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Brasil vive una curiosa circunstancia. La Comisión de la Verdad, establecida por ley y aprobada por el Congreso, siquiera ha sido integrada, y el país asiste, un tanto perplejo, a la resistencia insubordinada de los militares en retiro, acompañada por la omisión silenciosa de los que siguen activos. Y, en paralelo a eso, parten de la Justicia iniciativas que tratan de abrir brechas en la Ley de Amnistía decretada gracias a un muy discutible acuerdo entre civiles y militares en plena dictadura.

Es una especie de muestra cristalina de lo que podrá pasar cuando la Comisión de la Verdad empiece a trabajar: habrá resistencia feroz de los militares en retiro y la omisión igualmente dura de los activos, pero integrantes del poder judicial, incluso de la esdrújula Justicia Militar, seguirán buscando brechas para restablecer la verdad y eliminar la impunidad.

Uno de esos días el comandante del Ejército, general Enzo Perri, promovió una reunión cerrada con unos pocos generales en actividad y una veintena de los retirados. Para empezar, el general Perri aseguró, en su condición de jefe máximo del Ejército, que no habrá punición alguna a los militares retirados que firmaron un documento insolente desacatando a la presidenta de la República, Dilma Rousseff, y desautorizando al ministro de Defensa, embajador Celso Amorim.

Aquí, cabe una primera observación: Dilma pidió a Amorim que hubiese punición a los insubordinados. Amorim propuso que el encargo fuese pasado al comandante-jefe del Ejército. Y el general a quien se encargó la tarea trató, célebre, de comunicar a sus pares que no cumplirá la misión.

En la misma reunión, fueron tratados otros temas candentes. Hubo las esperadas quejas y reclamaciones contra “actos revanchistas” de parte del gobierno. Mientras, el número de firmantes del manifiesto de insubordinación sigue engordando. A la una de la mañana de este jueves eran 1238 militares retirados, de los cuales 112 eran oficiales-generales. El número de coroneles alcanzó la marca de 693. La novedad es que por primera vez aparecen seis oficiales-generales de la Armada entre los firmantes. A esta altura, es imposible, en la práctica, punir a todos, entre otras razones porque cada día hay más y más firmas.

Hay un dato de la reunión que merece una segunda observación. Entre los presentes estaba el general en actividad Raymundo Cerqueira. A cierta altura, él expuso su temor –común a todos, a propósito– de que la Comisión de la Verdad, a pesar de no tener poder legal para llevar a nadie a los tribunales, pueda “denigrar figuras militares y obtener de esa forma respaldo junto a la opinión pública, en volumen suficiente para impulsar cambios en la Ley de Amnistía”. Sería una opinión más, pero hay un detalle: el general Cerqueira integra el Superior Tribunal Militar.

A estas alturas, se vive una situación curiosa. De un lado, está absolutamente claro que la insubordinación de los militares retirados, respaldada por la silenciosa omisión de los activos, crecerá según se avance en la instalación de la Comisión de la Verdad. De otro, avanza el trabajo de Oscar Bravo, el fiscal de la Justicia Militar que abrió un proceso para juzgar a militares responsables por la desaparición de cuatro opositores a la dictadura. Y de ese mismo lado está el procurador de la República, Tiago Rabelo, que denunció formalmente a uno de los símbolos de la represión, el coronel retirado Sebastiao Rodrigues de Moura, conocido por el alias Curió, nombre de un pájaro popular en las selvas brasileñas. Curió dejó fama de represor sanguinario y un rastro de 67 desaparecidos entre los integrantes de una guerrilla frustrada en la región del río Araguaia, en el estado de Pará, en la Amazonia.

Tanto el fiscal Otavio Bravo como el procurador Tiago Rabelo utilizan el mismo argumento: los secuestros de los civiles en Río de Janeiro y de los militantes de la guerrilla en el Araguaia son “crímenes continuados”, ya que los cadáveres jamás aparecieron. O sea, los secuestrados siguen secuestrados, el crimen persiste y los responsables no pueden beneficiarse de la Ley de Amnistía.

Será un debate que seguramente llegará al Supremo Tribunal Federal. Ya se anticipan algunos movimientos: dos de los integrantes de esa Corte suprema, Gilmar Mendes y Marco Aurelio Mello, comentaron que votarán por mantener la impunidad de los acusados. Los dos son parlanchines habituales. Padecen de un mal curioso: incontinencia verbal. Abren la boca cada vez que alguien les apunta una grabadora o una cámara de televisión.

Ambos advirtieron que el “crimen continuado” no existe. La respuesta del fiscal de la República Tiago Rabelo los desconcertó, al espetarles en la cara que precisamente con ese argumento la misma Corte que Mello y Mendes integran devolvió dos represores argentinos a su país de origen, para responder por el crimen de lesa humanidad de secuestro. Un crimen continuado e imprescriptible.

Marco Aurelio Mello, al oír el argumento, quiso callar. Pero como había una grabadora prendida, no pudo evitar su incontinencia verbal: “Bueno, si hay ese antecedente será necesario aceptar el argumento. Pero desde ya aviso que votaré en contra”. Mendes se negó a comentar.

Es decir, no es solamente en las casernas y en los clubes donde se reúnen los militares en retiro que la verdad y la justicia son repudiadas en Brasil.