Desde La Paz

La marcha indígena entró a la plaza Murillo, luego de 64 días de caminata desde la ciudad de Trinidad, a 650 kilómetros. Más de 3000 marchistas atravesaron los 11 kilómetros hasta el Palacio Quemado rodeados por miles de personas aparecidas para darles la bienvenida. Tratados como “héroes” por la población, los caminantes se reunieron en la plaza San Francisco, donde sus dirigentes agradecieron y dijeron que hoy podrían empezar nuevamente el diálogo con el gobierno –esta vez “directamente” con el presidente Evo Morales, quien estuvo ayer en Cochabamba–. Al atardecer, un grupo de los recién llegados instaló una vigilia frente a la Casa de Gobierno, ante la resistencia exigua de la policía, rebasada por la presión de los paceños que acompañaban.

La marcha ingresó a tres días de las elecciones judiciales del domingo pasado –promovidas por Morales–, cuando el voto nulo superó el 50 por ciento. La caída en la popularidad del aymara data desde diciembre de 2010, cuando decretó un aumento en los combustibles de hasta un 70 por ciento, ya que el Estado iba a dejar de subvencionar su precio. Se profundizó el 25 de septiembre último, cuando 500 policías antimotines apalearon, gasificaron, patearon a mil indígenas de todas las edades para romper la protesta. El gobierno nacional aún no dio el nombre de quien ordenó la triste represión. El vicepresidente, Alvaro García Linera, dijo en conferencia de prensa que sabía quién fue, pero solamente lo diría a la comisión investigadora de ese ataque “imperdonable”, como lo calificó Morales.

La Octava Marcha Indígena salió de la tranca de Urujara a las 9, luego de pasar una de las noches más frías de todo el trayecto. Desde que salieron los esperaban cientos de vecinos, quienes se tomaron las manos para hacer un cordón de seguridad al lado de los marchistas.

“Esto es voluntario/ eso no se paga”, coreaba un grupo de señoras al paso de la marcha, cuando dejaron de gritar como si hubieran visto a Los Beatles o a algún famoso contemporáneo. La referencia a la voluntad viene de la movilización del 12 de octubre pasado, cuando el gobierno nacional y sus tres organizaciones campesinas fieles reunieron a 200 mil personas también en esta ciudad para apoyar a Morales, acusado por los indígenas de haber ordenado el apaleamiento del 25. Quedó comprobado que muchos eran empleados públicos, que dejaron sus oficinas por un rato de militancia rentada.

“Yo solamente quiero ver al Adolfo”, dijo una anciana perdida entre la multitud de Miraflores, por donde desfilaron los marchistas. La señora nada más lo conocía de la televisión al presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), que junto al Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) comenzaron la marcha el 15 de agosto pasado en Trinidad, Beni. Juntas representan a los 36 pueblos originarios de Bolivia.

“El presidente es el primer mandatario de América latina que en las Naciones Unidas es considerado defensor de la Madre Tierra, del medio ambiente, de los recursos naturales, de los derechos humanos y de los pueblos indígenas. Pero acá, en su país, es el primer mandatario destructor de la Madre Tierra, del medio ambiente, de la biodiversidad, vulnerador de la Constitución y de los derechos de los pueblos indígenas, así como de todo el pueblo boliviano. Por eso nosotros hemos marchado”, dijo una vez llegado al destino Fernando Vargas Mosúa, presidente de la Subcentral de Comunidades del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Por este predio de un millón de hectáreas, con títulos de propiedad a nombre de los pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán, el gobierno quiere hacer pasar una carretera que, según los indígenas, vulnera sus derechos.