el territorio deja de ser el narcotráfico. El único que puede ofrecer seguridad verdadera es el Estado.

–Los últimos movimientos en Río fueron muy espectaculares. ¿También fueron importantes?

–Muy importantes. Siempre pensamos que la zona clave era la que se terminó de ocupar el domingo, el Complexo do Alemao, que enlaza 16 favelas y tiene una ubicación estratégica al norte de la ciudad.

–Pero el mercado de la droga es el sur, donde vive la clase media, junto a las playas.

–Sí, es el principal. El narcotráfico genera una estructura de integración perversa entre pobres, ricos y abonados a los dealers. Y no hablo sólo de los adictos, sino de los que usan la droga como parte de su sociabilidad. Los abonados y los ricos deben comprender que el consumo, aunque sea por “placer” o por “modo de vida”, es lo que alimenta la violencia. Por eso este ciclo de combate al tráfico y la instrumentalización de la juventud de las favelas tienen que pasar también por estos sectores. Yo hablo de Brasil, un país muy grande y con elementos específicos. En Brasil es necesaria la represión penal a los que compren incluso pequeñas cantidades. En los hechos también son responsables de la construcción del sistema de poder de los grupos mafiosos. El adulto que le compra una pequeña cantidad a un chico de 17 años es un criminal, porque está en la punta de una cadena de circulación y producción delictual que generó esta situación en Río.

–Durante los operativos espectaculares en las favelas la cobertura periodística no tocó el tema del blanqueo de dinero.

–Tenemos buenos mecanismos, incluso con éxito en extradiciones y localización de sumas depositadas en el exterior, muchas veces ligadas a evasión y a corrupción. Eso debe combatirse. Hace poco tiempo Río libró un combate ejemplar contra las milicias, una organización de protección mafiosa relacionada con viejos dirigentes políticos regionales. Un buen trabajo de la policía local y de la federal las desmanteló. Fue una gran victoria de la seguridad pública. Son muchos aspectos. Por eso le decía que debemos romper lo antes posible la identidad entre los criminales de la favela y los consumidores. O sea, romper el mercado. ¿Qué hace la DEA? Trata de que entre la menor cantidad posible de droga al territorio norteamericano. Es su trabajo. El nuestro es proteger nuestro territorio. Por ejemplo, las favelas pobladas de brasileños pobres. Y no queremos hacer el trabajo a medias. No sólo buscamos hallar la cocaína y quemarla. Vamos a destruir las fábricas de la pasta y del polvo. Mire, algún nivel de tráfico de drogas habrá siempre. Nuestro objetivo es que sea residual. No puede ser que el tráfico sea la única forma que tiene un joven para avanzar en la vida. No nos ilusionamos con un paraíso terrestre de bondad y seguridad. Es un proyecto concreto que busca cortar un mercado y dar alternativas a los jóvenes. Y ya está ocurriendo en muchos territorios.

–¿Bajó la cifra de homicidios?

–En Recife la criminalidad bajó un 60 por ciento. En un gran barrio obrero empobrecido de Rio Grande do Sul, Guajuviras, que aplica todos los programas del Pronasci, la criminalidad bajó un 50 por ciento. Es el fruto de una nueva relación Estado-sociedad. Y hay que mejorar los salarios policiales. En Rio Grande un policía gana cuatro salarios mínimos, 1000 reales. Si forma parte del Pronasci, ganará 1400. Esos 400 de diferencia no son poco: sirven para alquilar un departamento de dimensiones razonables.

–Eso es la policía. En la Argentina impresiona ver tanques del Ejército en operaciones.

–Le reitero que sólo hablo de Brasil. Pero además las fuerzas del ejército no participaron de acciones armadas. Sólo controlaron puntos de intersección. El trabajo fue hecho por policías. Tenemos una “fuerza nacional” gracias a un programa del gobierno federal que tiene capacidad de poner en cualquier punto del territorio nacional en 48 horas de 300 a 500 hombres altamente entrenados para realizar acciones policiales en un marco de respeto absoluto a los derechos humanos. Tenga en cuenta que en Brasil los dos cuerpos más respetados son el ejército y la policía federal. Los militares detentaron el poder absoluto en una dictadura militar que duró 21 años, entre 1964 y 1985. Pero paradójicamente el ejército no tiene una tradición de violencia antipopular en las calles. Obviamente estuvieron involucrados institucional y masivamente en casos de tortura o en crímenes dignos de la barbarie, pero no realizaron una cacería como en algunos países latinoamericanos.

–Parte de los jefes narcos mandan desde algunas prisiones. ¿Cuál sería la solución?

–Hay cuatro penitenciarías de alta seguridad donde estamos mandando a los jefes, y construimos una quinta. El sistema penitenciario estadual es débil, ofende duramente los derechos humanos y debe ser reformado. La propuesta del Pronasci es la construcción de penitenciarías de seguridad media para hasta 450 penados. Así quedarán fuera del control de los delincuentes.

–Usted dijo que el Pronasci entrega fondos federales.

–Sí, y le cuento un dato increíble. Tuvimos dificultad en liberar recursos por ausencia de proyectos. Pocos estados tomaron nuestros recursos.

–¿La situación puede cambiar el 1º de enero, cuando asuman los gobernadores del PT y sus aliados?

–Sí. Dilma dijo en la campaña electoral que la seguridad pública y la salud pública serán los elementos claves del nuevo período. Durante el último año de mi gestión hicimos una conferencia nacional sobre el tema. Participaron más de 250 mil personas y reforzamos nuestros objetivos para llegar a formar en las zonas más degradadas los llamados “territorios de la paz”, que son los lugares donde los proyectos más importantes del Pronasci entran de manera articulada. La utopía es llegar a los índices chilenos de homicidio, de 12 a 14 cada 100 mil habitantes. Hoy tenemos 45 o 50 cada 100 mil en la Bajada Fluminense, de Río, y 27 y 28 en Rio Grande. Reducir los índices a la mitad es algo que puede demandar entre cinco y diez años. Sé que la prensa quiere hechos inmediatos y fenoménicos. Pero un programa serio es gradual y tiene que modificar la mentalidad de las élites.

–Cabral, el gobernador de Río aliado al PT, ganó en primera vuelta. ¿Cuánto incidió el Pronasci?

–Muchísimo. Lo dijo él así: “Las Unidades Policiales de Pacificación son hijas completas del Pronasci y de nuestra relación con el gobierno federal”. Y obviamente yo haré lo mismo cuando asuma como gobernador de Rio Grande. Será parte de un modelo de participación popular. Buscamos que termine siendo tan popular como el presupuesto participativo que aplicamos antes en Porto Alegre.

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