Los cables clasificados publicados por el sitio web Wikileaks han provocado una pelea diplomática entre Estados Unidos y Panamá sobre el trabajo secreto de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), en el país de América Central. Pero el que la sacó más cara fue el presidente de Chile, Sebastián Piñera. En uno de los documentos revelados, la Embajada de Estados Unidos en ese país lo acusa de actuar en sus negocios al borde de la ley.

Así opinó la diplomática Carol Urban sobre Piñera, en octubre de 2009, según publica el diario El País: “Tenaz y competitivo, Piñera maneja sus negocios y la política hasta los límites de la ley y la ética. Algunas de sus acciones, como prestar dinero a empresas ficticias (en el pasado), parecen cruzar claramente la línea de la incorrección legal”, reseñó un texto filtrado. En el informe, Urban ejemplificó que el mandatario fue multado por abuso de información privilegiada por comprar tres millones de acciones de la aerolínea LAN, de la cual fue socio mayoritario hasta este año. Otro documento reproduce una conversación entre el presidente y el embajador de Estados Unidos en Chile en 2008, Paul Simons, en la que Piñera defendió el mantenimiento de la política económica impulsada por el dictador Pinochet: “Uno no destruye las pirámides porque se hubieran perdido vidas al construirlas”, dijo al diplomático, según Wikileaks.

Piñera no fue el único presidente aludido por estas horas. El jefe de Estado de Panamá, Ricardo Martinelli, negó la afirmación hecha en uno de los cables de que él le había pedido a los diplomáticos estadounidenses que le brindaran acceso al extenso programa de la DEA de escuchas telefónicas así él podía espiar a sus oponentes políticos.

Los cables también pintan una vívida imagen de las grandes operaciones de la DEA en expansión en todo el mundo mientras la guerra de Estados Unidos contra las drogas y el terrorismo se han fusionado, y la agencia ha desarrollado un rol de servicio secreto trabajando con gobiernos que tradicionalmente han sido hostiles a otras organizaciones estadounidenses, como la CIA.

Un cable de agosto de 2009 cita a la entonces embajadora estadounidense en Panamá, Barbara Stephenson, diciendo que el recientemente electo presidente conservador le pidió ayuda a la DEA con escuchas telefónicas. “Claramente no hizo ninguna distinción entre los blancos legítimos de seguridad y los enemigos políticos”, afirma el cable. De acuerdo con el documento, la embajadora pensaba que Martinelli estaba haciendo una amenaza implícita de recortar cualquier cooperación antidrogas si no recibía ayuda con las escuchas –aunque se retrajo en su pedido cuando ella le respondió que “le informaría de inmediato a Washington y todos veremos cómo la reputación de Panamá como un socio confiable se desploma drásticamente”–.

Uno de los altos funcionarios de Martinelli, Jimmy Papadimitriu, supuestamente le dijo a un funcionario de la DEA que las escuchas estarían dirigidas a cualquier intento de gobierno izquierdista en la región de interferir con la política panameña, así como gente señalada en las campañas anticorrupción y antidroga.

Los políticos de la oposición panameña se aferraron a la descripción de Martinelli por Stephenson como “una inclinación para el acoso y el chantaje”. Francisco Sánchez Cárdenas, el líder del principal grupo de la oposición, el partido Revolucionario Demócrata, dijo que el pedido de Martinelli “escapa de los límites de las prácticas democráticas” y que el presidente “no ha entendido que la democracia es algo bastante diferente de la forma en que está acostumbrado a manejar sus supermercados”.

En la oficina de Martinelli insistían que “nunca se pidió ayuda para pinchar los teléfonos de los políticos” y que “cualquier interpretación de ese pedido está completamente equivocada”.

Las autoridades estadounidenses se niegan a comentar los contenidos de ninguno de los cables diplomáticos, de los que Wikileaks ya publicó más de dos mil.