Un ex jefe de Inteligencia de Polonia fue procesado por la fiscalía de ese país por haber ayudado a establecer prisiones ilegales de la CIA en territorio polaco. Tras difundirse el procesamiento, el primer ministro, Donald Tusk, se vio obligado a dar explicaciones, pero no se atrevió a confirmar o denegar su existencia.

La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) había presentado un informe en 2011 sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno de George W. Bush (2001-2009) en su guerra contra el terrorismo. En diálogo con este diario, el asesor de HRW, Reed Brody, había informado acerca de la existencia de prisiones ilegales donde se derivaban presos sospechados de terrorismo y radicalismo islámico. “Todavía no sabemos quién autorizó en Polonia que traigan prisioneros”, había dicho Brody a Página/12. Ayer, la fiscalía de ese país terminó de armar ese rompecabezas. Los cargos contra el ex jefe de Inteligencia, Zbigniew Siemiatkowski, convierten a Polonia en el primer país en incriminar a un funcionario por la existencia de centros de detención ilegales de la CIA, durante la guerra contra el terrorismo llevada a cabo por Washington. Siemiatkowski estuvo a cargo de la Agencia de Inteligencia de Polonia entre 2002 y 2004, cuando se alió a Estados Unidos en su guerra contra el terrorismo liderada por el entonces presidente George W. Bush.

Los investigadores intentan dilucidar si los líderes polacos le permitieron a la CIA, de manera ilegal, establecer ese tipo de prisiones y si se cometieron torturas. Ex funcionarios de la CIA dijeron que la prisión funcionó desde diciembre de 2002 hasta el otoño de 2003, y que los presos fueron objeto de duros tormentos durante los interrogatorios. El Consejo de Europa y las Naciones Unidas también aseguró poseer evidencia de que el lugar existió. En septiembre de 2011, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, exigió a Polonia, Rumania y Lituania que dieran explicaciones sobre la existencia de sitios clandestinos de la CIA en su territorio. Sin embargo, funcionarios polacos de aquel entonces negaron que exista semejante lugar. Desde 2008 la fiscalía polaca investiga las supuestas prisiones de la CIA que, según distintas organizaciones de derechos humanos, se concentraron en el aeródromo militar de Szymany (al norte de Polonia), aunque hasta el momento las pesquisas no obtuvieron resultados relevantes.

“Yo no presenté esos cargos y, si yo estuviera en el puesto del fiscal, no presentaría tales cargos, aunque puede que yo no tenga la información suficiente”, dijo, lavándose las manos, el primer ministro Tusk en una conferencia de prensa, consultado sobre las cárceles para presuntos extremistas islámicos. Sin demostrar interés en conocer la verdad, el primer ministro se esforzó por sacarse cualquier responsabilidad de encima. “Polonia es una víctima política de la falta de discreción de ciertos miembros de la administración de Estados Unidos”, dijo. “El hecho de que Polonia investigue esas alegaciones demuestra que Varsovia apuesta por la transparencia”, aseguró el liberal de derecha, ganador con holgura en las recientes elecciones parlamentarias.

Militantes de derechos humanos celebraron el informe de los cargos sobre el ex jefe de Inteligencia polaco e instaron a las autoridades de Lituania y Rumania a que sigan el ejemplo. Lituania fue el primer país de Europa en admitir que había trabajado con la CIA para establecer en su territorio dos centros de detención secretos entre 2002 y 2006.

“Polonia se merece reconocimiento por este paso, por ser el primer Estado europeo en comenzar a investigar la tortura de la CIA en su propio territorio”, aseguró Reprieve, un grupo de derechos humanos asentado en Londres. “Cada Estado que haya firmado la convención contra la tortura de las Naciones Unidas tiene la obligación no sólo de prevenir la tortura, también de investigar a funcionarios que las hayan autorizado o facilitado”, dijo Jameel Jaffer, del Sindicato de Libertades Civiles Americano.

Polonia fue uno de los aliados europeos más cercanos que tuvo Estados Unidos y participó en misiones en Afganistán e Irak. La Constitución de Polonia prohíbe la tortura y el encarcelamiento sin una orden de arresto. Los políticos que autoricen tal operatoria podrían ser juzgados en cortes comunes, así como en el Tribunal del Estado, una Corte especial para juzgar a funcionarios públicos. Dos prisioneros de Guantánamo, Abd al Rahim al Nashiri y Abu Zubaydah (supuesto colaboracionista de Al Qaida) aseguraron haber estado retenidos por agentes de Estados Unidos en Polonia. Los grupos de derechos humanos dicen que los sospechosos eran detenidos allí sin ningún tipo de orden de arresto y eran habitualmente torturados.