Desde La Paz

“Resentidos de alma innoble y podrida.” Con este endecasílabo el vicepresidente Alvaro García Linera llamó a quienes en los últimos días hicieron campaña por el voto nulo en las elecciones para magistrados del órgano Electoral. La suma de votos nulos y blancos se situó entre el 57 y el 60 por ciento en los nueve departamentos de Bolivia, según sondeos de boca de urna. El fracaso se atribuyó a la poca información que tuvo la población sobre los 115 candidatos, de los cuales se debía elegir a 56. También influyó el desgaste político del gobierno de Evo Morales, que desde hace dos meses enfrenta una marcha indígena que llegaría el martes a esta ciudad y cuenta con gran apoyo entre la población.

“Actuamos sobre datos oficiales, tenemos la responsabilidad y la seriedad del caso frente a la sociedad boliviana. No actuamos sobre supuestos. Sería peligroso que emitiéramos criterios sobre supuestos. Aclaramos que vamos a hacer respetar la voluntad del soberano, esa es nuestra función dentro del marco legal”, dijo anoche Wilfredo Ovando, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), encargado de organizar las elecciones. Dijo que los resultados de ayer se verían dentro de días o meses. La semana pasada, el Movimiento Sin Miedo (MSM), uno de los partidos que convocaron al voto nulo, mostró fotos de un supuesto Ovando en 2009, haciendo campaña para la reelección de Morales.

“Tenemos la obligación de publicar todos los resultados, incluidos las cifras de votos blancos y los nulos. Son datos que debemos poner a disposición de toda la ciudadanía, porque son datos públicos”, dijo Ovando. En los próximos días se sabrá si los candidatos asumirán los cargos con el puñado de votos recibidos.

“Vine a votar para que me den el papelito nomás. Pero no confío en estas elecciones, porque no se conoce a nadie, nadie sabe quiénes son”, dijo María Luisa Quispe Mamani a la salida de la escuela Domingo Faustino Sarmiento, en el barrio Gran Poder. Dijo que su voto fue nulo.

En sus cuentas de redes sociales, muchos electores colgaron las fotos de sus papeletas de votación –de casi un metro de largo– ampliamente tachadas, con diversos motivos y tonos de fibrón.

“No digo que ya tienen una excelente información (los electores). Hay limitaciones, pero vamos ir avanzando poco a poco”, dijo el canciller David Choquehuanca luego de votar en el municipio de Huarina, en La Paz.

Los 5.200.000 electores no tuvieron la información suficiente para elegir por primera vez –en Bolivia y en el mundo– a los máximos magistrados del órgano judicial. Según el TSE, la población había sido debidamente notificada sobre los candidatos que ocuparán el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia. De los 115 candidatos, 40 trabajaron para el gobierno o están ligados a organizaciones campesinas aliadas al MAS, según un conteo del diario El Deber.

“No voté en blanco ni nulo. Marqué en la papeleta a gente que no conocía. Pero yo soy un hombre de trabajo nomás, en política no me meto”, dijo Ernesto Muñoz, quien tiene una tienda en Sopocachi bastante irrespetuosa del “auto de buen gobierno”, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas y la circulación de autos sin el permiso del TSE.

Según una encuesta de Ipsos, el 92 por ciento de los consultados en las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba afirmó que no conocía a ningún candidato. A pesar de que el gobierno nacional destinó 100 millones de bolivianos para la realización de estos comicios.

La caída de la popularidad de Morales se debe en gran medida a su actitud frente a la marcha indígena que está a 54 kilómetros de La Paz, luego de caminar 600 kilómetros desde Trinidad, Beni. Los originarios, que reclaman respeto a sus derechos constitucionalizados, fueron reprimidos implacablemente por la Policía Nacional el 25 de septiembre pasado en Yucumo, cuando venían acá. Ayer, empleados del TSE acudieron al campamento de la marcha, en Chuspipata, para dar certificados de inhabilitación a más de 2500 marchistas, que perdieron sus documentos en el ataque de los uniformados. “Nosotros no tenemos ninguna preocupación. Quien debe estar preocupado es el órgano Electoral, porque el gobierno nacional fue el que nos asaltó. La policía actuó como delincuente, quitando documentaciones y quemándolo todo. Ahora el órgano electoral debe ver la manera de resolver lo que el mismo Estado nos hizo el 25 de septiembre”, dijo a Página/12 el mojeño Fernando Vargas Mosúa, presidente de la Subcentral de Comunidades del Tipnis.

“Para nosotros estas elecciones son ilegales e ilegítimas, porque la Constitución garantiza la presencia en cada tribunal de un indígena, cuya elección se debía realizar respetando las normas propias. Pero esta preselección hecha por los asambleístas del MAS de modo colonialista no garantiza la presencia de un indígena. Entonces, para nosotros es una elección anticonstitucional”, dijo el aymara Rafael Quispe Flores, mallku de Industrias Extractivas del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq).