Las protestas contra la reforma laboral de anteayer, como ésta en Girona, no impidieron el ajuste anunciado ayer.

El gobierno de España presentó ayer el Presupuesto 2012, que contiene el mayor ajuste de la democracia, tras la huelga general que sacó a la calle a 800.000 personas en toda España en rechazo de su reforma laboral. La cifra total del ajuste ronda los 37.900 millones de euros. El proyecto de ley, que será debatido a partir del martes en el Congreso, incluye una reducción del gasto público, la eliminación de las deducciones en el impuesto a sociedades y una suba temporal del IVA en algunos bienes y servicios. El presidente del gobierno adelantó que los ministerios gastarán un 15 por ciento menos que el año pasado. Además, los sueldos de los empleados públicos quedarán congelados.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, aseguró que los presupuestos que aprueba el gobierno serán austeros y que convencerán al eurogrupo. “España va a dejar de ser un problema, especialmente para los españoles, pero también para la propia Unión”, remarcó De Guindos a la entrada del Eurogrupo que se reúne en Copenhague para examinar

el presupuesto español. El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, afirmó por su parte que España está en una situación muy difícil, por lo que instó al gobierno de Rajoy a proseguir con los ajustes presupuestarios y las reformas estructurales. La Unión Europea (UE) exigió a España una reducción para este año del déficit del actual 8,5 por ciento al 5,3 por ciento del PBI, lo que se traduce en un recorte de 35.000 millones de euros. Sin embargo, el Ejecutivo español prevé una contracción del 1,7 por ciento del PBI y un aumento del desempleo hasta el 24,3 por ciento de la población activa en 2012.

Desde que asumió el poder en diciembre de 2011, Rajoy aprobó un tijeretazo de 15.000 millones de euros, en torno de un 1,5 por ciento del PBI, a través de un recorte directo del presupuesto público de casi 9000 millones de euros y un aumento de impuestos con el que espera recaudar 6000 millones de euros.

La factura de la luz de cerca de 20 millones de hogares y pequeñas y medianas empresas subirá un 7 por ciento a partir de mañana. El aumento de la tarifa eléctrica de último recurso (TUR), anunciado ayer, prevé un recorte de los costos eléctricos por valor de 1700 millones de euros, principalmente en distribución, transporte y pagos por capacidad.

El aumento de la luz permitirá incrementar los ingresos del sistema en 1400 millones de euros. El objetivo de esta reforma es repartir equitativamente entre consumidores y empresas el peso de las últimas resoluciones del Tribunal Supremo en relación con el déficit de tarifa, que ronda los 24.000 millones de euros.

Para las grandes empresas, la luz se encarecerá entre el 0,91 y el 4,1 por ciento y la bonificación que reciben por permitir que se les interrumpa el servicio en caso de necesidad caerá en unos 60 millones, dijo el titular de Industria.

El Gobierno también aprobó reformas en el sector del gas. La TUR del gas subirá una media del 5 por ciento y se suspenderán también la puesta en marcha de nuevas regasificadoras en la península, la autorización administrativa de gasoductos planificados y la modificación en la retribución de los almacenamientos subterráneos. Según Industria, con la caída de la demanda y el intenso ritmo inversor que se mantuvo en los últimos años, el incremento de la tarifa del gas resultó insuficiente para satisfacer los costos, lo que generó un déficit de 300 millones a cierre de 2011, cifra que superaría los 500 millones este año si no hubiera reformas.

La reforma laboral y los ajustes fueron rechazados ayer masivamente en las calles de toda España como colofón de la primera huelga general convocada por las dos grandes centrales obreras del país, Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT), contra el gobierno de Rajoy. El día después de esa medida de fuerza, los líderes de CC.OO. y la UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, reiteraron a Rajoy que el gobierno debe corregir la reforma laboral en profundidad. Los dirigentes sindicales dieron al gobierno plazo para negociar hasta el 1º de mayo, fecha en la que podrían anunciar una nueva huelga general. El Ejecutivo español, por su parte, dejó en claro que los pilares de la reforma no se tocarán. Sin embargo, los episodios violentos que tuvieron lugar en Barcelona durante la jornada de huelga pusieron de manifiesto que el deterioro del clima social es cada vez mayor. También aprobó una reforma laboral calcada de las recetas fondomonetaristas, que abarata y facilita el despido y abre la puerta a bajas masivas de salarios de forma unilateral, con el argumento de que la flexibilidad incentivará la contratación.

Pero ninguna de estas medidas consiguió aún frenar la escalada del desempleo, aunque el gobierno espera que la reforma laboral tenga efecto en el mediano plazo.

En medio de esta situación, ayer se conoció, según el último informe sobre el efecto de la crisis elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, que los desalojos en España aumentaron 21,8 por ciento durante el 2011, con un total de 58.241 procedimientos. Esa cifra involucra los desalojos de inquilinos y también a propietarios de viviendas que no pueden cumplir con el pago de sus obligaciones hipotecarias.