Ramón Sáez Valcárcel es uno de los tres jueces de la Audiencia Nacional que apoyaron las investigaciones de Baltasar Garzón sobre los crímenes franquistas, que le terminaron costando un juicio por prevaricato. Desde Madrid, el magistrado accedió a dialogar telefónicamente con Página/12 y comparó los casos de robos de niños durante la dictadura de Francisco Franco y el último régimen de facto argentino.

–¿Qué parecidos encuentra entre la apropiación de bebés que se ejecutó en España y Argentina?

–Solamente en España y en Argentina, que son dos sociedades católicas, han desaparecido, secuestrado y tratado de apropiarse a los hijos de los enemigos políticos. Arrebatárselos tuvo una finalidad y es que los niños sean educados dentro de una “familia de orden” para “recuperarlos” para su sociedad de valores católicos. En Argentina, la desaparición y el privarle de la identidad y de la familia al niño se hace de una manera clandestina. Sin embargo, en España se realiza a plena luz: es decir, lo hace el Estado con una normativa publicada. Estaba dentro de la construcción de un nuevo orden perverso.

–¿Qué pasa con el reconocimiento judicial de estos crímenes en España?

–De hecho, no hay procedimiento. El robo de niños corre la misma suerte que el resto de los crímenes de la represión, se sigue negando.

–¿Cómo explica esa negación de los crímenes y ese letargo de la Justicia?

–Por un lado, porque la dictadura fue muy larga y eso propició que el crimen pudiera ser ocultado de manera sistemática. En la transición al Estado democrático pesó mucho el recuerdo del horror y la apelación al no mirar hacia atrás, que es una de las claves de la impunidad.

–¿Cómo evalúa que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya propuesto a los familiares de las víctimas canalizar el reclamo por vía administrativa y no por la judicial?

–Mientras las vías institucionales estén cerradas, cualquier avance en el conocimiento de lo que ocurrió y en la reparación de las víctimas puede ser un paso adelante. Pero también se puede mirar de otra manera. Justamente porque no se abren vías penales, se proponen pseudo-alternativas.

–¿Cree que la puesta en vigencia de la Convención sobre Desaparición Forzada puede dar nuevo ímpetu a las investigaciones judiciales?

–Considero que no va a modificar la situación de los procedimientos y el cumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones. Es una cuestión que está dejada de lado.

Entrevista: Luciana Bertoia