Tan sólo cuatro días después de que el incendio en una cárcel de Honduras provocara la muerte de 359 presos, se prendieron fuego cinco mercados en un barrio popular. En medio de las quejas de los familiares de los reos por la lentitud de la investigación, el presidente Porfirio Lobo visitó Comayagüela, en Tegucigalpa, para dar apoyo a los 25 mil puesteros que perdieron mercadería y once de ellos que sufrieron heridas. “Estamos dispuestos a ayudarlos, jamás los dejaríamos solos”, respondió el mandatario a los pedidos de ayuda que recibió durante la recorrida que realizó junto a la delegada presidencial María Antonieta Bográn y al alcalde capitalino, Ricardo Alvarez, informó el diario El Heraldo. Lobo anunció que se reuniría inmediatamente con Alvarez y con representantes de los vendedores afectados a fin de consensuar el mecanismo y los plazos de la asistencia oficial a los damnificados por el incendio.

El mandatario, que durante la visita recibió un informe preliminar del Cuerpo de Bomberos sobre el incendio, evitó hacer comentarios sobre el origen del siniestro. En cambio, Alvarez admitió implícitamente la posibilidad de que haya sido intencional. “Hay algo raro en este incendio; estamos exigiendo una investigación pues hay muchos rumores, y es por eso que la investigación es muy importante”, manifestó el alcalde. El incendio que destruyó los mercados San Isidro, Quinta Avenida, Lagos Galindo, San Miguel y Colón se inició al mediodía del sábado y los bomberos debieron trabajar durante cuatro horas para sofocarlo. Versiones divulgadas por diversos puesteros asignaron diferentes causas al hecho: algunos afirmaron que fue por el estallido de una garrafa de gas; otros, que se debió a un cortocircuito, y varios aseguraron que se inició tras la detonación de varias bombas molotov.

El pasado miércoles, el penal del departamento de Comayagua ardió durante horas provocando una cantidad de víctimas fatales que se elevó ayer a 359, al fallecer uno de los presos que estaba grave. El presidente hondureño se vio obligado a decir algo sobre esta tragedia. “Esperemos el resultado de las investigaciones; es una investigación independiente que nos dará el resultado de lo que provocó el incendio”, dijo Lobo, y resaltó que estaba trabajando en el tema “un equipo de expertos” estadounidenses. Señaló, además, que no tenía datos sobre cuántos presos pudieron haber huido tras el incendio del penal.

Familiares de víctimas le reclamaron justicia en un mural improvisado, indignados por la lentitud en la entrega de los cuerpos y de las investigaciones sobre la causa del fuego de hace cinco días.

“Tu hermanita que tanto te quiere desea que se haga justicia por la crueldad que les hicieron a todos ustedes, pero sabes que diosito está con ustedes”, reza un cartel en la fachada del albergue donde los parientes aguardan por los restos de las víctimas de la tragedia para darles sepultura. Los parientes reflejaron su indignación en mensajes escritos con marcadores en cartulinas blancas y montaron un mural en el Instituto de Formación Profesional (Infop). “Pido justicia por todos los que murieron injustamente”, anotó Faustina Flores en otra de las pancartas.

Dilma Padilla afirmó que su marido, que cumplía una pena de 15 años por homicidio, era soldado y “si no hizo algo por salvarse fue porque todo sucedió muy rápido”. “Hubo mano criminal, lo único que pido es que se investigue y se haga justicia”, dijo. “Mario Enrique Cáceres, esposo te llevaré siempre en mi corazón. Tu adorada Dilma”, se leía en el cartel de esa humilde mujer de 39 años.

Doris Martínez, que buscaba el cadáver de su hermano, Marvin José, detenido hacía 90 días por robo, y el de su esposo, Víctor Carranza, que había cumplido 11 de sus 18 años de condena por homicidio, sostiene que ellos murieron por impactos de bala. “Vimos en un canal de televisión los cuerpos de los dos abrazados. No los quieren entregar porque murieron de disparos. Un muchacho se tiró de la cama y cuando cayó al suelo (policías) le dispararon y lo mataron”, aseveró Padilla, de 31 años y quien dijo conocer esos hechos por relatos de sobrevivientes. Sin embargo, un informe de Medicina Forense señaló que “por el momento no se han encontrado indicios que indiquen muertes por armas de fuego”. Apenas 38 cuerpos habían sido identificados y 19 entregados a las familias por el equipo formado por forenses de Honduras, El Salvador, Chile, México, Perú y Guatemala. Ante el lento proceso de identificación, unas mil personas pernoctan sobre colchonetas en un amplio salón del Infop y reciben alimentación en tiendas de campaña instaladas por organismos de socorro.

Bajo una extensa tienda de campaña verde olivo, montada en un polvoriento campo de fútbol, 30 técnicos de Medicina Forense comenzaron a extraer muestras de sangre a los familiares de las víctimas para las pruebas de ADN, quienes tras la extracción son asistidos por psicólogos.

En medio de persistentes denuncias de que las autoridades fueron negligentes y dejaron encerrados a los presos durante el incendio, seis miembros de la agencia estadounidense de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estado de Estados Unidos trabajan desde el jueves en el penal.