Un día el cielo se llenó de globos. De globos con historias, lanzados al aire por familiares de niños arrancados por el franquismo. El cielo se pintó de colores porque después de un largo batallar, la comunidad de Madrid anunció que abrió sus archivos para dar con algunos de los miles de bebés que fueron arrebatados.

“Sabemos que estos globos no van a llegar justo donde ellos están pero es algo simbólico”, explicó a Página/12 Mar Soriano, al teléfono desde su casa en Madrid, después de participar en la ceremonia en el parque Puerta del Sol la semana pasada. Busca a su hermana robada en los años ’60 en una clínica madrileña. “Lo que las familias quieren es que esos niños sepan que han sido queridos.”

Hace dos semanas el gobierno de la capital española anunció que abrió una investigación en sus archivos sanitarios para encontrar irregularidades que permitan dar con los bebés robados en las maternidades.

En la capital española hay tres clínicas denunciadas por haber convertido la sustracción de niños en una rutina: la Clínica San Ramón, la maternidad Santa Cristina y la Clínica O’Donnell. La última tuvo como fundador y director al ginecólogo José Botella Llusía, tío de Ana Botella, la mujer del ex presidente derechista José María Aznar.

En esas tres clínicas como en otras que pueblan el territorio español, entraban madres embarazadas por una puerta y por la otra ingresaban las futuras familias apropiadoras. Las madres recibían la noticia de que su hijo había muerto mientras los apropiadores se iban a casa con un recién nacido. “Les daban las criaturas a familias ‘de bien’, afines al régimen”, explicó a este diario el sociólogo Francisco González de Tena. Esa práctica se repitió semana tras semana desde los años ’50 hasta casi los años ’80 y sus víctimas, en su mayoría, fueron las madres solteras y pobres, portadoras de un grave pecado para el régimen ultracatólico.

El robo de niños en la España franquista se extendió desde los años ’40 hasta la caída del régimen. Sólo hasta la década de 1950, el juez Baltasar Garzón estimó que se habían apropiado de más de 30 mil niños y niñas de madres republicanas que estaban en las cárceles del régimen. A lo largo de los años, la práctica siguió teniendo a nuevas víctimas.

En Madrid, dos juzgados territoriales se declararon incompetentes para juzgar los casos de los niños robados a lo largo de la dictadura franquista. Los jueces devolvieron la investigación al Juzgado 5 de la Audiencia Nacional, que era ocupado por el juez Garzón. El magistrado que llevó adelante en España causas contra los represores argentinos fue acusado el año pasado de prevaricato y apartado de la investigación.

En 2008, Garzón había dicho que en el país ibérico se llevó a cabo un plan sistemático de sustracción de niños. Ahora le tocará a la máxima instancia judicial española dirimir a quién le corresponde investigar el robo de bebés: a la Audiencia Nacional o a los juzgados locales. “El Tribunal Supremo tendría que decidirlo a la brevedad”, explicó a este matutino el abogado Fernando Magán, hijo de un republicano represaliado y abogado de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

Magán explicó que uno de los escollos que los familiares de las víctimas deben sortear es la actitud de la fiscalía de la Audiencia Nacional. Semanas atrás, organizaciones de derechos humanos se reunieron con el fiscal Javier Zaragoza, quien se mostró esquivo a impulsar la investigación judicial pero sí les propuso crear una oficina administrativa para atender a los familiares.

“Esa es una táctica dilatoria, es una forma de contener el deseo de saber de las familias”, denunció el abogado de la ARMH. Y agregó: “Es absurdo que un fiscal haga una recomendación de este tipo ya que no es su función. Está ejerciendo de político. No se está sometiendo a la ley de procedimiento criminal”.

Una oficina similar a la propuesta por el fiscal Zaragoza existe desde 2009 para canalizar la búsqueda en las más de mil fosas comunes pero poco se ha avanzado en esa tarea, a pesar de que así lo ordena la ley de Memoria Histórica promulgada en diciembre de 2007. “Esa norma es deficiente, insuficiente, incompleta y vergonzosa. Nosotros somos los que le tenemos que dar información al Estado, que es el que debería hacerlo. Hemos sido pioneros en los derechos humanos a nivel internacional pero lo que pasa al interior de nuestras fronteras quieren olvidarlo y taparlo”, se quejó Pedro Romero, que tiene un abuelo asesinado y otro desaparecido por la dictadura franquista y actualmente dirige la Asociación La Memoria Viva.

A pesar de que los principales juzgados de España tratan de dar vuelta esta página de la historia, las organizaciones de víctimas del franquismo no se dan por vencidas. En España, la Convención sobre la Desaparición Forzada entró en vigor hace menos de tres semanas. Ese tratado estipula que la desaparición de personas es un delito continuado, es decir, que es un crimen que se prolonga hasta que la persona no aparezca. Por lo tanto, no sería un delito prescriptible. “Se nos abre un nuevo panorama”, se alegró Magán.

Por eso en la Puerta del Sol el cielo se cubrió de colores. Globos para remontarse a una infancia que no se pudo compartir. Para volar porque el dolor sigue estando, pero ahora hay esperanza.

Informe: Luciana Bertoia.