“Una política de drogas para el siglo XXI.” Así se anunció en el blog de la Casa Blanca el avance presupuestario de las acciones de prevención, tratamiento y educación del Plan Nacional de Drogas 2012. El propio Barack Obama reconoció la deuda pendiente el lunes pasado, cuando se oficializó la iniciativa: “Demasiados norteamericanos necesitan tratamiento por problemas relacionados con el uso de sustancias, pero no lo reciben”. En la iniciativa prevé 10.100 millones de dólares en prevención y 9400 millones para partidas policiales, aunque esta última cifra fue objetada por la experta norteamericana Coletta Young. “Hay partidas para las fuerzas que no están incluidas en ese presupuesto, la tendencia es buena, pero debe profundizarse más rápido”, aseguró Young a este diario. Obama destacó que anualmente 120 mil detenidos por delitos menores de drogas reciben tratamiento “en lugar de a ir prisión”.

Según el texto del Plan, en los últimos tres años “incluyó a todos los sectores de la sociedad norteamericana en el exhaustivo esfuerzo nacional por reducir el uso de drogas ilícitas y sus consecuencias”. En 2009, la ley de reforma sanitaria obligó a las aseguradoras a cubrir los tratamientos para usuarios problemáticos, lo que implicó reconocer el consumo como un tema de salud pública. El año pasado, según se afirma en el texto del plan, se hizo foco en la prevención y temprano tratamiento “a estudiantes secundarios y universitarios, mujeres y familias, militares, veteranos y sus familias”.

Las estadísticas que más preocupan al gobierno son las que muestran el incremento del uso de marihuana entre los jóvenes desde 2006 hasta el 2011 y la baja en la percepción del riesgo en consumirla que hay en esta parte de la población. También el abuso de psicofármacos legales. “Detener el uso antes de que empiece puede incrementar las chances del individuo a tener una vida más larga, saludable y productiva. Por decirlo más simple, la prevención salva vidas y ahorra los costos a largo plazo”, se afirma en el primer capítulo de la iniciativa.

Para el gobierno federal legalizar la marihuana “no proveerá la respuesta a cuestiones sanitarias, sociales, de educación juvenil, justicia criminal y la calidad de vida de la comunidad, asociadas con el uso de drogas”. Pero quince estados norteamericanos ya legalizaron el cannabis para fines médicos y en noviembre próximo, en coincidencia con las elecciones presidenciales, habrá referendos en Washington y Colorado para regular el consumo bajo las mismas condiciones que el alcohol, como ya planteó el estado de California en 2010 (el “no” se impuso por 57 a 43 por ciento).

Desde el lanzamiento de la “Guerra contra las drogas”, en 1971, bajo la administración de Richard Nixon, la represión del uso y la venta minorista en Estados Unidos superpobló las cárceles. La tendencia ahora parece otra. “El informe representa un avance por reconocer el problema generado por la criminalización de usuarios y las sentencias por delitos de drogas. Hoy pocos van presos por consumir, pero sí por venta al menudeo”, evaluó Young, especialista asociaciada al IDPC, una asociación internacional dedicada a promover “un debate objetivo y abierto sobre las políticas de drogas”.

Young advirtió que el fondo para tratamientos de salud precisa que haya una “reorientación en los recursos”, justo en momentos donde demócratas y republicanos pelean en el Congreso sobre la mejor manera de recortar gastos en vistas a bajar el déficit fiscal en el presupuesto 2013. “Sigue habiendo muchos recursos federales para combatir la oferta y las cifras de gobierno no son tan confiables. La relación, real, venía siendo un tercio del dinero en tratamiento, dos tercios en persecución de la oferta. Debería ser el al revés. Ahora se equiparó ligeramente”, aseguróYoung.

Kathleen Sebelius, secretaria de Salud; Eric Holder, fiscal general, y Gil Kerlikowske, zar antidrogas de la Casa Blanca, firmaron un comunicado explicando que el Plan enfatiza que la idea de abordar “el problema de las drogas a través de un enfoque de salud pública se basa en décadas de investigación y estudio científico”. La premisa, agregaron, es que “la drogadicción es una enfermedad crónica del cerebro que puede prevenirse y tratarse”. La despenalización de la tenencia de drogas para el consumo personal no está en debate, sí el cambio de identificación sobre el usuario, sea problemático o no: ya no es un delincuente o en todo caso está enfermo.

“Es verdad que hay algunos cambios en la estrategia presentada, pero de ninguna manera van en otra dirección. El lenguaje que aplica la administración Obama es nuevo pero, aparentemente, resulta ser más un simple discurso que cambios efectivos en la estrategia”, asegura Pien Metaal, referente del Instituto Transnacional (TNI), una organización holandesa dedicada a la política de drogas. La investigadora destacó en la radio Nederland la importancia de que se defina como un asunto de salud el uso de drogas, pero desconfía en la incremente el acceso a tratamientos.

La tendencia descriminalizante puede verse en el rol de orientador que este Plan Nacional de Drogas le imprime al programa de Examinación, Intervención Breve, Derivación y Tratamiento (Sbirt, por sus siglas en inglés). Los fundamentos terapéuticos de este programa incluyen atender consultas de usuarios, problemáticos o no, con “el objetivo es influir en sus patrones de comportamiento de riesgo y reducir su exposición a las consecuencias negativas del uso indebido”, según explica la Sbirt de Pennsylvania.

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