El gobierno conservador de España anunció que los ayuntamientos tendrán que diseñar un plan de ajuste antes de abril y suministrar un listado de facturas pendientes de pago con los proveedores. “Antes del 31 de marzo los ayuntamientos tendrán que remitir un plan de ajuste que permita hacer frente en el futuro al pago de esas deudas, al reintegro de esas cantidades y que garanticen su viabilidad financiera y económica”, dijo la vicepresidente del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

La exigencia de solicitar a los ayuntamientos el envío de las facturas sin pagar –tienen como fecha tope el 31 de diciembre de 2011– supone un paso legal previo hacia un mecanismo de financiación para las corporaciones locales que se aprobará en las próximas semanas y que estará vigente durante 2012. Los proveedores y contratistas con derecho a cobro podrán hacerlo efectivo presentándolo a las principales entidades de crédito del país y los ayuntamientos podrán financiar las obligaciones de pago abonadas con endeudamiento con un plazo que asegure la viabilidad de la operación, según las referencias posteriores al Consejo de Ministros.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta indicó que se trata de poner orden y de conocer la cuantía de la deuda por facturas pendientes y que las administraciones públicas se sometan a un plan de viabilidad para cumplir con estas obligaciones, como paso previo para aprobar el mecanismo financiero que garantice a pymes y autónomos el cobro de dichas deudas.

Una vez que se den estos pasos, la vicepresidenta dijo que se establecerá el mecanismo financiero que se pondrá en marcha para hacer frente a estos pagos, mecanismo que no especificó, como tampoco la cifra que baraja el gobierno sobre a cuánto asciende la deuda comercial de las administraciones públicas.

Diversos medios y analistas estiman que la deuda de los ayuntamientos oscila entre los 30.000 y los 50.000 millones de euros. Ese dinero se desglosa en la deuda a proveedores entre ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Junto con los ayuntamientos, las CC.AA. son las administraciones públicas con más dificultades para pagar a sus proveedores y por el momento el gobierno ha aprobado una línea de créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un importe de 15.000 millones de euros para facilitar los pagos de los gobiernos regionales.

La antigüedad de la factura y el descuento sobre el importe principal del pago pendiente serán criterios de prioridad de pago, según el gobierno.