El Frente Amplio (FA), coalición gobernante en Uruguay, presentó ayer en el Parlamento un proyecto de ley para evitar la prescripción de los delitos de lesa humanidad, que expiran el 1º de noviembre. Según explicaron los senadores oficialistas, el proyecto se debatirá a lo largo de la semana en la Cámara alta, donde se espera será aprobado con los votos de la mayoría frenteamplista el próximo lunes. De allí pasará a la Cámara de Diputados, donde también será apoyado por todos los diputados de la coalición de centroizquierda para entrar en vigor antes de fin de mes.

El proyecto, que consta de cuatro artículos, apunta a restablecer la pretensión punitiva del Estado para todos los delitos cometidos por agentes del aparato estatal desde 1973 hasta marzo de 1985, cuando se restituyó la democracia en Uruguay. Además, los declara como crímenes de lesa humanidad, de conformidad con los tratados internacionales. De esta manera se evitará la prescripción automática el día 1º de noviembre de los delitos de torturas, violaciones, asesinatos y secuestros cometidos por militares y policías, tal y como había estipulado en mayo pasado la Suprema Corte de Justicia (SCJ), al declararlos ilícitos comunes. La norma eliminaría las restricciones impuestas por la Ley de Caducidad, sancionada en 1986 y ratificada por los uruguayos en dos referendos, el último en 2009, que impide juzgar los crímenes cometidos por uniformados en el período dictatorial.

La Ley de Caducidad declaró la extinción de la pretensión punitiva del Estado para estos delitos. El nuevo proyecto de ley presentado restablece al Estado la pretensión. Sin embargo, no elimina la Caducidad, sino que la modifica. Además, establece que Uruguay perseguirá los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Desde hace varios días, el presidente del FA, Jorge Brovetto, viene impulsando un acuerdo con las demás fuerzas políticas parlamentarias para llegar a un consenso sobre la medida. En el partido quieren que la iniciativa sea tratada rápidamente en el Parlamento y evitar un nuevo fracaso como el ocurrido en mayo. En ese momento, la coalición intentó anular la Ley de Caducidad y fracasó por la oposición del diputado oficialista Jorge Semproni.

Algunos opositores se mostraron en contra de este proyecto de ley. El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, escribió en su cuenta de Twitter: “La senadora (Susana) Dalmás acaba de reconocer que mañana (por hoy) tratarán de desconocer de nuevo la voluntad de los uruguayos”, escribió en referencia a los dos plebiscitos que ratificaron la Ley de Caducidad. Por su parte, el Partido Nacional (Blanco) aún no tomó una posición oficial sobre el planteo del FA, pero se descuenta que rechazará la petición del gobierno. “La bancada de Alianza Nacional se reunirá y luego lo hará el Partido Nacional, pero no hay una posición tomada”, dijo el legislador Eber Da Rosa.

En marzo, Uruguay fue condenado por primera vez por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que lo responsabilizó de la desaparición de María Claudia García y la supresión de identidad de su hija Macarena Gelman, nuera y nieta, respectivamente, del poeta argentino Juan Gelman. En su sentencia, la CIDH indicó que Uruguay está obligado a llevar ante la Justicia a los responsables de esos delitos.