Bajo las gruesas capas de cal y piedras, a un metro y medio de profundidad, el equipo de antropólogos uruguayos encontró un cuerpo en el Batallón 14 de la ciudad de Toledo el viernes pasado. El descubrimiento renovó la expectativa de los familiares de detenidos y desaparecidos de encontrar a sus muertos. Es probable que el primer cotejo del ADN de los restos hallados se realice con Macarena Gelman, hija de María Claudia García Iruretagoyena y nieta del poeta argentino Juan Gelman. Y es que las excavaciones se realizan desde febrero en el marco de esa causa. El descubrimiento sumó un argumento más a los senadores del gobernante Frente Amplio (FA) para que hoy hagan uso de su mayoría y voten el proyecto de ley que determina que son delitos de lesa humanidad –y no comunes– aquellos cometidos durante la dictadura (1973-1985).

El lugar del enterramiento estaba señalado en distintos mapas que fueron entregados por legisladores, familiares de desaparecidos y fuentes no identificadas a la Comisión para la Paz (instalada durante el gobierno de Jorge Batlle) y a la Comisión Investigadora del Ejército, requerida por el ex presidente Tabaré Vázquez (2005-2009). El jefe de los arqueólogos, José López Mass, comentó a la prensa su primer informe. “Se trata de un enterramiento primario, aparentemente la persona estaba vestida, está envuelta en algunos tejidos, tiene una estructura que la cubría con muchísima cal y piedra que fue durísimo de romper para poder acceder al cuerpo.” Según el arqueólogo, el ocultamiento del cuerpo siguió el mismo patrón que en los otros dos casos identificados hasta ahora en Uruguay. “Se hizo una fosa, se echó el cuerpo y se lo tapó con cal y piedras.” Desde el inicio de las excavaciones en cuarteles militares y otros predios, tras la asunción del primer gobierno del FA en 2005, sólo se encontraron los cuerpos de los militantes comunistas desaparecidos Fernando Miranda y Ubagesner Chaves Sosa.

El descubrimiento de los restos óseos en el Batallón 14 de la sureña ciudad de Toledo, vecina de Montevideo, renovó la esperanza de los familiares de las víctimas de la dictadura de poder despedir a sus muertos. Dijo López Mass citado por el diario La República: “Evidentemente que el hallazgo de este cuerpo, en donde pensamos que ya habíamos terminado la zona señalada por los testimonios, abre la expectativa sobre zonas próximas”. Y agregó que el paso que sigue es comenzar las tareas de identificación del ADN. “Los resultados del laboratorio dan un perfil genético. Después hay que encontrar con quién compararlo: se debe buscar de todas las personas desaparecidas si existe un perfil genético y si no, hacerlo a través de familiares que están vivos.”

En febrero pasado su equipo de antropólogos retomó las tareas en ese predio en el marco de la indagatoria judicial por el secuestro y desaparición de María Claudia García Iruretagoyena, quien fue secuestrada en Buenos Aires en 1976 y presuntamente asesinada en Montevideo. El juez Pedro Salazar, que tiene a su cargo la causa, afirmó al portal Subrayado que es probable que el primer cotejo de ADN de los restos hallados se realice a Macarena Gelman.

La novedad destapada en la tierra coincide con una discusión en el Congreso. La coalición oficialista Frente Amplio impulsa un proyecto de ley para declarar a los delitos cometidos durante la dictadura como “crímenes contra la humanidad de conformidad con los tratados internacionales”. El proyecto consta de cuatro artículos y apunta a restablecer la pretensión punitiva del Estado para todos los delitos cometidos durante el régimen de facto. Así, busca evitar que prescriban el 1º de noviembre los delitos de torturas, violaciones, asesinatos y secuestros, tal como había estipulado en mayo pasado la Corte Suprema al declararlos “ilícitos comunes”.

El oficialismo cuenta con mayoría para aprobarla. Pero, aun así, no pudo anular la Ley de Caducidad, que impide que se juzgue a policías y militares acusados de violaciones a los derechos humanos. Esta nueva norma modifica la amnistía. “La Ley de Caducidad declaró la extinción de la pretensión punitiva del Estado para estos delitos. Esta (nueva) ley restablece al Estado esa pretensión, para volver a la normalidad en la Justicia”, dijo la senadora Susana Dalmás durante la presentación del plan.

Gimena Gómez, de la Agrupación Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos uruguayos, dijo a Página/12 del otro lado de la línea telefónica que es obligación de todos los poderes actuar como lo hace el Legislativo. “Es una vía que tomaron los legisladores, no sabría decir si es la mejor, pero sirve para llamarle la atención al Poder Judicial. Los delitos cometidos durante la dictadura son delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles”, afirmó la sobrina de Nelsa Gadea, reconocida luchadora por los derechos humanos que fuera asesinada en Chile.

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