El nuevo foco de conflicto que amenaza al gobierno de Sebastián Piñera se agravó ayer, en otra violenta jornada de represión contra los manifestantes de Puerto Aysén, al sur de Chile. El movimiento social de esa región protesta por el alto costo de vida con respecto al resto del país desde hace dos semanas. El 7 de febrero pescadores y dirigentes sociales cortaron el tránsito del simbólico puente Presidente Ibáñez, que comunica el interior de la región y la capital regional Coyhaique con el resto de Chile. Ese puente colgante, construido en la década del sesenta y declarado monumento histórico nacional, fue escenario en las últimas dos noches de una feroz represión por parte de Carabineros contra cientos de personas apostadas en la ribera sur, impidiendo con barricadas el avance de la policía. Al menos siete detenidos, entre ellos dos mujeres y un hombre que resultó con fractura de nariz, fue el saldo de la jornada de ayer, con varios jóvenes heridos por balas de goma y golpes por parte de las Fuerzas Especiales (FF.EE.).

Al cierre de esta edición, Carabineros había tomado el control del puente, tras arrojar al menos cien bombas de gas lacrimógeno. El sábado un hombre perdió un ojo por disparos a quemarropa de Carabineros. Muchos de los heridos en los enfrentamientos temen atenderse por miedo a que la policía los embosque en los hospitales y los detenga. El gobierno de Piñera envió a principios de esta semana al ministro de Salud, Jaime Mañalich, en un infructuoso intento por atemperar las protestas. Ante el complejo panorama, el gobierno jugó una carta para deslegitimar la protesta, afirmando que las movilizaciones sociales estaban digitadas por sectores políticos. Mañalich apuntó específicamente a Patagonia Sin Represas (PSR), un movimiento que rechaza la instalación de centrales hidroeléctricas del proyecto HidroAysén. “El rol de PSR es absolutamente cierto y seguro para mí, al punto que uno de los dirigentes principales de este movimiento en Aysén es el señor Patricio Segura, empleado de PSR”, lanzó el ministro ayer durante una actividad junto a Piñera en la Región de Bío-Bío. En diálogo con Página/12, el vocero de Movimiento Social por Aysén se defendió de la acusación de Mañalich. “Hemos visto que se dilató la respuesta del gobierno, por lo que ahora están tratando de politizar el movimiento”, aseguró Patricio Segura. “Lo que ocurre es que el gobierno de Chile está controlado por gente que vive en Santiago y no entiende nada. Esta es una causa social compuesta por vecinos, dirigentes de salud, estudiantes y campesinos. Toda la región de Aysén está movilizada y no es un grupo en particular”, aclara el vocero.

Mañalich lo acusa de boicotear la mesa de negociación que buscaba acuerdos entre las autoridades gubernamentales y los líderes de la protesta. Ayer el gobierno de Piñera decidió delegar en la intendenta de Aysén, Pilar Cuevas, las negociaciones con el movimiento, al tiempo que descartó nuevos viajes de ministros a la zona. Diputados provinciales reclamaron la presencia de ministros del gobierno en la región, que estén imbuidos en las demandas planteadas en el pliego de doce puntos.

“Son demandas históricas y transversales que el gobierno no está escuchando”, advierte Segura. “Ellos tienen una visión de la movilización por intereses particulares y monetarios, y no entienden que existan movimientos solidarios como éste.”

Entre los puntos más importantes de las demandas se encuentran la solución al alto costo de combustibles, salud de calidad, sueldo mínimo regionalizado y estabilidad para funcionarios públicos, rutas de acceso para el pequeño y mediano campesino y un procedimiento vinculante para decidir sobre la construcción de represas en la zona.

Informe: Juan Nicenboim.