En agosto de 1938, el psiquiatra Antonio Vallejo Nágera recibió un telegrama de Francisco Franco. “Tenemos ahora una ocasión única de comprobar experimentalmente que el simplismo del ideario marxista y la igualdad social que propugna favorece su asimilación por los deficientes mentales”, escribió el psiquiatra formado en la Alemania nazi. La solución parecía casi obvia para el funcionario del dictador Franco: había que separar a los niños de sus padres “rojos” para evitar la propagación de la peste. En 1940, el Ministerio de Justicia estableció que los niños podrían estar cerca de sus madres presas hasta los tres años, después de esa edad serían dados a familiares o enviados a hogares comandados por la Iglesia Católica. Un año después se dictó una ley que permitía al Estado cambiar el apellido de los hijos de los desaparecidos, presos o muertos durante la Guerra Civil Española. “Había una clara voluntad eugenésica, de limpieza ideológica. Se actuaba sobre un grupo de mujeres indefensas, que estaban en las cárceles y que lógicamente no tenían ni siquiera la capacidad de oponerse al robo de sus hijos”, explicó a Página/12 el sociólogo Francisco González de Tena. “La Iglesia ejerció el rol de cómplice necesario, de encubridor”, denunció el autor de Niños invisibles en el cuarto oscuro.