Después de seis años de audiencias y de 950 millones de dólares en costos, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió su primera condena ayer, encontrando al ex líder rebelde Thomas Lubanga culpable de crímenes de guerra en la República Democrática del Congo. Los partidarios de la Corte festejaron el fallo como un hito para la Justicia internacional, mientras que sus críticos señalaban el lento paso de la fiscalía y los crecientes costos como evidencia de su fracaso.

La primera persona arrestada por la CPI en 2006 ahora esperará la sentencia después de que los jueces encontraran la abrumadora evidencia de que había reclutado a niños soldados y los había enviado a la batalla en el nordeste del Congo. El conflicto dejó tanto como 50 mil personas muertas solamente en la región de Ituri y obligó a muchos más a huir de sus hogares. Las fuerzas del caudillo fueron acusadas de llevar a cabo masacres étnicas, tortura, violaciones masivas y de forzar a chicas jóvenes a la esclavitud sexual. Pero fue condenado por los cargos más limitados de “reclutar niños menores de 15 años y usarlos para participar activamente en las hostilidades”.

Lubanga, que tiene un título en psicología y en un momento tenía tres mil niños soldados bajo su comando, algunos hasta de 8 años, condujo a la Unión de Patriotas Congoleños a una guerra étnica que devastó el área de minas de oro cerca de la frontera con Uganda. Los trabajadores de derechos humanos acusaron a varias empresas internacionales de minería de coludir con los grupos armados en el área. Los otros dos líderes de la milicia involucrados en el conflicto de Ituri también están enjuiciados.

El alguna vez temido caudillo, que les hacía pagar impuestos a las familias por su hacienda y niños, ha pasado un juicio maratónico que a menudo parecía que estaba por colapsar debido a su complejidad. En 2008, los jueces ordenaron que fuera liberado por un tecnicismo, pero fueron persuadidos de mantenerlo en custodia mientras los fiscales apelaban. “El veredicto de hoy será una enseñanza para aquellos que cometen horribles crímenes usando y abusando de niños dentro y fuera del campo de batalla”, dijo Michael Bochenek, de Amnistía Internacional. El organismo de derechos humanos está entre varios grupos que han atacado el limitado campo de acusaciones en el caso Lubanga, quejándose de que las acusaciones de violencia sexual contra niños secuestradas, incluyendo niñas soldados, no se prosiguieron.

La CPI es la primera Corte permanente en el mundo establecida por un tratado internacional ratificado en 120 países para tratar con los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Surgió de una serie de tribunales ad hoc establecidos para tratar con el período subsiguiente a los conflictos en la ex Yugoslavia, Timor Oriental, los genocidios en Ruanda y Camboya y las guerras civiles de Africa Occidental.

La naturaleza complicada de construir casos en la ausencia de un precedente internacional legal y la necesidad de ganar apoyo de Estados para su intervención, así como el irregular apoyo al Tratado de Roma por los grandes poderes tales como Estados Unidos, han socavado los esfuerzos de la Corte para ganar aceptación. La CPI y su fiscal jefe saliente, Luis Moreno Ocampo –que deja el cargo en junio–, han sido criticados en algunos sitios por enfocarse exclusivamente en Africa. En un esfuerzo por debilitar esas acusaciones, la CPI ha nombrado a Fatou Bensouda, de Gambia, para reemplazar al fiscal argentino.